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Crónica de una improvisación anunciada: fideicomisos públicos
El malestar de varios grupos sociales ante la extinción de los fideicomisos es comprensible y legítimo, pues no se ha señalado claramente el plan detallado de los mecanismos que van a sustituir a estas figuras y en qué tiempo se realizará.
Por Anaid García Tobón
22 de octubre, 2020
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Desde hace varias semanas, el poder legislativo trataba de aprobar la desaparición de más de 100 fideicomisos, lo que finalmente se concretó este miércoles 21 de octubre. Sin embargo, persisten algunas interrogantes sociales ante las decisiones del ejecutivo y legislativo de extinguir de manera masiva estos instrumentos al vapor y sin procesos de participación ciudadana sustantiva. ¿Cómo se van a transferir los recursos públicos para cumplir con los objetivos de los fideicomisos?, ¿cómo se van a atender los problemas y objetivos de los fideicomisos por las instituciones públicas únicamente con transferencias monetarias?, ¿se han previsto esquemas de flexibilidad presupuestaria que permitan la realización de proyectos multianuales para ciencia y tecnología?

El malestar de varios grupos sociales ante la extinción de los fideicomisos es comprensible y legítimo, pues no se ha señalado claramente el plan detallado de los mecanismos que van a sustituir a estas figuras y en qué tiempo se realizará. Otro elemento que complejizó la situación fue la falta de un debate público profundo donde se hubieran analizado los pros y contras de esta decisión y donde se eliminaran argumentos maniqueos como que todos los fideicomisos presentaban corrupción o que todos los fideicomisos funcionan de manera óptima y ninguno debe desaparecer. Los matices y el análisis razonado son pertinentes en decisiones tan transcendentales como asegurar recursos públicos para la ciencia y la tecnología, para atender desastres naturales, para la protección de los derechos humanos y la atención a las víctimas.

Un elemento clave que no estuvo presente en esta discusión fue la participación ciudadana; sus aportes pudieron ayudar a generar políticas consensuadas, efectivas y legítimas. Escuchar distintas voces para atender objetivos comunes y responder a las necesidades colectivas debe ser considerado como uno de los ejes primordiales para establecer políticas exitosas. Sin embargo, desde el ejecutivo y el legislativo, en el tema de fideicomisos, no se apostó por incluir una participación ciudadana en su sentido más amplio donde la intervención de actores sociales tuviera repercusiones directas en la toma de decisiones de los representantes políticos. Para muestra un botón de algunas fallas:

En el Ejecutivo

En 2019, dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa internacional de alto nivel que asumió el Estado mexicano, se estableció un compromiso para que organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales diseñaran e implementaran una estrategia de transparencia proactiva, monitoreo y vigilancia ciudadana de los fideicomisos con el fin de fortalecer y garantizar transparencia y rendición de cuentas en su funcionamiento.

En este plan se estableció como una de las acciones más importantes la elaboración y el análisis de un diagnóstico de fideicomisos en el que se evaluaran las medidas que deberían aplicarse para mejorarlos, y luego de una revisión profunda, definir cuáles deberían robustecer sus mecanismos de transparencia, fiscalización y control, y cuáles desaparecer.

Esta mesa de trabajo ya estaba en marcha desde enero de 2020 cuando repentinamente el pasado 20 de mayo se presentó una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos que posteriormente se modificó incluyendo a más de 109 fideicomisos. Dicha acción tuvo un impacto en los avances y en el cumplimiento del compromiso de Gobierno Abierto al no existir claridad sobre las acciones que se llevarían a cabo desde el Ejecutivo si diagnosticar y evaluar para, con base en ello, tomar una decisión de cuáles se quedarían y cuáles se eliminarían, o si se había decidido realizar acciones de extinción sin un previo análisis. Tampoco quedó definido cómo se incluirían los aportes técnicos y recomendaciones que había realizado la sociedad civil en esas mesas de trabajo. 

En el Legislativo

En junio de este año la Cámara de Diputados abrió un espacio a sectores sociales para discutir sobre los fideicomisos en un formato de “Parlamento Abierto”, sin que se cumplieran estándares mínimos. Si bien, en ese proceso participaron algunos sectores sociales, la convocatoria no contó con suficiente tiempo y claridad para garantizar la pluralidad de distintos sectores tanto de especialistas de la sociedad civil como de grupos afectados por la extinción, para realizar una discusión seria y de fondo. Además de que el proceso solo se limitaba a audiencias públicas sin que las y los legisladores se comprometieran a realizar cambios y/o aceptar o rechazar la iniciativa con base en los argumentos expuestos en las audiencias.

Finalmente, se aprobó la iniciativa por la Cámara de Diputados sin establecer, como se señaló anteriormente, de forma clara cómo se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos cuando estén en la Tesorería de la Federación y sin señalar qué mecanismos financieros se utilizarán para asegurar recursos a las personas y grupos beneficiarios de los fideicomisos que se van a desaparecer. Ante la falta de claridad pareciera que existen decisiones improvisadas y cuyo único fin es que el Poder Ejecutivo pueda disponer de los recursos de los fideicomisos.

La participación ciudadana en la toma de decisiones de política pública, como en el caso de los fideicomisos, mostró los obstáculos generados por la falta de una representación política adecuada de parte de las y los legisladores de las demandas sociales y por la ausencia de un entendimiento de que la inteligencia colectiva de voces ciudadanas y representantes puede potenciar la resolución de problemas públicos con decisiones efectivas.

La construcción democrática requiere un ejercicio deliberativo en el que gane el mejor argumento, se construyan consensos y se tome la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía y siempre tomando en cuenta las obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano. Por el contrario, la improvisación y falta de claridad en la toma de decisiones genera incertidumbre, malestar social y potenciales retrocesos en la garantía de derechos humanos. Esperamos que en los meses venideros, en que se tendrán que definir las formas para dar seguimiento a los compromisos y tareas de los fideicomisos extintos, se lleve a cabo un verdadero ejercicio en el que se puedan aprovechar aportes de la ciudadanía y construir mejores procesos.

Ahora que se ha aprobado la extinción de los fideicomisos, será necesario que se garantice transparencia y rendición de cuentas de los procesos de extinción, del avance de recuperación de los recursos, así como su posterior uso y destino final, y que se realicen las modificaciones presupuestarias adecuadas para evitar afectaciones a los sectores beneficiarios de estos instrumentos.

* Anaid García Tobón (@laanaidtobon) es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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