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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿Cómo le quitamos "el color" a la elección del nuevo ombudsman?
Exijamos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que argumente, transparente y fundamente la elección del nuevo Ombudsman para la Ciudad de México. Que privilegien aquellos perfiles con una sólida trayectoria y trabajo con la sociedad civil, amplia experiencia, un profundo conocimiento del marco jurídico, así como de una independencia real frente a las inminentes injerencias de los poderes.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
1 de noviembre, 2013
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Por: Miguel Moguel

En los próximos días, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) designará al nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). Un proceso que denota especial relevancia dado el contexto en el que se sitúa la vigencia de estos derechos en la ciudad y las muestras de graves retrocesos para su ejercicio pleno. En este sentido, es importante apuntar que el ejercicio y la vigencia de los derechos pasa necesariamente por el fortalecimiento de las instituciones que hacen posible su respeto, promoción, protección y garantía.

Nuestra democracia ha cambiado. Y me refiero a las transformaciones que las propias instituciones han experimentado a lo largo de las últimas décadas —principalmente en lo que toca a la inclusión de mecanismos de participación al interior de éstas, pero también en procesos cada vez más claros para la ciudadanización de las mismas—.

Dichas transformaciones han permitido que en menor o mayor medida se generen cursos al interior de las instituciones que propicien una conexión más efectiva entre el ejercicio de facultades y el mandato institucional, y las necesidades e intereses de la sociedad. Sin embargo, la efectividad del trabajo y el impacto de estos “nuevos modelos” de instituciones sigue siendo hasta hoy realidad profundamente cuestionada.

Desde esta perspectiva, las agendas para la ciudadanización de las instituciones de ombudsman cobran un auge cada vez mayor en la medida en la que buscan contribuir a ampliar los marcos para la exigencia de derechos y tener un impacto en ámbitos que atraviesan distintas esferas. Es así que la designación de quien habrá de conducir el rumbo de estas instituciones no está exenta de representar el compromiso de los gobiernos frente a las muestras cada vez más graves de retrocesos y de autoritarismo, como se ha podido constatar en días recientes.

Al menos un par de reformas constitucionales (1999 Y 2011) se han realizado con el fin de fortalecer los marcos jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus símiles en las entidades federativas (como la CDHDF). El establecimiento de mecanismos para la designación y/o ratificación de sus titulares —y de los miembros de sus Consejos Ciudadanos— ha permitido consolidar esas instituciones. Sin embargo, no debe pasar desapercibido que ese proceso debe implicar necesariamente una discusión pública entre las organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos, la realización de un proceso público y transparente, y la rendición de cuentas sobre la decisión tomada por el órgano facultado para la elección. Todo ello previo dictamen que habrá de ser sancionado por el voto de una mayoría calificada en el Poder Legislativo de que se trate.

No obstante, prevalece un problema de origen del cual estas instituciones ciudadanas no son ajenas. Me refiero a los partidos políticos que conforman las fuerzas al interior de los congresos y a su obsesión por considerarse a sí mismos actores centrales de la vida democrática de nuestro país. En la medida que esto pase, dejarán a un lado la participación ciudadana y la sustituirán por el valor supremo que le otorgan a los acuerdos y alianzas dentro de “su labor legislativa”. En síntesis, bajo este supuesto, la elección de un nuevo ombudsman para la ciudad de México no puede sino estar “teñida de colores” y con una carga política innegable.

Se preguntarán entonces cómo le podríamos quitar “el color” a la elección de un nuevo ombudsman. En principio, se podría lograr al realizar una verdadera labor de selección que privilegie aquellos perfiles con una sólida trayectoria y trabajo con la sociedad civil, amplia experiencia, un profundo conocimiento del marco jurídico, así como de una independencia real frente a las inminentes injerencias de los poderes. Asimismo, será importante la comprensión del contexto y de las problemáticas que en materia de derechos humanos enfrenta el Distrito Federal.

La decisión está ahora en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, nos tocará a la ciudadanía exigirle a nuestros asambleístas que sus decisiones en este proceso sean argumentadas, transparentes y bien fundamentadas. La elección de la nueva persona que fungirá como ombudsman marcará el rumbo del trabajo por los próximos cuatro años de una Comisión que se erige como indispensable para salvaguardar los derechos humanos en nuestra ciudad.

 

* Miguel Moguel es investigador del área de Derechos Humanos de Fundar

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