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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Del derecho de las víctimas a no ser tratadas como objetos de asistencia
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
8 de septiembre, 2012
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

El pasado 31 de agosto, la Presidencia de la República hizo pública su decisión de presentar la iniciativa de Ley General de Atención y Protección a Víctimas. Esta decisión fue recibida como una traición por diferentes organizaciones de víctimas y de derechos humanos que han expuesto por diversos medios la secuencia de acciones que el Ejecutivo Federal ha realizado en aras de paralizar la publicación y entrada en vigor de la Ley General de Víctimas aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Poder Legislativo en abril del 2012.

Uno de los aspectos criticados por El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, es que la Ley presentada por Calderón tiene una perspectiva asistencial hacia las víctimas, contraria al enfoque de derechos de las víctimas, en particular el derecho de las víctimas a participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que les afectan. En este artículo me permito proponer una reflexión a propósito del enfoque asistencial en el tratamiento a las víctimas en la iniciativa de Ley en mención y sus implicaciones.

Para ello, me quiero remitir a la primera parte de la iniciativa de ley presentada por el titular del Ejecutivo; misma que contiene una descripción de las políticas del gobierno federal en materia de atención y protección a los derechos de las víctimas. En ella hace un recuento de las acciones para la adecuación del marco normativo de cara a las víctimas y enumera una serie de modificaciones legislativas tendientes a garantizar los derechos de las víctimas. Del mismo modo, la iniciativa señala avances en el impulso institucional en materia de víctimas y ofendidos, entre los que destaca la creación de PROVÍCTIMA y la asistencia brindada por esta institución a través de los CAV (Centros de Atención a Víctimas) con presencia en 16 estados de la República y las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, se menciona que PROVÍCTIMA, a través de estos centros, ha atendido a 7,750 víctimas y ha brindado 43,096 servicios especializados entre médico, psicológico, jurídico, trabajo social y “atención a personas desaparecidas o no localizadas” (sic.). El documento continúa con el recuento de las acciones a favor de las víctimas y una abundante numeralia.

Es de reconocer que la exposición de estas cifras abona a la transparencia de dicha institución y habla del compromiso que sus funcionarios pueden tener en la asistencia a víctimas. Sin embargo, no habla en lo absoluto sobre la calidad de la atención brindada. No existe una sola opinión de alguna víctima sobre los servicios recibidos, ni plantea algún mecanismo de monitoreo o evaluación de las víctimas sobre estos servicios. Lo que es más, esta descripción nos dice nada en cuanto al modelo de atención de PROVÍCTIMA. Tampoco nos arroja luz sobre si este modelo debería ser replicado a nivel nacional, como plantea la iniciativa de Ley del Ejecutivo.

De lo anterior podemos concluir que el enfoque asistencial margina a las víctimas de la evaluación de las políticas públicas implementadas en su beneficio y pone en el centro a la institución que provee estos servicios. Esto representa un grave error que empobrece la efectividad de dichas políticas para atender la problemática real de las víctimas y promueve la violación del derecho de las víctimas a la participación y la restitución de sus derechos como ciudadanos. La iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo trata a las víctimas como objetos de asistencia y no como sujetos de su propio proceso, por lo que constituye un nuevo eslabón en la cadena de revictimización que éstas enfrentan.

En contraste, las víctimas organizadas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como en otras organizaciones, reivindican su derecho a participar frente al Estado y en colaboración con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La Ley General de Atención a Víctimas, paralizada hoy por la controversia del Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materializa estos esfuerzos y establece mecanismos de participación que no sólo abonan a la efectividad de las políticas públicas que de ella se deriven, sino también a la restitución de los derechos de las víctimas tanto de manera individual como colectiva.

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