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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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De la Junta de Valladolid a los debates en la SCJN
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
11 de octubre, 2011
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

Entre 1550 y 1551 se llevaron a cabo los famosos debates en la Junta de Valladolid. En ellos, Ginés de Sepúlveda argumentaba la inferioridad de los indígenas para justificar la tutela (es decir, la esclavitud) de los españoles sobre ellos. Por su parte, Bartolomé de las Casas defendía que los indios eran iguales a los europeos. En términos modernos, lo que se discutía era si los indígenas tenían la misma dignidad que sus conquistadores y por tanto eran titulares de derechos. Evidentemente las diferentes posturas tenían consecuencias en la legitimidad que se atribuía (o no) al despojo y la explotación de los pueblos indígenas de América. En esta discusión, por supuesto, no participaron los indígenas. Más o menos cinco siglos después, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta previa, han sido reconocidos en diferentes instrumentos internacionales, aunque en la práctica es otra historia (o mejor dicho, la misma historia).

 

Aquellos debates, tan fuera de lugar y cargados de intereses a los ojos contemporáneos, llegaron a mi mente a propósito de los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 26, 27 y 28 de septiembre sobre las dos acciones de inconstitucionalidad que pretenden revertir las reformas a las constituciones estatales que protegen la vida desde el momento de la concepción en Baja California y San Luis Potosí. Como señaló en su momento Regina Tamés, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el centro del debate no es si debe o no protegerse la vida en gestación, sino qué sucede cuando esa protección es absoluta y se desconocen los derechos de las mujeres.

 

Como es ya sabido, las discusiones en el pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación resultaron en una votación insuficiente a favor del proyecto del ministro ponente. La votación requerida de ocho, se quedó a un voto para declarar de manera contundente la invalidez de las reformas a las constituciones locales. A pesar de esto, organizaciones de la sociedad civil celebraron que siete de once ministros se pronunciaron por los derechos de las mujeres, en particular a la vida, salud, integridad y privacidad.

 

Los argumentos vertidos sobre la viabilidad de las reformas a las constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí por la ministra Luna Ramos terminan poniendo los derechos de las mujeres por debajo de consideraciones técnicas que encubren estereotipos de género y perpetúan la dominación sobre las mujeres a través del despojo de su cuerpo. Desde mi punto de vista, este fue el contenido principal de la discusión en la SCJN: la jerarquía de los derechos humanos de las mujeres.

 

Hablar del derecho a la vida desde la unión del óvulo y el espermatozoide sin tomar en cuenta el contexto en que esta unión se produce, es decir, el cuerpo de una mujer y sus circunstancias concretas, es borrar de manera automática los derechos humanos de las mujeres. Tanto se borra a las mujeres, que parece equivalente el derecho a la vida del no nacido alojado en la matriz de una mujer o en una probeta.

 

Esta operación retórico-técnica de borramiento de las mujeres está motivado por una serie de estereotipos de género que impiden ver lo evidente: la mujer no es el contenedor del no nacido (y por cierto, tampoco lo es de la no nacida), es una persona con sus circunstancias concretas (económicas, sociales, culturales, psicológicas, etc.). Y es, además, una persona con la capacidad de ponderar factores de diversa índole para decidir interrumpir un embarazo que sucede en su cuerpo.

 

Ojalá que en un futuro no muy lejano los mexicanos podamos desprendernos de los estereotipos de género que hoy en día operan en las interpretaciones judiciales y nos parezca ridículos (como hoy nos lo parecen los debates en la Junta de Valladolid) los argumentos que ponen los derechos de las mujeres por debajo de los derechos del óvulo fecundado y de consideraciones técnicas para legitimar el despojo de éstas de su propio cuerpo.

 

Síguenos en Twitter: @FundarMexico

 

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