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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Defender las calles como última trinchera
En una democracia los controles operan sobre el ejercicio de poder del Estado (y de sus agentes) y no sobre el control de la ciudadanía. De ahí que resulta contradictorio plantear cualquier tipo de criterios que impongan condiciones al ejercicio libre de derechos o que sancionen a quienes los contravengan.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
13 de agosto, 2015
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Por: Miguel Moguel

De 2012 a la fecha, por lo menos una decena de iniciativas legislativas han buscado avanzar con la intención de imponer marcos legales para regular o restringir distintas dimensiones de un fenómeno cada vez más cotidiano en la realidad de nuestro país: la protesta social.

A esta lista se sumó la semana pasada una Ley más en el Estado de México que obliga –tanto a las autoridades estatales como municipales– a garantizar el libre tránsito vial y por ende los faculta para que, en el marco de sus atribuciones, ejerzan su autoridad cuando aquel derecho se vea obstruido u obstaculizado. Al igual que esta recientemente aprobada Ley de Movilidad del Estado de México, este tipo de legislaciones resultan problemáticas en tanto que parten de una definición totalmente omisa de una perspectiva democrática y de derechos humanos.

En su mayoría, en aquellos Congresos donde se han debatido las referidas iniciativas (o donde actualmente se discuten), prevalecen posiciones que pasan por alto un principio que debiera normar cualquier acción del Estado y de sus agentes: en una democracia los controles operan sobre el ejercicio de poder del Estado (y de sus agentes) y no sobre el control de la ciudadanía. Es aquél uno de los más importantes fundamentos del andamiaje democrático de un Estado moderno donde los derechos humanos están en el centro.

De ahí que resulta contradictorio plantear cualquier tipo de criterios que impongan condiciones al ejercicio libre de derechos o que sancionen a quienes los contravengan. Antes que afectar cualquier tipo de expresión pública en las calles, el Estado y sus agentes deberán de tener en cuenta los principios de libertad de expresión y asociación establecidos por la norma Constitucional y por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, cualquier tipo de formulación habría de apuntar primeramente hacia criterios de necesidad y de proporcionalidad –si fuera el caso–, que restrinjan el uso de la fuerza y limiten la posibilidad de utilizar discrecionalmente la fuerza del estado y del derecho penal para inhibirlas o limitarlas.

Desde mi perspectiva –y aunque suene insistente–, una primer tarea para el Estado mexicano es la de identificar las demandas y exigencias que se encuentran al centro de este tipo de expresiones, para de ahí buscar los medios idóneos que permitan resolver efectivamente la conflictividad social que está presente en aquellas manifestaciones donde las calles son sólo un síntoma del descontento social.

De no ser así, estaríamos falsamente pretendiendo resolver el problema atajando las muestras más evidentes y visibles de inconformidad (calles cerradas, edificios simbólicamente clausurados, carteles a la entrada de los edificios públicos), pero con un costo altísimo para los derechos humanos y para la gobernabilidad en un sistema democrático.

Las calles han sido históricamente lugar de luchas y su legado más tangible lo encontramos en el reconocimiento de derechos que en otro momento resultaba imposible pensar en alcanzarlos. El valor y el sueño de muchos hombres y mujeres por un mundo con un orden distinto hizo posible que hoy disfrutemos todos y todas de estas conquistas ciudadanas.

Las muestras de inconformidad y de resistencia que vemos a diario en las calles son un síntoma de un mal mayor que se niega a ser identificado y llamado por su nombre: corrupción, impunidad, injusticia, pobreza, desigualdad. Salgamos a defender las calles y pensemos en ellas como la última trinchera donde está en juego el legado de un futuro distinto para las próximas generaciones.

 

* Miguel Moguel es investigador del área de derechos humanos de @FundarMexico

 

 

 

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha documentado por lo menos en este período diez iniciativas de Ley (tanto en Congresos locales como también en el Federal) que buscan –de manera directa o indirecta–, generar restricciones a la protesta. Es importante apuntar que no todas ellas han sido discutidas y aprobadas.

El pasado 7 de agosto de 2015 la Legislatura del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, la noche del pasado jueves la Ley de Movilidad que otorga a las autoridades estatales y los municipios la obligación de garantizar el libre tránsito vial y la atribución de eliminar cualquier obstáculo u objetos que impidan, dificulten u obstruyan el tránsito peatonal, ciclista, vehicular, excepto en aquellos casos debidamente autorizados.

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