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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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¿De qué habla el gobierno?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
29 de marzo, 2011
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Por: Diego de la Mora, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas.

 

Cada vez que vemos una campaña de comunicación del gobierno en la televisión o escuchamos algún anuncio de radio hablando de los logros de tal o cual personaje público podríamos hacernos al menos dos preguntas: ¿cuánto costó ese anuncio? y ¿qué tanto nos está informando sobre cuestiones que afectan nuestras vidas?

 

Si bien es difícil conocer el gasto específico de cada uno de los espacios en los que se anuncia el gobierno, lo que sí podemos saber es que la administración de Felipe Calderón lleva gastados $18,834.2 millones de pesos en publicidad oficial (PO) en lo que va del sexenio. En la página de internet www.publicidadoficial.com existe un buscador que permite saber cuánto ha gastado cada Secretaría y conocer los montos que se invierten en las campañas específicas del gobierno federal. También podemos saber, gracias a la información de dicha página, que muchas de las campañas que se difunden no nos informan sobre acciones que tienen un impacto directo en nuestras vidas, sino que exclusivamente sirven para ensalzar los logros del gobierno.

 

El problema que generan estos montos excesivos se agrava porque la PO tendría que ser la herramienta más utilizada para promover y garantizar los derechos humanos. Los debates que se hacen sobre los alcances y métodos de la publicidad oficial contemplan la relación entre información y derechos humanos en por lo menos tres aspectos.

 

En primer lugar, la publicidad oficial es un mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la información, que tiene como uno de sus componentes principales la información que las autoridades, de manera proactiva, deben proporcionar a las y los ciudadanos. En un régimen democrático necesitamos estar enterados de las acciones de los gobiernos para poder participar en las decisiones públicas.

 

En segundo lugar, la PO debe garantizar el derecho de las audiencias a ser informadas: en un país tan diverso como México, la publicidad oficial tendría que impulsar la pluralidad de las voces en los medios de comunicación. Sobre todo, el gobierno tiene la obligación de que los grupos más vulnerables tengan acceso a la información necesaria para avanzar en el cumplimiento de sus derechos humanos, por lo que debe buscar los medios más adecuados para hacer llegar sus mensajes a estas poblaciones.

 

Por último, la información es una condición necesaria para garantizar otros derechos humanos: existen muchos mecanismos mediante los cuales los distintos niveles de gobierno de nuestro país contribuyen con el cumplimiento de los derechos de las y los mexicanos. Una condición indispensable para garantizar los derechos es que las y los interesados conozcan los mecanismos mediante los cuales el Estado contribuye a su cumplimiento.

 

Sin embargo, la publicidad oficial no se utiliza para cumplir con estas obligaciones de derechos humanos del Estado mexicano; por el contrario, los 18,834.2 millones que se destinan a Comunicación Social y Publicidad se utilizan de forma discrecional. Lo anterior tiene consecuencias graves para la relación entre los medios de comunicación y los gobiernos: por un lado, se crea un círculo vicioso entre gobiernos que “no pagan para que les peguen” y medios de comunicación que utilizan la información para chantajear a los gobiernos y obtener más recursos a cambio de no publicar o modificar ciertas noticias.

 

Por otro lado, cuando la publicidad oficial está regulada solo a partir de criterios de eficiencia y eficacia económica (que con menos recursos se llegue a más personas en el menor tiempo posible) y no toma en cuenta la importancia de los derechos humanos, se privilegia a aquellos medios que llegan a más personas. En un mercado tan poco competido como el de los medios de comunicación mexicanos, esta forma de asignar los recursos termina por privilegiar a quienes de entrada tienen mayores recursos; y por tanto, no revierte el problema de concentración informativa en unos pocos medios.

 

Los múltiples intentos para crear una ley que regule la publicidad oficial que se han generado en el Congreso de la Unión son una expresión de que existe la conciencia del problema y las propuestas para solucionarlo. Sin embargo, existe un sistema político que no ha acabado de transitar hacia un Estado moderno en el cual las y los ciudadanos son sujetos de derechos e interlocutores válidos. Por el contrario, seguimos con un sistema que prefiere que las personas sean espectadoras de la política en lugar de participantes activas del debate y la vida pública.

 

*Si quieres conocer más datos, artículos y experiencias en otros países, visita www.publicidadoficial.com

*Síguenos en Twitter: @FundarMexico

*Y también en Facebook.

 

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