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Res Pública
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Ayotzinapa desafía el modelo de desarrollo
El gobierno de Enrique Peña Nieto no ignora que parte de la cloaca que se ha destapado con Ayotzinapa tiene que ver con la falta de acceso a servicios básicos de educación, salud, agua, alimentación y trabajo que padecen las grandes mayorías. Pero penosamente, su descripción del problema parece un cuento trasnochado que le pasaron sus asesores o un pésimo ejercicio por disimular la grave realidad que enfrenta.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
11 de diciembre, 2014
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Por: Edmundo del Pozo Martínez

El caso de los 43, hoy 42, normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, es un crudo retrato de la profunda crisis en derechos humanos que vive México. La marea de opiniones y análisis que ha desatado este trágico suceso en el corto plazo lo convierten en una especie de vitrina país –si el término se me permite- en la que podemos encontrar desde los dolores incurables de los padres de los estudiantes, pasando por la podredumbre de la vida institucional y la clase política que la habita, hasta los gritos de una nueva revolución social que se patenta en las calles con diversidad de consignas y expresiones de protesta.

Varias de las miradas se han centrado en la debacle del Estado de derecho y el sistema de justicia con justa razón. Sin embargo, pocos cuestionamientos hemos visto en los medios en torno al modelo económico y político que es caldo de cultivo de las injusticias sociales frente a la cual han luchado históricamente las Normales Rurales. Las demandas de los jóvenes de Ayotzinapa eran por mejorar las condiciones y presupuestos para sus escuelas, sus proyectos productivos y el respeto de las formas de desarrollo de sus comunidades. Se oponían activamente contra el sistema imperante porque comprendían que las exigencias de protección a sus derechos sociales básicos, por más que estuvieran consagrados en la Constitución, difícilmente serían realizadas bajo un esquema de desarrollo que permite la concentración y la apropiación de riquezas de unos pocos en detrimento de los pueblos campesinos e indígenas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto en cierto modo no ignora que parte de la cloaca que se ha destapado tiene que ver con la falta de acceso a servicios básicos de educación, salud, agua, alimentación y trabajo que padecen las grandes mayorías. Pero penosamente, su descripción del problema parece un cuento trasnochado que le pasaron sus asesores o un pésimo ejercicio por disimular la grave realidad que enfrenta. Para empezar, se inventa que las desigualdades son un problema de ubicación geográfica, entre un norte rico y unos estados del sur pobre que han sido abandonados. Para combatir este “rezago” su catálogo “mágico” propone llevar a estas regiones “zonas económicas especiales” y “polos industriales”. Mientras escuchaba su discurso me preguntaba si se estaba dirigiendo al pueblo mexicano o más bien a los inversionistas extranjeros y los mercados que andan espantados por la terrible situación de inseguridad que se está viviendo.

En realidad su recetario lo que propone es seguir profundizando el modelo neoliberal al que ya han apuntado sus reformas estructurales, como la energética, por el cual se favorecen los intereses de las empresas sobre el respeto a los derechos humanos de las comunidades. Es sencillamente agravar el despojo a los territorios, los recursos naturales y el medio ambiente que ya es patente por la invasión descontrolada de megaproyectos extractivos por todo el país. Y para los defensores de los derechos que se opongan a estas formas de exterminio de los pueblos y sus culturas, les espera la persecución, la cárcel, la desaparición forzada y la muerte, como muestran los casos de los Yaquis Mario Luna Romero, Fernando Jiménez y Tomás Rojo; de la indígena zapoteca Betina Cruz, de Juan Carlos Flores y de los propios normalistas. No por gusto, Peña Nieto expresó en su discurso que las zonas especiales económicas contarían con condiciones de seguridad, garantizadas posiblemente por la recién creada Gendarmería, que tiene entre sus funciones el cuidado de las inversiones frente a cualquier intento por desestabilizar la actividad económica.

Con éste decálogo autoritario, en el que jamás se contempló la participación y la consulta de las comunidades, se persiste desconocer las exigencias de los estudiantes normalistas y de toda la sociedad que hoy se manifiesta indignada. De no darse un giro radical al ejercicio del quehacer público y a la lógica de desarrollo vigente en México, las protestas sociales se seguirán incrementando. Al reclamo unánime porque regresen vivos se une el de hacer vivas sus demandas históricas por alcanzar una justicia social verdadera para las grandes mayorías oprimidas por este modelo de muerte.

 

@FundarMexico

 

 

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