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Res Pública
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¿Debe el Congreso aprobar un rescate a estados y municipios?
Si el rescate es inevitable, que se ponga en la mesa cuáles serán los criterios para realizarlo. Que se muestre la racionalidad bajo la cual operarán y demuestren que no se trata de un rescate que busque favorecer a aquellas entidades ideológica o políticamente más cercanas al gobierno federal.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
6 de mayo, 2013
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Por: Miguel Moguel

La deuda de los estados y municipios—y de su limitada capacidad de solvencia para enfrentarla sin comprometer su desarrollo ni la cobertura amplia de bienes y servicios públicos—alcanza ya la dimensión de un problema público. Y es que algunas de las entidades federativas, al apelar al pacto federal, hicieron uso de sus prerrogativas para la contratación de una deuda que comprometía sus participaciones federales y que en la actualidad, dada su dimensión, alcanza cifras alarmantes que pudieran paralizar la actividad productiva, la prestación de servicios básicos y el desarrollo de dichas entidades.

Pero ¿de qué tamaño es el problema? Existen dos ramos generales del gasto público que contienen las partidas presupuestarias más altas—si las comparamos con los demás Ramos que componen el presupuesto anual—: el Ramo 28 y el Ramo 33. El primero de ellos corresponde a las participaciones federales y están compuestas por recursos e incentivos que se entregan a las entidades federativas y municipios vía fondos. La principal característica de estas participaciones es que se trata de recursos que estados y municipios pueden ejercer libremente sin estar sujetos a auditoría alguna por parte de la federación.

Fue así como los estados de Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz—por mencionar sólo algunos—, comenzaron a comprometer altos porcentajes de sus participaciones federales (incluso de las cifras estimadas de las participaciones aún por recibir) como garantía frente a las instituciones financieras con las que contrataron instrumentos de deuda. En este sentido, un primer elemento del problema que conviene mostrar es la progresión del porcentaje de endeudamiento que los gobiernos de las entidades federativas y municipios han adquirido a lo largo de los últimos diez años:

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Las cifras que ofrece la página electrónica de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda para 2012 sobrepasó los 430 mil millones de pesos, cantidad que en la práctica representó el 86.1% de las participaciones que provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo año. La situación se agrava cuando encontramos entidades como Coahuila (300%) o Quintana Roo (235.6%), donde los porcentajes de la deuda no sólo superan el monto de las participaciones del año corriente, sino que además comprometen los ingresos de los siguientes años.

Si bien la atención a rubros básicos de servicios (como la educación, la salud, la inversión en infraestructura, la seguridad pública y los programas sociales) pudieran cubrirse en gran medida a través del apoyo que reciben las entidades y municipios vía las aportaciones federales (o Ramo 33), lo cierto es que comprometer un porcentaje tan importante de sus ingresos tiene inevitablemente un impacto que pudiera afectar distintos ámbitos para el goce y disfrute de derechos para todas las personas.

Es claro que habrá que hacer algo al respecto. Y por el momento, lo único que se está planteando es una iniciativa que se discute en el Congreso para aprobar el rescate de la deuda de los estados y municipios. Un proyecto de dictamen que además buscará establecer las bases para futuros endeudamientos (así como los límites para comprometer los ingresos en materia de participaciones federales), la creación de sistemas eficientes de información y también de alerta temprana, mecanismos de control, rendición de cuentas y sanción, entre otros puntos. ¿Debe el Congreso aprobar este rescate? ¿Sí o no? y ¿bajo qué condiciones, dado que estarían implicados recursos públicos?

Creo que antes de respondernos habría que comenzar por intentar despejar algunas de las premisas que están implícitas en cualquier posible conclusión. Si el rescate no sólo es inevitable sino además es importante, que se ponga en la mesa cuáles serán los criterios para realizarlo. Que se muestre la racionalidad bajo la cual operarán —y que nos demuestren que no se trata de un rescate que busque favorecer a aquellas entidades ideológica o políticamente más cercanas al gobierno federal—.

Si lo que se pretende es establecer un nuevo marco legal que defina las reglas y los alcances (o los límites) para cualquier futuro endeudamiento, se deberá por lo menos plantearse además de controles internos, controles ciudadanos y requisitos mínimos en materia de transparencia y acceso a la información pública que fortalezcan la rendición de cuentas.

Y por último, independientemente de la posibilidad o no de un nuevo marco legal y/o de la intervención de la federación para el rescate de la deuda de los estados y municipios, no puede dejarse sin investigar y señalar la responsabilidad de las y los servidores públicos. Porque mandaría un poderoso mensaje de impunidad a la sociedad y al resto de la burocracia federal y local.

 

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