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Res Pública
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Del "Chepo" al "Chapo"… y al análisis político
¿Que si las manifestaciones afectan y perjudican a otras personas? Es verdad. Pero quizá antes habría que preguntarse con toda honestidad quién tiene la mayor responsabilidad: nosotros tenemos derechos antes que el Estado y le hemos delegado la tarea de protegerlos y defenderlos. Si el Estado abdica a sus obligaciones, expresar nuestro descontento y manifestar nuestras demandas no sólo es admisible sino legítimo.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
25 de septiembre, 2013
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Por: Miguel Moguel

El sueño de obtener el pase de México al Mundial de Brasil fue estrepitosamente interrumpido por la derrota frente a Honduras y en el mismísimo estadio Azteca. Derrota cuyo desenlace fue la destitución de José Manuel “Chepo” de la Torre como director técnico del tricolor. Se preguntarán, ¿qué rayos tiene que ver el análisis político con el futbol? La respuesta merece una explicación: en ambos espacios convergen intereses y también, en uno y otro se disputa el poder.

En el caso del deporte, la crítica de la afición pambolera no se tardó en llegar. Se habló de exceso de confianza, de falta de compromiso del equipo o del poco talento de algunos jugadores. Otros, más moderados, observaban con preocupación la excesiva ponderación de los resultados en el corto plazo. En cualquier caso, el episodio culminó con la destitución del técnico y la incertidumbre de nuestro pase al mundial de futbol en 2014.

En la política, la disputa se da en la arena pública. En el futbol, la selección congrega a una grey de aficionados que expresan su pertenencia a “la camiseta” como símbolo nacional; mientras que en la política, esta expresión cobra vigencia en la forma de grupos sociales y políticos aglutinados en torno a una causa o a un partido. En el futbol, al igual que la política, se penaliza la indeterminación y se censura la disidencia.

El futbol también, al igual que la realpolitik, es un universo de representación simbólica de lo masculino. Espacios reservados —casi de forma exclusiva— a los hombres y en torno a los cuales tienen lugar las más diversas y sutiles manifestaciones de exclusión y de marginación.

El “Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ha sido por más de dos décadas el delincuente más buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos. La influencia de su grupo y el despliegue de sus acciones se extienden en por lo menos 16 de las 32 entidades de la República. Pocos días antes del partido contra Honduras, una noticia comenzó a circular tanto en redes sociales como en medios de comunicación: la detención del M-10. Un punto en contra del cartel de Sinaloa y una victoria para el “equipo de las estrellas” conformado por la PGR, la DEA y la Interpol.

Por un lado, llamaba la atención en las declaraciones la forma tan “pacífica” en la que se relataba aquella detención; y por otro lado, la forma en la que el gobernador de Chihuahua emulaba la “paz” y la “tranquilidad” social y que las acciones de estos grupos ponían en riesgo.

Pasemos del “Chepo” y el “Chapo” al análisis político: en ambas situaciones nos muestran una falta de respuesta o por lo menos, su inadecuación para corresponder con las expectativas de un grupo amplio de personas y grupos de nuestra sociedad. En el primero de los casos, al apelar al sueño mundialista, y en el segundo, a la aspiración de una vida en paz y sin violencia en México. Y esto me lleva a una serie de preguntas que probablemente —por ahora— no tengan una respuesta: ¿cuándo las expectativas y aspiraciones sociales se convierten en legítimas y válidas —incluso a cualquier precio—? y, ¿en quién se deposita la responsabilidad de alcanzarlas o de hacerlas realidad?

Aplicado al contexto actual mexicano, algunos elementos de los casos expuestos me permiten extraer algunas líneas de reflexión. Por un lado, las condiciones de posibilidad en las que se enmarca la problemática o el posible conflicto; y por otro, las condiciones de posibilidad para su adecuada resolución. Lo cual, muy aparte de los casos antes expuestos, me lleva a la reflexión de dos ejes problemáticos de cualquier modelo de democracia: el diálogo y la construcción de consensos. Elementos estrechamente vinculados con este panorama de conflicto y respuesta frente al mismo.

El derecho a protestar no es más que una forma de expresarnos como sociedad. Es una forma de resistencia —a veces asertiva y bien canalizada otras no tanto— en cuyo centro gravitan una multiplicidad de exigencias y demandas. No todas las protestas son iguales ni por ende, tampoco sus consignas. Todas ellas llevan consigo la necesidad de buscar canales efectivos para mostrarlas y resolverlas.

¿Qué demandas son legítimas y qué demandas no lo son? Es una ecuación riesgosa para quien se aviente la responsabilidad de decidirlo. Pero lo que sí se puede sostener es que el derecho a defender derechos —en una democracia— es un recurso admisible si el Estado no responde.

¿Que si las manifestaciones afectan y perjudican a otras personas? Es verdad. Pero quizá antes habría que preguntarse con toda honestidad quién tiene la mayor responsabilidad: nosotros tenemos derechos antes que el Estado y le hemos delegado la tarea de protegerlos y defenderlos. Si el Estado abdica a sus obligaciones, expresar nuestro descontento y manifestar nuestras demandas no sólo es admisible sino legítimo.

Y regresando al tema del futbol con el que inicié la reflexión, la protesta social se inserta en ese “espacio público” donde convergen intereses y donde se disputa el poder. Es una de las formas como se hace efectiva la participación en los asuntos públicos que a veces la clase política pretende secuestrar a la ciudadanía.

Probablemente ninguno de estos asuntos pudiera ser de tú interés. Debemos reflexionar que lo que está en juego no son las demandas, sino las condiciones para que en otro momento todos y todas podamos expresarnos —y para que eventualmente nuestras necesidades sean atendidas y resueltas adecuadamente—. De ahí que protestar sea un derecho fundamental que debamos defender. Vamos, de eso se trata el reto de vivir en democracia.

 

* Miguel Moguel, investigador del área de Derechos Humanos de Fundar.

 



Política basada en intereses prácticos y concretos. En el poder más que ideales éticos.

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