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¿Cómo se mide en México la desigualdad de riqueza?
La mayor disponibilidad y el mejor análisis de información sobre desigualdad económica podrían permitir comprender con mayor certeza la reproducción de la desigualdad en el país, y el planteamiento de políticas redistributivas más adecuadas al contexto nacional.
Por Máximo Ernesto Jaramillo-Molina
28 de mayo, 2020
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La semana pasada, la medición de la desigualdad en México pasó al debate público luego de que Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de MORENA, lanzara diversas propuestas para disponer de mayor y mejor información para la adecuada medición. Al igual que en muchos países a nivel mundial, el nuestro carece de determinadas piezas de información clave para armar por completo el rompecabezas de la compleja desigualdad económica. De acuerdo con el “Índice de transparencia en desigualdad”, México es el tercer país latinoamericano con más información disponible sobre este tema, sólo después de Uruguay y Colombia. A pesar de eso, es amplia la brecha frente a países de altos ingresos como los europeos y Estados Unidos. ¿Qué información aún falta generar en el país?

Las encuestas en hogares son el instrumento clásico para la medición de desigualdad de ingresos; sin embargo hay dos problemas identificados desde hace años: están sesgadas en ambos extremos de la distribución, es decir, hay subreporte tanto en hogares con bajos ingresos y con muy altos ingresos. Ambas situaciones ocurren porque las personas de menos recursos viven en lugares muy difíciles de acceder, mientras que, en el caso de las personas ricas, los datos están incompletos porque son muy pocos y muchas veces ni siquiera dejan pasar a las y los entrevistadores del INEGI a sus hogares.

Existen diversas estrategias para contrarrestar los problemas de dichos datos. El “ajuste a cuentas nacionales” es una de ellas. El sistema de cuentas nacionales es el registro que sintetiza de manera resumida la actividad económica del país y sirven, por ejemplo, de insumo para el cálculo del PIB. Dicho ajuste –realizado anteriormente por Del Castillo (2015), Bustos y Leyva (2016), y otros–, busca que los ingresos captados por las encuestas de hogares equiparen al menos a los registrados por las cuentas nacionales.

Uno de los ejemplos más recientes de dicho ajuste es el elaborado por el EVALÚA CDMX en 2019, que al ajustar por cuentas nacionales muestra que el promedio de ingresos mensuales por persona se multiplican por 2.17 veces. El ajuste se realiza por fuente de ingreso, donde los ingresos laborales presentan menor subreporte, y los de renta de propiedad mayor subreporte. Por lo que, si bien los ingresos promedio por persona del 10% más pobre (decil I) pasan de $943 a $1,323 después del ajuste, los del decil X pasan de $21,017 a $71,241. De este modo, el 10% más rico de la población acumula 52% del total de ingresos (frente a 29% sin el ajuste), registrando así un coeficiente de Gini de 0.618, frente a 0.435 sin ajustar la encuesta. Como vemos, las encuestas de hogares tienden a subestimar la desigualdad por un amplio margen.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EVALÚA CDMX, a su vez basados en ENIGH 2018.

Otra fuente de información son los registros administrativos tributarios, que tienen mayor precisión en los datos de personas de ingresos mayores. En gran medida el avance en la medición de la desigualdad que hicieran Piketty y otros autores durante la década anterior se debe a la utilización de datos fiscales para completar los datos de encuestas de hogares. En México, el SAT puso a disposición de la ciudadanía los datos anonimizados de los ingresos y otras variables fiscales de personas físicas y morales, pero eliminaron los valores atípicos (conocidos como “outliers” en estadística), específicamente aquellos que estuvieran por encima de tres desviaciones estándar, lo que implica que dicha base de datos no contiene información de las personas más ricas en el país, y dificulta su confiabilidad en términos de medición de desigualdad.

Es por lo anterior, que algunos académicos a nivel mundial se han expresado por diferentes alternativas, como lo son las cuentas nacionales distributivas (Distributional National Accounts) que buscan tener datos agregados, pero con enfoque distribucional; es decir, que permitan conocer cuánto de lo producido en cada país va para cada estrato de la población. Por ejemplo, utilizando esta metodología, Piketty, Saez y Zucman encontraron que de 1980 al 2014, en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre permanecieron estancados, mientras que crecieron 40% para la clase media y se dispararon para la población más rica. Con la información disponible actualmente en nuestro país, no es posible realizar dichos cálculos con tal nivel de precisión y corrección.

En conclusión, el espíritu de la iniciativa por el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional de Ramírez Cuéllar es un buen punto de partida para comenzar la discusión pública y legislativa sobre un tema fundamental para México, pues la mayor disponibilidad y el mejor análisis de información sobre desigualdad económica podrían permitir comprender con mayor certeza la reproducción de la desigualdad en el país, y el planteamiento de políticas redistributivas más adecuadas al contexto nacional. Desde Fundar creemos firmemente que, para lograr mayor justicia fiscal con enfoque de derechos humanos en México, la información y el conocimiento de la desigualdad es indispensable.

* Máximo Ernesto Jaramillo-Molina (@rojo_neon) es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

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