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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿Consulta para qué?
Comunidades mayas lograron ganar un proceso judicial a Monsanto, pero ahora sufren el incumplimiento de la sentencia como realizar una consulta sobre la soya transgénica.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
27 de octubre, 2016
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Por: Edmundo del Pozo 

En medio de los recientes escándalos de corrupción de la clase política gobernante, hay otras noticias que acaparan menos prensa pero son parte de la misma enfermedad terminal que padece el estado de derecho en México, donde quedan impunes los ricos y los políticos mientras los sectores más vulnerables quedan en total indefensión. Es el caso del pueblo maya, quienes después de un largo y costoso proceso judicial contra la gran corporación Monsanto, sufren ahora la odisea del incumplimiento de la sentencia a pesar de que los fallos otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron a su favor.

El máximo tribunal ordenó a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) la realización de una consulta a comunidades mayas de Campeche sobre los impactos de la siembra y comercialización de la soya genéticamente modificada. Asimismo, dictó que ésta debía desarrollarse con apego a los principios de buena fe, consulta previa, informada y culturalmente adecuada. Un requisito fundamental que estableció fue la suspensión de este cultivo durante el período de consulta; aspecto fundamental para asegurar un diálogo real con las comunidades y que los posibles daños generados por la soya no siguieran perpetrándose.

Sin embargo, la serie de incidentes reportados por la Misión de Observación encargada de monitorear la consulta indican que los parámetros ordenados por la SCJN han sido vulnerados por las autoridades responsables de ejecutar la sentencia, apenas en la etapa inicial del proceso. El cúmulo de irregularidades denunciadas van desde los intentos de CIBIOGEM por dar información tendenciosa a las comunidades sobre los “beneficios” de la soya transgénica, hasta la intervención arbitraria de personas y grupos al servicio de Monsanto en las reuniones celebradas en el municipio de Hopelchén, que han intentado coaccionar la participación de los representantes legítimos de más de treinta comunidades allí presentes; todo bajo la permisividad de funcionarios de la CDI, CIBIOGEM e incluso de la CNDH quien funge como garante del proceso.

Uno de los episodios más alarmantes documentados por la Misión recientemente es la falta de vigilancia y sanciones efectivas por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ante las denuncias presentadas de siembra ilegal de soya transgénica. La información que brindó SENASICA en sesión del 15 de octubre concluyó que, de las 55 muestras monitoreadas, con certeza solo una muestra es positiva de transgénico, sin aplicar sanción alguna pues se trata de un procedimiento complejo. Tras la inconformidad y el malestar manifiesto de los representantes mayas frente a tal respuesta, solicitaron a la SENASICA con carácter urgente la entrega de un informe por escrito y detallado de los hallazgos y medidas tomadas. El documento se presentó solo de forma oral el pasado 25 de octubre y, ¿qué creen? La información apenas cambió un ápice.

Las comunidades mayas interrumpen sus labores cotidianas para dedicar tiempo a estas reuniones, y cuando llegan a estos espacios sienten que son burladas. El asunto no solo queda en el insulto, sino que implica un desacato a la suspensión dictada por la SCJN, lo que convierte a la consulta en un acto de mala fe y en una burda simulación. Penosamente, no es la primera vez que vemos cómo el gobierno emplea este tipo de mecanismo de modo arbitrario, casos como el de la Tribu Yaqui y el de la comunidad zapoteca de Juchitán así lo confirman.

La única forma en que la consulta puede recuperar credibilidad es la aplicación inmediata de medidas que impidan la siembra y comercialización ilegal de la soya  transgénica y que las autoridades cuiden que actores externos y violentos no pongan en riesgo el diálogo con las comunidades.

De lo contrario estaríamos en presencia de otra sentencia fallida, en la que los poderosos se brincan la ley y a los pueblos se les vulneran sus derechos. Pero no la tendrán fácil, el pueblo maya y los actores que les acompañan en esta lucha han dado muestras de una gran organización para poner alto a la voracidad de Monsanto y defender sus territorios y modos de vida. Manténgase atentos porque esta historia aún no termina.

 

* Edmundo del Pozo es investigador de Fundar. Centro de Análisis e Investigación @FundarMexico.

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