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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Ampliar la SCJN no es la respuesta contra la corrupción
Ampliar el número de ministros de la SCJN no disminuirá de forma sustancial la corrupción y la impunidad, por el contrario, puede poner en riesgo la independencia judicial y la impartición de justicia.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
11 de abril, 2019
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Por: Janet Oropeza y Sarahí Salvatierra

En su iniciativa de reforma constitucional, el senador Ricardo Monreal de MORENA propone un camino equivocado para combatir la corrupción. La iniciativa promueve la creación de una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especializada en materia anticorrupción, lo cual implicaría una reforma constitucional de gran envergadura al máximo tribunal, para ampliar la cantidad de ministros que ahora forman parte de la Corte, de 11 a 16.

Sin embargo, ampliar el número de ministros de la SCJN no disminuirá de forma sustancial la corrupción y la impunidad, por el contrario, puede poner en riesgo la independencia judicial y la impartición de justicia. El combate a la corrupción no depende sólo del Poder Judicial, ni mucho menos de criterios que pudiera emitir la SCJN. Un combate efectivo requiere, entre otras cosas, fortalecer los procesos judiciales y jurisdiccionales en la materia, sobre todo en las etapas críticas que son la fase de investigación y de sanción de la corrupción; así como la cooperación y coordinación entre los distintos ámbitos de gobierno que la persiguen, sancionan y previenen.

De hecho, uno de los principales obstáculos para el combate a la corrupción en México se da en la etapa de la investigación. En el plano penal, la mayoría de las denuncias no son investigadas y quedan impunes. Por ejemplo, de las 486 denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo ante la Procuraduría General de la República (PGR) hasta julio de 2018, sólo 2% se había presentado ante un juez, sin que hubiera ninguna persona procesada o detenida. Pero incluso, la mayoría de las denuncias que sí se investigan están mal integradas. De acuerdo a una auditoría de desempeño realizada por la ASF a la PGR, el porcentaje de averiguaciones previas devueltas por los jueces y juezas a la PGR aumentó de 15.9% en 2015 a 62% en 2017. Esto quiere decir que 6 de cada 10 averiguaciones que la PGR envío a los operadores de justicia tuvo problemas en su integración. La ASF concluyó en su auditoría que la PGR operaba de forma inercial, sin tener parámetros que permitan medir su contribución a la procuración de justicia eficaz y eficiente.

En el plano administrativo, también existen desafíos importantes para la detección e investigación de la corrupción. Los escándalos del sexenio pasado como Odebrecht, la Casa Blanca, la Estafa Maestra o el Paso Express nunca fueron detectados ni investigados por los órganos internos de control (OICs), instancias que dentro de cada institución pública tienen ese mandato. Las irregularidades relacionadas con estos escándalos fueron destapadas por el periodismo, por tragedias humanas o por procesos judiciales en otros países. Por esta razón, cualquier esfuerzo sustancial por combatir la corrupción debería centrarse primordialmente en fortalecer las capacidades y la profesionalización del personal de la PGR -hoy Fiscalía General- y de los OICs; instancias que investigan las faltas administrativas graves y los delitos de corrupción.

En términos de sanción de la corrupción, en el plano administrativo, las reformas legales de 2016 que dieron vida al SNA determinaron que serían los Magistrados Especializados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa quienes sancionarían las faltas administrativas graves. Sin embargo, desde 2016, el Senado ha sido omiso en nombrarlos. Por ello, un paso fundamental para el combate de la corrupción también sería designarlos.

Sobre las sanciones penales, prevalecen algunos desafíos en el poder judicial. Por un lado, como ha sido documentado, existe nepotismo en el poder judicial, pues no hay procesos transparentes ni meritocráticos para acceder a muchos de los puestos, lo que ocasiona que existan redes familiares en el mismo, que pueden ser proclives a corromperse. Por otro lado, existen casos documentados de corrupción de jueces y juezas. Ambos desafíos son graves y deben ser atendidos por el Consejo de la Judicatura Federal, quien es la instancia encargada del control de la corrupción dentro del Poder Judicial.

En resumen, la iniciativa para crear una Sala Especializada en la SCJN no resuelve ni atiende ninguno de los desafíos expuestos anteriormente. La función del máximo tribunal es interpretar la constitucionalidad de las leyes y no investigar directamente la corrupción. Al contrario, la iniciativa puede minar la independencia judicial, que es uno de los pilares del sistema de pesos y contrapesos de la democracia mexicana. Y es que, especialmente, el combate a la corrupción requiere de un sistema de justicia imparcial, sin injerencia de ningún tipo, con pleno respeto a los derechos humanos, a las garantías judiciales y al debido proceso.

@FundarMexico

 

 

A. Ángel, “PGR acumula 486 casos por desvío de recursos, sin detenidos o procesados; ASF no presenta denuncias desde marzo”, Animal Político, 9 de julio de 2018. Disponible aquí. Es importante señalar que la información de este artículo se obtuvo vía acceso a información pública

“Procuraduría General de la República: Investigar y Perseguir los Delitos del Orden Federal”, Auditoría de Desempeño: 2017-0-17100-07-0116-2018 116-GB, Auditoría Superior de la Federación.

Julio Ríos ha documentado este problema de nepotismo en su estudio El déficit meritocrático: nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Para más información, consultar aquí.

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