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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Combate a la corrupción, ¿una prioridad para el gobierno?
La disponibilidad suficiente de recursos públicos es una condición indispensable para fortalecer el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues sin ésta resulta poco probable que cumpla sus metas, lo que es clave en un país con altos niveles de impunidad y donde existe una demanda ciudadana por investigar los casos de corrupción.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
12 de septiembre, 2019
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El combate a la corrupción y la impunidad es uno de los ejes centrales del nuevo gobierno y está plasmado como un eje del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas de las acciones más visibles del Ejecutivo federal en los últimos meses dan cuenta de ello. Por ejemplo, se impulsó una reforma constitucional que establece a los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa; se ha investigado y congelado las cuentas de exfuncionarios y exfuncionarias públicas involucrados en escándalos de corrupción; se ha combatido al robo de combustible, y se han aprobado reformas legales a la extinción de dominio para permitir el decomiso y venta de bienes, presuntamente producto de corrupción. Pero, frente a la enorme importancia de este eje para la agenda del Gobierno Federal, ¿realmente se están previendo recursos públicos suficientes para la operación de las instituciones que se encargan de investigar y sancionar la corrupción?

El Presupuesto de Egresos de la Federación es el instrumento de política pública más importante para que las instituciones puedan cumplir con las atribuciones que les fueron conferidas. Aunque tengan buenos marcos normativos, diseños institucionales y capital humano, las organizaciones públicas difícilmente pueden desempeñar cabalmente sus funciones sin la cantidad de recursos suficientes.

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo presentó el Paquete Económico 2020 al Congreso de la Unión. En él se pueden apreciar los recursos contemplados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) a cuatro de las instituciones más relevantes para el combate a la corrupción en México: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción.

La institución ganadora del presupuesto fue la SFP con 1, 461 millones en comparación con 928. 8 millones en 2019; este aumento sustancial es relevante porque demuestra la intención de mejorar el control interno y la función pública, al menos en lo que toca a recursos. Mientras tanto, el PPEF 2020 asigna 927.4 millones de pesos para el INAI en comparación con 927.2 millones en 2019, lo que representa una variación de tan solo 0.03 %. En tanto que la ASF tuvo un aumento de 0.20 %, al pasar de 2,373 millones en 2019 a 2,378 millones para 2020.

Sin embargo, la institución perdedora del PPEF 2020 es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tuvo una reducción de casi 70 % de su presupuesto al pasar de 33 millones de pesos en 2019 a tan solo 10 millones para 2020. Este último dato resulta alarmante, dado el papel clave de la Fiscalía en la investigación y persecución de la corrupción y el combate a la impunidad.

Gráfica 1. Presupuesto para la SFP, FECC, ASF e INAI
(cifras en millones de pesos de 2020)

Creada en 2014 por un reforma constitucional e instalada formalmente en febrero de 2019 con el nombramiento de su titular, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) cuenta con varias atribuciones en materia de investigación, prevención y persecución de los delitos de corrupción. Lamentablemente, la reducción presupuestaria que recibió de casi 70 % puede afectar su operatividad sustantiva y el adecuado cumplimiento de su mandato. Esta reducción contrasta con el aumento de recursos a la Fiscalía General de la República -institución de la que depende la Fiscalía Anticorrupción- cuyo presupuesto aumentó 15% respecto al año 2019.

La disponibilidad suficiente de recursos públicos es una condición indispensable para fortalecer el trabajo de la FECC, pues sin ésta resulta poco probable que cumpla sus metas, lo que es clave en un país con altos niveles de impunidad y donde existe una demanda ciudadana por investigar los casos de corrupción. Cabe recordar que en nuestro país solo el 5 % de las denuncias penales llegan ante un juez, pues la mayoría no son investigadas. Además, a menudo las carpetas de investigación no están adecuadamente integradas por las y los fiscales.

Por ello es imprescindible que, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades del gobierno, el Congreso de la Unión revise el PPEF enviado y asigne los recursos suficientes para garantizar la operatividad de la FECC para que se atienda la grave problemática en materia de corrupción que enfrenta México. La disminución del presupuesto para 2020 restringiría la investigación de casos de corrupción y la atención de este fenómeno de carácter estructural que tiene impacto en distintas dimensiones como el sistema democrático, el estado de derecho y los derechos humanos. De no contar con los recursos suficientes para la FECC, continuaremos con una institución débil y altos niveles de impunidad.

* Anaid García Tobón (@laanaidtobon) es investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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