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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Cómo hacer reformas sin paralizar al país en el intento
La transformación del país no puede ni debe cocinarse en microondas bajo la receta del fast track, ni responder a compromisos con particulares, a pactos con la cúpula de partidos políticos, consultas públicas simuladas o recomendaciones de organizaciones internacionales económicas o financieras.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
6 de septiembre, 2013
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Por: Oscar Arredondo Pico

Últimamente la paciencia de la sociedad capitalina ha pendido de hilos delgados que se tensan todavía más ante las protestas sociales. Hoy bloquean las calles los maestros de la CNTE que se manifiestan contra la reforma educativa. Sin embargo, es previsible que las iniciativas para transformar el marco legal en las materias fiscal, energética y financiera afectarán a más sectores de la población y seguramente detonarán movilizaciones similares o mayores a las que hemos visto —máxime si se siguen los mismos procesos de discusión y aprobación empleados en el terreno educativo—.

La transformación del país no puede ni debe cocinarse en microondas bajo la receta del fast track, ni responder a compromisos con particulares, a pactos con la cúpula de partidos políticos, consultas públicas simuladas o recomendaciones de organizaciones internacionales económicas o financieras. Estas alternativas pueden ser herramientas de análisis, pero en ningún caso deben desviar la mirada del bien común y del desarrollo integral de toda la población. Tampoco deben sustituir procesos legislativos abiertos y democráticos.

Sin duda es necesario un cambio de rumbo en la función y eficacia del Estado. Pero, ¿cómo encontrar la fórmula para transitar a los cambios prometidos sin que éstos se impongan irreflexivamente? ¿Cómo garantizar el análisis de opciones distintas y la amplia participación de la sociedad? Y sobretodo, ¿cómo dar pasos hacia el desarrollo en beneficio de la mayoría, en particular de los más rezagados?

Los procesos en puerta, principalmente los de las reformas fiscal o energética, podrían causar conflictos sociales y la instauración de una dinámica de imposición legislativa. Ambos escenarios presentarían consecuencias desafortunadas: la amenaza de una oposición radical a cualquier cambio y la represión e indiferencia al clamor social como forma de gobierno —vacía de discusión, retroalimentación o contrapropuestas—.

Para blindar las reformas del descontento social hay que asegurarse de que el enfoque prioritario sea, en todo momento, mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar sus derechos fundamentales. Resultaría de gran utilidad que las iniciativas estuvieran precedidas de análisis que consideren las contrapropuestas de otros grupos parlamentarios, de la opinión de expertos en las materias a reformar y en el impacto en las condiciones económicas, sociales y culturales de los mexicanos. De igual forma, es indispensable abrir procesos exhaustivos de dialogo, así como de consultas revestidas de un alto componente democrático.

Para una fotografía más completa, el Estado podría aprovechar los insumos de un trabajo coordinado de instituciones públicas, sobretodo de las encargadas de la evaluación y desempeño de programas y servicios públicos, de la fiscalización interna y externa, y de la investigación y protección de derechos. Todas estas instituciones junto con organizaciones de la sociedad civil podrían elaborar diagnósticos multidisciplinarios. Una labor como ésta daría mucha luz a las labores legislativas.

Las reformas no pueden estar aisladas ni desarticuladas entre sí. Las funciones institucionales fragmentadas operan deficientemente, por lo que cualquier cambio de paradigma tendría que prever el trabajo gubernamental coordinado, integrado y con miras a objetivos comunes. A manera de ejemplo: una reforma fiscal, más allá de buscar una mayor recaudación de ingresos, debería contemplar mecanismos que garanticen la eficacia en el destino del gasto público —con esquemas que permitan o faciliten las labores institucionales y sociales de monitoreo, evaluación, investigación, sanción y rendición de cuentas sobre el quehacer gubernamental y el ejercicio de recursos—.

Las reformas a la Constitución no deberían realizarse, ni siquiera plantearse, sin desarrollar previamente la legislación secundaria que serviría de base para implementar los cambios que se buscan. Como dice el refrán: “el diablo está en los detalles”. No es posible que se aprueben reformas a la carta magna sin contar siquiera con un bosquejo del marco jurídico que regule estas cuestiones particulares.

Finalmente, antes de cacarear el sueño de construir un nuevo México hay que conocerlo y saber si funciona o no. Quizá no se necesiten cambios de “gran calado”, sino trabajar en los verdaderos alcances que tendría una aplicación correcta de la legislación actual. ¿Por qué pensar en eliminar o reforzar el modelo vigente sin antes explorar su potencial? Quizá primero habría que reformar la ética de los servidores públicos, la condescendencia ante la impunidad y la corrupción, la indiferencia con la desigualdad social y la pobreza, y después pensar en los otros cambios.

 

*Óscar Arredondo Pico es investigador del área de Presupuestos y políticas públicas de Fundar.

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