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Res Pública
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De reformas estructurales e iniciativas internacionales
Una de las principales quejas sobre la Reforma Energética es la falta de participación social y lo cerrado de los debates legislativos sobre la misma. Esto pese al carácter estratégico que el sector energético tiene para el país, el hecho de que los hidrocarburos son recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos, y las implicaciones que el desarrollo de esta actividad tiene para la garantía de los derechos humanos a la luz de los impactos negativos que genera.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
9 de julio, 2014
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Por: Aroa de la Fuente

Durante la semana pasada tuvo lugar en México la 27° reunión del Consejo Directivo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), iniciativa que busca mejorar la gestión de estas industrias a través de la colaboración entre gobierno, sociedad civil y empresas. Esta reunión estuvo acompañada de diversos eventos en los cuales se discutió sobre la gobernanza de los recursos petroleros y mineros. Así, el lunes tuvo lugar un foro organizado por el gobierno y la Secretaría Internacional de la EITI en la que expertas y expertos presentaron sobre diferentes cuestiones de central importancia para la gestión de estos recursos. Por ejemplo, se trataron temas como los regímenes fiscales de la industria petrolera y minera, los contratos y las concesiones, el papel de las empresas estatales y los fondos de los Recursos Naturales.

Por la tarde de ese mismo día, tuvo lugar una mesa redonda en la que se discutió sobre la relación y sinergias existentes en torno a la EITI, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) y las agendas para mejorar el manejo de las industrias extractivas. Todas estas discusiones son muy pertinentes a la luz de las disposiciones que establecen las iniciativas de leyes secundarias de la Reforma Energética, muchas de las cuales son contrarias a las mejores prácticas internacionales en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de estas industrias.

Justamente en esta línea y dada su importancia, el martes pasado la Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaria de Energía realizó una presentación sobre la Reforma Energética para los miembros de dicho Consejo Directivo. Durante su exposición, la Subsecretaria tocó varios puntos de las leyes secundarias en la materia y explicó que se había abierto un proceso amplio de consulta sobre las mismas. Sin embargo, se echó en falta la posibilidad de abrir el debate sobre este relevante tema y que los demás asistentes, entre los cuales había organizaciones mexicanas, pudiesen presentar sus preguntas y puntos de vista sobre el tema.

Sin duda, uno de los cuestionamientos que hubiesen sido puestos sobre la mesa hubiese sido sobre con quién exactamente se consultaron las leyes. Una de las quejas que subyace a toda la Reforma es la falta de participación social en la misma y lo cerrado de los debates legislativos sobre la misma. Esto pese al carácter estratégico que el sector energético tiene para el país, el hecho de que los hidrocarburos son recursos que pertenecen a todas y todos los mexicanos y las implicaciones que el desarrollo de esta actividad tiene para la garantía de los derechos humanos a la luz de los impactos negativos que genera.

Por último, el jueves y viernes de esa semana se celebró el taller “La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI): oportunidad para el fortalecimiento de la sociedad civil” organizado por Fundar, Publica Lo Que Pagas (PWYP) y Cordaid. En este taller, organizaciones de diversos países ─México, Colombia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Nigeria, Níger, Azerbaiyán, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda─ pudimos intercambiar experiencias sobre el trabajo que estamos realizando para cambiar el modo en que los gobiernos explotan los recursos naturales, el cual provoca serios daños a la población y el medio ambiente.

Algunas de las conclusiones del taller fueron que herramientas como la EITI no son la solución a todos los problemas que aquejan a estos sectores; que es necesario utilizarlas estratégicamente en los casos en que respondan a las agendas de sociedad civil; y que, sin lugar a dudas, no podemos permitir que sean utilizadas por los gobiernos para legitimar la actividad extractiva o para justificar la falta de avances en otros campos, como el normativo.

Este último punto es especialmente relevante en México, donde el gobierno parece interesado en impulsar la EITI tras la aprobación de la mentada Reforma Energética. Una reforma que supone serios retrocesos para la gobernanza del sector hidrocarburos y que está siendo discutida y aprobada sin la participación de la sociedad civil, en sentido contrario a los ideales de dicha iniciativa. De esta manera, es sumamente importante que, antes de acudir a este tipo de iniciativas, sigamos exigiendo que el Poder Legislativo abra la discusión de las leyes secundarias en la materia y permita una participación social efectiva. Y después ya discutiremos otras opciones.

 

* Aroa de la Fuente es investigadora del proyecto de Extractivas de @FundarMexico

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