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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Declaración patrimonial y control ciudadano
Las declaraciones patrimoniales no deben considerarse una medida administrativa más, sino un elemento dentro de un sistema de rendición de cuentas.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
18 de marzo, 2016
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Por: Guillermo Ávila

En el Senado ya se están discutiendo las leyes secundarias de la reforma anticorrupción, entre las cuales está la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas: los tres grupos parlamentarios mayoritarios presentaron una iniciativa y ayer se presentó también la iniciativa ciudadana #Ley3de3. Por ello, el miércoles de la semana pasada, Fundar, Centro de Análisis e Investigación presentó el documento de investigación ‘(Re) construyendo la confianza en el poder público. Las declaraciones patrimoniales como instrumentos de control ciudadano’, cuyo propósito es dar argumentos técnicos y teóricos a favor de la publicidad obligatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses.

En la investigación encontramos que el problema principal es que estos instrumentos no están cumpliendo realmente con su objetivo de prevenir y detectar actos de corrupción y conflictos de interés –lo que lleva a algunos a decir que, en realidad, no sirven. Hay que tener claro que las declaraciones patrimoniales y de intereses son instrumentos de transparencia gubernamental, rendición de cuentas y combate a la corrupción porque, a partir de la información que contienen sobre las y los servidores públicos, es posible prevenir y detectar variaciones injustificadas de su patrimonio, así como las situaciones en las que sus intereses particulares pueden estar en conflicto con el ejercicio de sus funciones.

Con esta información es posible evaluar si el desempeño de las personas encargadas de la administración de los recursos –públicos– y de la toma de decisiones –públicas– se apegan a la ley y al interés público. Sin embargo, su eficacia –normativa, administrativa y política– resulta limitada porque su custodia, registro, control y fiscalización se restringe a instancias del Estado con recursos insuficientes –normativos, administrativos y políticos. Esto implica, además, la imposibilidad de la contraloría ciudadana, pues no hay acceso a esta información que, por relacionarse directamente con el ejercicio de la función pública y el poder, tendría que estar disponible públicamente.

Este documento surge de un ejercicio de transparencia legislativa: en 2011 pedimos las declaraciones de los 500 diputados federales de esa legislatura y nos negaron la información. La pregunta básica que queríamos responder era sobre las razones por las que las y los representantes presentan iniciativas, y votan a favor o en contra de ellas.

Ante la negativa, Fundar elaboró un caso de litigio estratégico que llegó hasta la SCJN. La resolución fue que, dado el marco legal vigente, no había razón para que esos 500 documentos se hicieran públicos de manera obligatoria.

A partir de la discusión en la Corte, observamos que el argumento principal para conservar como reservadas las declaraciones patrimoniales es la protección de datos personales de los servidores públicos. En efecto, estos documentos contienen información sensible. Por ello, nuestra propuesta es que se elaboren versiones públicas, a partir de una ponderación, con base en los procedimientos de ‘prueba de daño’ y ‘prueba de interés público’, lo que es necesario por tratarse de los encargados de la administración de los bienes públicos y de tomar decisiones públicas. Esto implica que, por la lógica de su función, se sujetan inevitablemente a una exposición y un escrutinio mayores lo que significa que la protección de los datos personales no es la misma que las de las personas que no tienen un cargo público.

De igual forma estaba el asunto de la seguridad: cuando pedimos las declaraciones de los 500 diputados, también las solicitamos directamente a cada uno de ellos –bajo la figura jurídica del ‘derecho de petición’. La respuesta frecuente fue que los problemas de inseguridad en México no les permitía hacerlas públicas. En nuestra investigación no encontramos este problema en ningún otro lugar, ni evidencia al respecto, lo que después confirmamos con la plataforma #3de3.

Notamos también que el arreglo normativo e institucional no permitía que estos instrumentos fueran eficaces. En primer lugar, porque las instancias de contraloría no cuentan con las capacidades suficientes para revisar el contenido de las declaraciones. Pero también porque el régimen no es uniforme: es distinto en cada uno de los poderes y no hay información disponible sobre cómo se cumple con la supervisión.

También que la OEA, la ONU y la OCDE recomendaban la adopción de este tipo de medidas. Y que nuestro país firmó los convenios, acuerdos y tratados que promueven estos organismos multilaterales. Por ejemplo, los informes del ‘Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)’ una y otra vez recomendaban que se atendiera el tema de la publicidad de las declaraciones.

Finalmente, la investigación de la SFP sobre los conflictos de intereses del Presidente de la República y el Secretario de Hacienda evidenció algunos de los aspectos de los que se mencionan en este documento: el marco normativo limitado, las capacidades institucionales insuficientes, el problema de la competencia institucional, la ausencia de cualquier forma de participación ciudadana.

Por eso es que ahora impulsamos una reforma legal. Desde 2012 se había comenzado a discutir acerca de una reforma anticorrupción: primero una Comisión Nacional, que se aprobó en el Senado, y luego se rectificó para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Las declaraciones no deben considerarse una medida administrativa más, sino un elemento dentro de un sistema de rendición de cuentas, que debe relacionarse con otros, como las instancias de investigación y sanción e, incluso, con otros mecanismos y procedimientos, como las contrataciones públicas.

 

* Guillermo Ávila, investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de @FundarMexico

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