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Cherán ante la Suprema Corte
La Suprema Corte tiene ahora la oportunidad de emitir una resolución basada en el contenido de los tratados internacionales sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que declare inválida la reforma constitucional de Michoacán en materia indígena, y que formule una nueva reforma constitucional con base en una consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en el estado.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
23 de mayo, 2014
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Por: Mariana Mora

En los próximos días, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver la controversia constitucional interpuesta por el municipio p’urhépecha de Cherán en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Michoacán. Lo que está por discutirse es si la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán en materia indígena contraviene los tratados internacionales y viola el derecho a la consulta previa del municipio indígena de Cherán (al afectar sus posibilidades de elegir sus autoridades por “usos y costumbres”). A su vez, más allá de una estricta interpretación del derecho, lo que está en juego es la posibilidad de que el pleno reconocimiento de los derechos colectivos posibilite la defensa integral de su territorio contra las acciones de despojo y violencia del crimen organizado.

Antes de que los pleitos de Papá Pitufo contra el doctor Mireles y las especulaciones sobre los motivos reales de las autodefensas en la región de Tierra Caliente acapararan las primeras planas de los medios, fueron las acciones de los comuneros de Cherán frente al crimen organizado las que ocupaban las noticias sobre Michoacán. El 15 de abril de 2011, los habitantes del municipio se enfrentaron contra grupos que llevan años saqueando sus bosques, afectando sus principales manantiales de agua y llevando a cabo asesinatos, secuestros y extorsiones. El colmo fue cuando funcionarios del ayuntamiento llegaron al lugar de los disturbios, pero no para proteger a la población, sino para resguardar a los principales talamontes.

Los comuneros reaccionaron cercando su municipio a través de una especie de auto-sitio. Reactivaron las barricadas que en otros momentos de su historia sirvieron para resguardar las entradas del pueblo. Establecieron fogatas para vigilar las calles de cada uno de los cuatro barrios y recuperaron la figura de la ronda comunitaria que hasta la década de 1930 se encargó de velar por la seguridad de la comunidad por las noches.

“La destrucción del ecosistema es lo que nos llevó a la lucha. El ser p’urhépecha significa ser parte del territorio, venir del territorio, provenir del territorio… Y fue en ese sentido de la vida que tenemos como pueblo lo que nos llevó a defender nuestros bosques del enemigo”. Así las palabras de un comunero registradas en la meticulosa reconstrucción de las acciones de resistencia de 2011 que la antropóloga Verónica Velázquez plasma en su tesis de maestría.

Hay que recordar que en 2011 una parte importante de los comuneros mostraron un rechazo contundente a la presencia de los partidos políticos, razón por la que decidieron no participar en las elecciones municipales de ese entonces. Al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le entregaron una solicitud para organizar una elección propia por “usos y costumbres”. Sin embargo, en lugar de basarse en lo que establece el Artículo 1 de la Constitución, el IEM resolvió que el asunto no era de su competencia. Los comuneros interpusieron una demanda ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJE), quien emitió una resolución a favor del municipio a inicios de noviembre de ese año. Con esta sentencia, el Estado mexicano reconoció por primera vez el derecho de un municipio indígena a elegir a sus autoridades según sus propias prácticas culturales.

Al poco tiempo tomó posesión el Concejo, quien se rige por acuerdos de la asamblea general y tiene que rendirle cuentas a los jefes de barrio y a los coordinadores de las fogatas. Este mismo órgano definió el Proyecto de Reconstrucción del Territorio que contempla la creación de empresas colectivas, incluyendo un vivero comunal para reforestar la región. Coordinó a su vez la figura del guardabosques para detener a los que participan en la tala clandestina. Mediante estas acciones hicieron uso de sus derechos como pueblos indígenas, de acuerdo a lo plasmado en el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Sin embargo, dos semanas después de la resolución de la Sala Superior del TEPJE, el congreso de Michoacán aprobó una reforma constitucional estatal exprés en la materia sin consultar a los pueblos indígenas. Cabe resaltar que la reforma no reconoce el derecho colectivo a elegir autoridades por “usos y costumbres”, ni establece un principio de coordinación entre las nuevas autoridades indígenas elegidas con los demás ayuntamientos y mucho menos con el gobierno estatal. En esencia viola los derechos colectivos de la comunidad indígena y del municipio de Cherán, lo que constituye una omisión sistemática para garantizar los derechos colectivos.

Las autoridades del municipio decidieron entonces interponer una controversia constitucional ante la SCJN para “hacerle saber a los magistrados que somos personas que viven y sienten, que somos tan inteligentes, amables y respetuosos como cualquiera… La intención es hacerles entender que somos diferentes, pero no por eso somos menos que el otro”. Así fue la explicación que ofreció uno de los integrantes del Concejo durante la sesión del seminario ‘Las posibilidades y los límites del uso critico del derecho’, coordinado por Fundar, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Michoacana en 2013.

Los ministros tienen ahora la oportunidad de emitir una resolución basada en el contenido de los tratados internacionales sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y centrada en dos puntos principales. El primero, declarar inválida la reforma constitucional de Michoacán en materia indígena. El segundo, formular una nueva reforma constitucional con base en una consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en el estado. Con ello, la SCJN estaría estableciendo un precedente jurídico significativo, que además abriría las puertas a la elaboración de alternativas comunitarias de cara a la violencia que azota a Michoacán.

 

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