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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Ciudadanos desprotegidos
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
10 de mayo, 2011
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Por: Ana Joaquina Ruiz Guerra, Investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas, Fundar.

¿Qué hacemos como ciudadanos si consideramos que se ha violado nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental (DAI)? Nuestra primera solución sería acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI). Sin embargo, no siempre el IFAI es la institución que garantiza en última instancia nuestro derecho a saber, pues aún a pesar de sus mecanismos, no siempre las instituciones gubernamentales respetan sus resoluciones o publican la información que les solicitamos.

 

En el caso de las instituciones federales, por ejemplo, nos hemos encontrado con la falta de voluntad de la SAGARPA, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), para publicar los padrones de beneficiarios de quienes han recibido subsidios federales competitivos. Tal es el caso del Programa Ingreso Objetivo, que a pesar de haber obtenido una recomendación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la publicación del padrón de 2009, aún no se encuentra en la página web de ASERCA.

 

Asimismo, dicho órgano ha retirado de su página web los padrones de Diesel Marino, Diesel Agropecuario, Gasolina Ribereña y del Programa “Apoyos a Coberturas de Precios de Productos y Especies Elegibles”, entre otros. Para este último programa, incluso ha mal comprendido la “transparencia focalizada” a partir de la presentación de un mapa en donde se muestra la distribución de los apoyos geográficamente, pero eliminando la base de datos de los beneficiarios. Así que para conocer quiénes han recibido apoyos uno tiene que tener el CURP y número de folio de productor, lo cual está muy lejos de las obligaciones legales de transparencia marcadas en el artículo 7º de la Ley en la Materia.

 

También en otras instancias del poder gubernamental nos hemos encontrado con trabas al Acceso a la Información, por ejemplo, con la Cámara de Diputados. Hemos tratado de acceder vía solicitudes de acceso de información a las declaraciones patrimoniales de los diputados; sin éxito. En el Órgano Interno de la Cámara de Diputados nos dicen que éstas están bajo resguardo de la ASF y esta instancia señala que por acuerdo con la Cámara, la ASF sólo tiene la atribución para recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimoniales pero no tiene las atribuciones para entregar la información a la ciudadanía. Esto evidentemente está en contra del principio de máxima publicidad, así como de las disposiciones legales sobre transparencia (la Constitución y los artículos 1 y 3 de la Ley Federal en la materia). Este es un claro ejemplo en donde se privilegian los acuerdos por sobre las normas.

 

En cuanto a la información de los gobiernos estatales, nos enfrentamos también con negativas al acceso a la información. En Veracruz, por ejemplo, hemos solicitado el gasto total ejercido en comunicación social y publicidad gubernamental de 2005 a 2010. Dicha información fue reservada por el gobierno veracruzano, lo cual fue ratificado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información bajo el argumento de que es información “cuya difusión pone en peligro o daña la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal; así como que puede generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.”

 

Aquí hemos señalado ejemplos de cómo la información que debería ser pública se encuentra inaccesible para los ciudadanos por diversos motivos. Los que llaman más la atención son la “creatividad” por parte de las instituciones para encontrar modos y formas de presentar la información que resultan inaccesibles para el usuario común, la predominancia de acuerdos por sobre el marco legal, las reservas bajo argumentos poco convincentes, etc. Otros problemas devienen de no saber quiénes son responsables de publicar la información, en qué tiempos y bajo qué formatos.

 

¿Qué hacemos los ciudadanos cuando queremos alguna información y simplemente no podemos encontrarla? ¿Cómo defendemos nuestro Derecho de Acceso a la Información cuando, a pesar de las instituciones, no existe la voluntad para hacer pública la información que nos interesa? ¿Cómo hacemos para hacer caer en las instituciones gubernamentales la creencia de que transparentar su información resultará en un bien público que les será redituable?

 

Ante tal situación nos encontramos medianamente indefensos, pues podemos agotar diversas vías legales para obtener la información. Y, sin embargo, ¿por qué razón tendríamos los ciudadanos que agotar recursos con los que no contamos para ejercer un derecho que ya está establecido en la Constitución?

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