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Res Pública
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Ayotzinapa, cinco años caminando la dignidad
Defender Ayotzinapa hoy en día, es defender la vida y luchar por los más de 40 mil desaparecidos en el país.
Por Ximena Antillón
26 de septiembre, 2019
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Han transcurrido cinco años desde los ataques perpetrados en Iguala en contra de jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014. En estos hechos, 6 personas fueron privadas de la vida -tres de ellas estudiantes, un joven del equipo de fútbol Los Avispones, el chofer del autobús que los transportaba y una mujer a bordo de un taxi-, 43 estudiantes fueron desaparecidos y decenas de personas fueron heridas -dos estudiantes heridos de gravedad-.

La desaparición forzada de los jóvenes normalistas generó una respuesta sin precedentes a nivel nacional e internacional, que convirtió el caso Ayotzinapa en la punta del iceberg de la crisis de desaparición forzada que enfrenta el país desde la mal llamada Guerra Sucia, pero que se intensificó a partir de la administración de Felipe Calderón.

Se trata de un caso complejo, que la administración de Enrique Peña Nieto intentó reducir a un solo evento a través de la narrativa oficial, también conocida como la “verdad histórica”. Según esta versión, los estudiantes habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala y Cocula al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían ejecutado e incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula.

Fue gracias a la movilización constante de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos, el trabajo de sus representantes y el acompañamiento internacional, que se logró develar la complejidad del caso, que implica una serie de ataques en distintos escenarios de Iguala y sus inmediaciones, la participación de distintas fuerzas de seguridad en connivencia con la delincuencia organizada y la falta de sustento de la verdad histórica. Además, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mostró los mecanismos de impunidad a través de los cuales la administración de Enrique Peña Nieto buscó cerrar el caso y minar el apoyo social a los familiares que buscan a sus hijos, verdad y justicia.

En virtud de estos mecanismos de impunidad, el caso Ayotzinapa se ha desdoblado en, al menos, dos grandes casos1: por un lado, los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014; y, por otro lado, las violaciones a los derechos humanos cometidas en la etapa de investigación. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México documentó “el modus operandi” de las autoridades encargadas de la investigación entre septiembre de 2014 y enero de 2016: detención arbitraria, demoras en la presentación de las personas detenidas ante agentes del Ministerio Público, actos de tortura con la intención de extraer información o una confesión; y transferencia de la persona detenida a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO), seguida de actos continuados de tortura con el objetivo de obtener una declaración posterior ante un agente del Ministerio Público.

Para imponer la verdad histórica, los familiares de las víctimas fueron tratados como enemigos por el Estado. Al mismo tiempo que el montaje del basurero se difundía mediáticamente, los padres y madres de los normalistas eran presentados como necios e irracionales, manipulados por terceros, o directamente interesados en obtener beneficios, por no obedecer el mandato de aceptar la muerte de sus hijos. Los impactos psicosociales de la desaparición forzada y la posterior revictimización a partir de la verdad histórica ha sido documentada en el documento “Yo sólo quería que amaneciera. Informe de Impacto Psicosocial del caso Ayotzinapa”.

“Muertos en vida” por la incertidumbre y la desesperación, las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos han sostenido durante cinco años su demanda de encontrar a sus hijos, de saber qué pasó y que se haga justicia. A pesar el enorme costo para sus vidas, su salud y sus familias, sostienen con dignidad que la vida no es desechable, que un hijo siempre es un hijo único, y enarbolan la esperanza de llegar a la verdad frente a la resignación que el sistema podrido les quiso sembrar en el corazón.

La actual administración ha enviado un mensaje claro de reconocimiento de la dignidad de las víctimas, que alivia la revictimización y el maltrato que los familiares han vivido. Sin embargo, su palabra debe sostenerse en el avance en las investigaciones y el esclarecimiento de la verdad. Defender Ayotzinapa hoy en día, es defender la vida y luchar por los más de 40 mil desaparecidos en el país.

* Ximena Antillón es investigadora del programa de Derechos Humanos en Fundar, autora y coordinadora del informe “Yo sólo quería que amaneciera” sobre el caso Ayotzinapa.

 

1 Sin contar el espionaje a los representantes de las víctimas, miembros del GIEI y otros actores de la sociedad civil a través del software Pegasus, conocido como el caso #GobiernoEspía.

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