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Derechos humanos y autoritarismo en México: la bestia que nunca se fue
La política de apertura al escrutinio internacional, acompañada de un fuerte despliegue diplomático en los organismos de derechos humanos, fue uno de esos cambios que el autoritarismo mexicano adoptó como estrategia de supervivencia.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
31 de marzo, 2016
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Por: Humberto Francisco Guerrero Rosales

La contundencia de los hechos y la inmutabilidad de la postura gubernamental abruman. Todo ocurre al unísono, con muy poco tiempo para respirar y tomar distancia entre tragedias. En el lapso de una semana pudimos leer noticias que van desde la configuración de la impunidad en el caso Tlatlaya, la continuación del horror en Veracruz, la negativa a recibir al Relator de la ONU sobre la Tortura, y la apertura de una investigación penal en contra del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH).

Este último hecho marca un hito en la historia reciente de México ante los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. A finales de los años 90, México empezó una tímida política de apertura al escrutinio internacional en la materia, la cual se consolidó a partir del año 2000 con la alternancia de partido a la cabeza del ejecutivo federal. En los primeros seis años de la primera década del siglo XXI, nuestro país ratificó, adhirió e incluso impulsó la creación de un importante número de instituciones y tratados internacionales de derechos humanos. México es recordado, ahora con nostalgia por algunos, por su liderazgo en la conformación del aún joven Consejo de Derechos Humanos de la ONU; o por ser promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, el que ahora se niegue sistemáticamente una grave crisis de derechos humanos, el que se acuse a un Relator de la ONU de falta de profesionalismo, o se permita que el secretario ejecutivo de la CIDH sea penalmente investigado, no es una contradicción con esa aparente “luna de miel” que nuestro país vivió con los organismos internacionales.

No tuvieron que pasar muchos años para que las organizaciones de la sociedad civil mexicana se dieran cuenta de que todo se trataba de una simulación. Las revisiones y recomendaciones de distintos organismos empezaron su ir y venir en temáticas variadas: mujeres, infancia, pueblos indígenas, tortura, independencia de jueces y fiscales, personas migrantes, derechos civiles y políticos, desapariciones forzadas (en aquel entonces consideradas erróneamente del pasado), etc. Y con las recomendaciones también proliferaron los diagnósticos internos y la fiebre por los programas de derechos humanos como panacea de política pública que desmantelarían la estructura corporativa construida, literalmente a sangre y fuego, tras poco más de 50 años de autoritarismo.

Al final del primer sexenio panista en la presidencia, se hizo evidente el fracaso en la investigación y enjuiciamiento de los llamados delitos del pasado, hecho que fue particularmente sintomático de que el autoritarismo mexicano sólo había cambiado para adaptarse a nuevas circunstancias. De nada valió que fuera una promesa expresa de campaña, ninguna persona pudo ser sancionada por las torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas cometidas en contra de la población civil durante la “Guerra Sucia”. El poder que un día protegió a los perpetradores en realidad nunca se fue, seguía ahí, sin importar los colores del partido en el poder.

La política de apertura al escrutinio internacional, acompañada de un fuerte despliegue diplomático en los organismos de derechos humanos, fue uno de esos cambios que el autoritarismo mexicano adoptó como estrategia de supervivencia. Durante un tiempo fue relativamente fácil “aceptar” infinidad de recomendaciones, sin una verdadera voluntad de cambiar las estructuras que permiten las violaciones a los derechos humanos.

Los métodos de trabajo de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos se basan en la voluntad de cooperación por parte de los Estados. La implementación de sus decisiones y recomendaciones depende casi en su totalidad de la preservación de un mínimo de interlocución de buena fe con los Estados; por ello, las confrontaciones directas son extrañas en este ámbito y el lenguaje diplomático predomina.

Así, durante cerca de 10 años, México fue interpelado pocas veces en términos tajantes sobre su falta de voluntad para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en cuanto la postura de los mismos organismos internacionales cambió; es decir, cuando México empezó a ser más profundamente cuestionado sobre la verdadera razón del incumplimiento de sus obligaciones, la bestia autoritaria reveló su verdadera forma; una que nunca cambió, sólo se mimetizó en un contexto internacional que le fue cómodo y funcional por un tiempo.

De eso se trata con los ataques al GIEI y a los defensores de derechos humanos; el desaguisado con Juan Méndez; y la investigación contra el secretario ejecutivo de la CIDH, es el autoritarismo que siempre estuvo ahí. No se trata siquiera de una regresión porque nunca avanzamos. Es la bestia que ya no teme mostrarse como es, ante todos, incluyendo la comunidad internacional.

 

* Humberto Francisco Guerrero Rosales es Coordinador del área de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 

@FundarMexico

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