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Res Pública
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Del dicho al hecho: Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
19 de septiembre, 2011
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Por: Ximena Antillón, investigadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

En el marco de su quinto informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón anunció la creación de una Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, y el 6 de septiembre se publicó el decreto para su creación. En este documento, el Ejecutivo reconoce que “el combate decidido del Estado mexicano contra el crimen organizado y la criminalidad en general, hace necesario que de manera paralela se brinde una especial, eficaz y oportuna atención a las víctimas u ofendidos de delitos, en particular a aquéllos afectados en su integridad física o psicológica, así como en su patrimonio.”

 

El mismo decreto establece que si bien ya existen en el ámbito federal diferentes instancias y dependencias que proveen atención a víctimas y ofendidos del delito, la creación de esta Procuraduría responde a una demanda de la ciudadanía y “que con ello se pretende evitar lo que se ha conocido como “revictimización”; es decir, que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos.”

 

Estos planteamientos representan un cambio en el discurso del Ejecutivo, pues por un lado reconoce que la estrategia de combate a la delincuencia organizada tiene una relación con la victimización de la población (aunque no puntualiza la naturaleza de esta relación). Por otro lado, el presidente también da cuenta de que las autoridades producen procesos de revictimización y de esta manera reconoce la responsabilidad del Estado en el impacto no sólo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, sino de las violaciones de los derechos humanos que enfrentan las víctimas al tratar de acceder a la justicia. Este planteamiento representa un cambio respecto del discurso de los “daños colaterales” frente al cual las víctimas alzaron su voz para visibilizar su dolor y ponerle nombre a los miles de muertos que se registran en este sexenio.

 

Si bien valoramos estos cambios en el discurso oficial como señales positivas, la implementación en la práctica de esta nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito corre el riesgo de reproducir algunos de los problemas que reconoce desde su creación. Para Paulina Vega, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, esta nueva instancia “tiene la desventaja de que fue creada por decreto presidencial. Esto quiere decir que el siguiente que ocupe la silla presidencial la puede revocar. Sería diferente si surge de una ley. Tampoco fue construida con la sociedad civil, no hubo consultas al respecto, a pesar de que dice el decreto que surge del diálogo que ha tenido con grupos de la sociedad. Además, el decreto deja muchas dudas de cómo se van a prestar los servicios.” A esta especialista le preocupa la forma en que van a definir el término delito de manera amplia para incluir violaciones a derechos humanos y no sólo los que se estipulan en el código federal.

 

Para Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, existe un riesgo de que la propia Procuraduría genere procesos de revictimización. “Es una instancia más de atención a víctimas, pero sólo atenderá a las del fuero federal, deja fuera a las del fuero local. Una de las principales problemáticas en el tema de la delincuencia organizada es que las autoridades locales declinan competencia en este tipo de casos y no siempre son atraídos por el fuero federal o posteriormente el fuero federal declina.” Para Delgadillo este vaivén es una constante que no resuelve este decreto de creación; afirma que no es claro si la procuraduría atenderá a estas víctimas hasta en tanto se decida la competencia y no explica cómo se va a coordinar con una estructura ya existente: la subprocuraduría de víctimas. Además aclara que “la victimización no está relacionada sólo con la delincuencia organizada, también proviene del Estado por violaciones a derechos humanos.”

 

Además de los puntos antes señalados, es preocupante que, si bien esta nueva instancia contempla en su Junta de Gobierno a cuatro personas de la sociedad civil, la participación de ésta y sectores académicos queda restringida a asistir a las sesiones de esta Junta de Gobierno. Es decir, contarán con voz, siempre que sean invitadas por su presidente, pero no tendrán derecho a voto.

 

La creación de esta nueva Procuraduría surge en el contexto de una fuerte movilización de la sociedad civil y sobre todo de víctimas del delito y de violaciones de los derechos humanos. Sólo mediante su participación esta instancia podrá cobrar sentido. De lo contrario corre el riesgo de convertirse en un eslabón más de una larga cadena de impunidad y revictimización.

 

Síguenos en Twitter: @FundarMexico

 

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