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Res Pública
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Bien por las leyes de transparencia, ahora falta aplicarlas
Contar con leyes adecuadas para la garantía del derecho de acceso a la información (DAI) nos pone en el camino correcto, sin embargo, estamos lejos de ser un país con un régimen de transparencia sólido. El punto flaco de las reformas de transparencia sigue siendo la debilidad institucional para aplicarlas y protegerlas.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
9 de junio, 2016
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Por: Renata Terrazas (@Renaterra_zas)

Las leyes de transparencia en México se encuentran prácticamente armonizadas con la Ley General (LGTAI); quedan pendientes por resolver en la Corte algunas controversias constitucionales que el INAI ha interpuesto contra leyes locales, pero en términos generales podemos decir que el camino legislativo de las leyes de transparencia está casi completo –cabe recordar que las faltantes leyes generales de archivos y datos personales siguen manteniendo coja esta reforma constitucional-.

Contar con leyes adecuadas para la garantía del derecho de acceso a la información (DAI) nos pone en el camino correcto, sin embargo, estamos lejos de ser un país con un régimen de transparencia sólido. El punto flaco de las reformas de transparencia sigue siendo la debilidad institucional para aplicarlas y protegerlas.

Uno de los más grandes retos que enfrentan los organismos garantes de la transparencia, instituciones creadas para garantizar el DAI, es la independencia de su gestión frente a los poderes políticos.

Desde hace varios años, numerosas organizaciones de la sociedad civil hemos señalado el proceso de designación de sus titulares como uno de los puntos más débiles del diseño institucional. Desde las propias leyes el diseño de su selección fomenta la creación de espacios de discrecionalidad desde los cuales se puede realizar un proceso opaco, que tienda a privilegiar los intereses del gobernante en turno, a costa de la transparencia del estado.

Hoy, varias leyes han incluido procesos más transparentes, sin embargo la mayoría ha dejado de lado el compromiso de hacerlo en colaboración con la sociedad civil. La apuesta de la mayoría de los Congresos sigue siendo la negación del rol de una sociedad civil cada vez más interesada en participar en lo público.

Otro de los retos significativos para el cumplimiento de los objetivos de estas reformas recae en el diseño mismo de los institutos y en el adecuado ejercicio de su autonomía. Ésta depende no sólo de un reconocimiento legal sino de una distancia entre sus titulares y los poderes políticos, como lo he mencionado, y, de igual forma, de la posibilidad material de hacer valer su autonomía.

No basta con discursos públicos a favor de la transparencia, se requieren acciones contundentes que doten de contenido aquellas frases soltadas al aire. El diseño normativo e institucional debe ir acompañado de recursos que permitan que tales cambios legales tengan efecto de verdad.

El presupuesto que actualmente se asigna a los organismos garantes varía en cada estado, los hay quienes garantizan recursos materiales y humanos para el cumplimiento de sus funciones, y los que asignan lo mínimo indispensable para que se monte una oficina y se resuelvan algunos recursos de revisión.

Es importante hacer notar que el Estado Mexicano está comprometido a destinar los recursos necesarios y suficientes para garantizar los derechos humanos, así que los institutos de transparencia, como las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de un derecho humano, el DAI, deberán contar con los recursos necesarios para garantizar este derecho y hacer cumplir la ley.

La reforma constitucional hizo una apuesta no sólo por la armonización legislativa con altos estándares, sino que también le apostó a la solidez institucional. El reconocimiento de la autonomía constitucional para los institutos de transparencia, así como un incremento en sus funciones y un fortalecimiento de su figura como máxima autoridad en la materia, son un pilar en la construcción del tan anhelado régimen de transparencia.

Esta apuesta por el fortalecimiento institucional tendría que ir emparejado con la suficiencia presupuestaria de los organismos garantes, ya que sin ella, será imposible que éstos cumplan con las mayores responsabilidades que las leyes comprenden.

El incremento en el número de sujetos obligados de la trasparencia, así como de la cantidad de información que éstos deberán hacer pública por ley, incrementará las actividades de los institutos de transparencia, no sólo como vigilantes del cumplimiento de las obligaciones sino como los responsables de capacitar a los funcionarios encargados de cumplir con ellas.

Las mayores garantías del derecho de acceso a la información traen consigo un mayor esfuerzo por parte de los sujetos obligados y los organismos garantes; dejar a la buena voluntad de los unos y los otros que cumplan con sus obligaciones es dejar morir una importante reforma que pretende poner a disposición de las personas un mayor porcentaje de información sobre la gestión gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos.

 

* Renata Terrazas es investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de @FundarMexico.

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