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Ayuntamiento revoca permiso para construcción de Hidroeléctrica Puebla 1
Entre las razones se encuentra que el permiso fue emitido por un servidor público que no contaba con las facultades legales para ello, además de que el logotipo del ayuntamiento y el sello oficial del permiso fueron falsificados.
Por Itzel Silva Monroy
16 de enero, 2020
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El permiso de obras para el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende realizarse en el río Ajajalpan, Sierra Norte de Puebla, para abastecer de energía eléctrica a Walmart, Vips y Suburbia, fue revocado por el ayuntamiento de Ahuacatlán, debido a graves ilegalidades cometidas por administraciones pasadas, entre ellas, la falsificación del logotipo y del sello oficial.

Se trata de la licencia de construcción, uso de suelo y movimiento de tierras emitida en septiembre de 2009 por el entonces regidor de obras públicas del ayuntamiento de Ahuacatlán, Andrés Francisco Juan Covarrubias, que autorizaba a la empresa Deselec 1-Comexhidro la realización de la presa derivadora, embalse, túnel y tubería de conducción de la hidroeléctrica dentro del municipio.

Junto con el permiso, fue revocado también un “Convenio de Colaboración” supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, territorio en el que se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica. En dicho convenio aparece el supuesto consentimiento de San Mateo para la construcción del proyecto, así como el establecimiento de los llamados “beneficios compartidos” o cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su implementación.

El domingo 12 de enero, el actual secretario del ayuntamiento informó a habitantes de Ahuacatlán, integrantes del Consejo Regional Totonaco en defensa del río Ajajalpan, que tras un minucioso análisis de los documentos, el cabildo municipal había declarado su ilegalidad, y en ejercicio de su autonomía municipal, tomado la decisión de revocarlos. En el Acta de Cabildo donde consta la determinación, pueden leerse las razones principales: el permiso fue emitido por un servidor público que no contaba con las facultades legales para ello, ya que se requería de la autorización del cabildo, además de un dictamen técnico o de factibilidad; además, se señala la falsedad del logotipo del ayuntamiento en el documento, lo mismo respecto del sello oficial. El cabildo apunta que, tras una investigación exhaustiva, se encontró que el sello utilizado por esa administración (2008-2011) tenía unas características y leyendas que no son las que se observan en el permiso analizado, determinando que el sello del permiso es falso o fue alterado.

Con respecto del “Convenio de Colaboración”, el cabildo cuestiona la representatividad de las personas que firmaron a nombre de San Mateo, pues no hay información ni constancia de cómo fueron designadas. Señala un uso indebido del sello oficial del ayuntamiento, dado que el entonces Presidente Municipal, José Sebastián Marcos, aparece en el documento como testigo de calidad y no como servidor público. Finalmente, el cabildo concluye que el convenio es leonino y a todas luces abusivo, pues las cantidades ahí establecidas para entregarse por la empresa ascienden a $4,666.66 mensuales por cuatro años que dure la construcción del proyecto, y a $6,250.00 mensuales por los siguientes 25 años, las cuales no son cantidades útiles para toda la comunidad.

Asimismo, las personas que aparecen como firmantes del convenio, tienen interpuesta una denuncia penal ante el Ministerio Público, pues no reconocen como suyas las firmas ahí plasmadas. Esta situación fue informada al juez de amparo dentro del juicio 598/2016 que las comunidades de San Mateo, San Felipe y Altica interpusieron en abril de 2016, acompañadas del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, en contra del cúmulo de permisos que dan origen al proyecto hidroeléctrico; y es que el convenio fue entregado en el juicio por la empresa, como prueba a su favor.

La declaratoria de ilegalidad y la revocación efectuadas por el cabildo de Ahuacatlán es un gran logro de las comunidades que han defendido su territorio de la imposición del proyecto hidroeléctrico; pero es también de reconocerse la valentía y determinación de las actuales autoridades municipales de Ahuacatlán, quienes escuchando al pueblo al que representan y con la consciencia de su obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas y los pueblos originarios, consideraron que el territorio “debería ser inviolable por empresas (…) que por su voraz ambición económica no tienen respeto a las comunidades originarias, ya que se pretende explotar a través del interés económico las fuentes de riqueza natural que el propio Estado mexicano tiene la obligación de cuidar. Creemos que ésta es una nueva conquista, oprobiosa, con la modernidad económico-política-cupular y hasta irracional, en contra de un pueblo autóctono asentado pacíficamente desde hace cientos o miles de años.” (Acta de la 56 Sesión de Cabildo Extraordinaria del Ayuntamiento de Ahuacatlán, de 07 de junio de 2019.)

*Itzel Silva es investigadora y abogada litigante en Fundar, representante legal de las comunidades quejosas en el juicio de amparo que se menciona en este texto.

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