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Res Pública
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De cómo romper el ciclo de la impunidad
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
19 de junio, 2012
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

El pasado 14 de junio, en un acto público frente a víctimas, familiares, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios, el gobierno del estado de Oaxaca reconoció su responsabilidad institucional en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto social en 2006 y 2007. Pero, ¿por qué tendría que asumir esta nueva administración la responsabilidad por violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz? Gabino Cué, actual gobernador, muy bien podría decir en su defensa “nosotros no fuimos, fueron los del gobierno anterior”.

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que cada vez que empieza un nuevo gobierno, éste no inventa todo desde cero. Cada nueva administración debe ceñirse a instituciones, normas y procedimientos preestablecidos que marcan cómo debe gobernar, limitan el ejercicio del poder de los funcionarios y protegen los derechos humanos de la población. Estos marcos normativos —incluyendo el marco internacional de derechos humanos— se han desarrollado precisamente para limitar el margen de discrecionalidad de los funcionarios y prevenir que gobiernos autoritarios violen los derechos de los y las personas dentro de su territorio. Cuando un gobierno opta por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos frente a las demandas de la sociedad civil organizada, no sólo produce un daño en las víctimas directas e indirectas, sino que mina su legitimidad en la medida en que suspende las normas que encuadran la convivencia social y de la sociedad con el Estado.

De este modo, cuando se produce la alternancia en el poder, el nuevo gobierno deberá construir su legitimidad renunciando al uso represivo de la fuerza y demostrando su adhesión a los derechos humanos. Los procesos de justicia transicional y reparación del daño están basados en la voluntad política y tienen que mostrar a las víctimas y a la sociedad que las cosas están cambiando, que las condiciones que hicieron posible las violaciones a sus derechos se están transformando. Estos procesos tendrán expresiones simbólicas, como el reconocimiento público de responsabilidad que abre la puerta a una serie de medidas de reparación y que constituye una oportunidad para restablecer la relación entre el Estado y la sociedad.

Merit Jiménez, hija de un maestro asesinado durante la represión al movimiento social y magisterial en Oaxaca expresó lo siguiente: “Reconocemos que este acto en particular marcará el inicio de la etapa que garantizará que actos como los que vivimos en 2006 no se repitan en nuestro estado, y sobre todo, que todo acto que vulnere los derechos humanos no quede impune. Hoy comenzamos con el rompimiento del círculo vicioso de la impunidad que impera en nuestro estado. La lucha no concluye aquí, no se termina con este acto. Incentiva nuestra búsqueda de justicia. Recurriremos hasta agotar todos los medios que permitan sancionar a quienes emitieron y permitieron los hechos que hoy nos reúnen aquí. Señores funcionarios, nunca más un pueblo enlutado por sus propias instituciones. Privilegiemos el diálogo y transformemos la relación entre el pueblo y el gobierno”.

Por su parte, el Arquitecto Porfirio Hernández, del Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (COFADAPPO) dijo que “a más de 5 años y siete meses, las heridas siguen abiertas […]. Los sobrevivientes hoy damos cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos en Oaxaca. Este es un homenaje para todos aquellos que ya no están con nosotros. Hoy se abre una luz de esperanza no sólo para mis compañeros de COFADAPPO sino para todo aquel que se sienta víctima de violaciones de derechos humanos y que no se rinden ni reciben migajas para calmar su dolor e impotencia por la pérdida de sus seres queridos”.

En otras palabras, la reparación del daño tiene que atender tanto los daños generados a las víctimas directas y a sus familiares, como cambiar las condiciones estructurales y romper el ciclo de la impunidad para construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad, basada en el respeto de los derechos humanos.

 

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