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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Desigualdad y opacidad: los retos del campo mexicano
El drama del campo mexicano: 20 por ciento de productores (600 mil beneficiarios que concentran más de 56 millones de hectáreas) recibió el 60 por ciento del total de los subsidios de Procampo. El 80 por ciento restante (2 millones 400 mil beneficiarios que concentran 33 mil hectáreas) recibieron el 40 por ciento de los recursos.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
19 de septiembre, 2013
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Por: Renata Terrazas

El pasado miércoles, Fundar presentó la página web subsidiosalcampo.org.mx. Esta herramienta tiene como principal objetivo alimentar el debate informado sobre la distribución de los subsidios destinados al campo. Lo hace al ofrecer información pública sobre la distribución de los subsidios y al presentar evidencia para el análisis y la construcción de alternativas a las políticas públicas vigentes dirigidas a este sector.

Diversas organizaciones campesinas, estudiosos de la materia y organizaciones de la sociedad civil tenían la sospecha de que existía una mala distribución de los subsidios destinados al campo; sin embargo, carecían de la evidencia suficiente que les permitiera afirmar o refutar aquello.

Algo no andaba bien: el presupuesto destinado al campo crecía sustancialmente, pero no se traducía en una mayor productividad ni en la construcción de una economía del agro robusta. En resumen, muchos campesinos siguen siendo pobres, muchos productos continúan importándose y mucho dinero se sigue invirtiendo.

Los conocedores del tema sospechaban de un mal diseño en la distribución de los subsidios, intuían una serie de malas prácticas, abusos de poder, actos de corrupción. Sin embargo, no tenían “los pelos de la burra en la mano”: faltaba información clara que permitiera identificar qué en el diseño, qué en la normatividad y qué en la implementación fallaba en la persecución de los objetivos de los programas de subsidios.

Aparentemente, la información se podía encontrar en páginas de Internet oficiales o podía pedirse mediante solicitudes de acceso a la información; no obstante, los datos a los cuales se accedía decían poco o nada. Es decir, eran un cúmulo de números que a lo mucho brindaban información sobre el ejercicio del gasto de manera agregada. A esos datos les faltaba ser procesados, les falta decir más. Vaya, les faltaba que fueran analizados e interpretados.

Era claro que para poder transformar la política pública destinada al campo era necesario tener mejor información y poder analizarla para entender la problemática de fondo y con ello construir alternativas que beneficiaran al sector rural y al país. De esta forma, Fundar se dio a la tarea de buscar toda la información pública disponible sobre la asignación de los recursos, padrones de beneficiarios, reglas de operación, entre otras.

Una vez procesada la información, los hallazgos surgieron solos. Lo más notorio fue la manera en la que se concentraban los subsidios, tanto en un número reducido de grandes productores como en algunos estados y regiones. Un ejemplo es lo sucedido con Procampo: el primer 20% de productores recibió el 60% del total de subsidios del programa. Casi 600 mil beneficiarios, con una concentración de más de 56 millones de hectáreas recibieron entre 2006 y 2012 más de 58 mil millones de pesos. En contraste, el 80% restante concentró apenas el 40% del total de recursos de este mismo programa. Casi 2 millones 400 mil beneficiarios con casi la mitad de hectáreas que el primer 20% (33 mil hectáreas) recibieron en los mismos años tan sólo 38 mil millones de pesos.

Además, los datos arrojados por subsidiosalcampo.org.mx dejan claro que no existe una política integral desde el gobierno federal. Ejemplo de ello es el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) —el instrumento de presupuestación del sector— que presenta serias inconsistencias en su integración: su contenido no guarda relación alguna con la cuenta pública y no refleja claramente cuáles son las prioridades para el campo. Un análisis multianual muestra que este instrumento tiene una composición que privilegia el gasto social —principalmente de corte asistencialista— sobre una visión que impulse la productividad. Es decir, la vertiente social ha crecido mientras que la productiva está estancada en términos de peso relativo del presupuesto rural. Los recursos destinados a fomentar actividades productivas representan apenas el 10.5% del total del PEC, mientras que en los últimos 10 años el gasto social creció 172%.

Desde hace varios sexenios, el gobierno federal suele anunciar con bombo y platillo que se destinan cada vez más recursos al campo; sin embargo, cuando uno compara el nivel de inversión con los resultados obtenidos es claro que hay serias inconsistencias. Si el objetivo de Procampo es aumentar la productividad y éste simplemente no se cumple, es justo afirmar que el tema de fondo no es la cantidad de los recursos destinados al programa sino la forma en que se distribuyen.

La página de subsidios al campo va más allá de presentar una serie de datos para satisfacer la curiosidad de unos cuantos especialistas: ésta se enmarca en el debate internacional sobre la importancia de acceder a la información referente a los subsidios que se destinan al sector agropecuario y forestal. Y en el caso particular de México, esta herramienta nos muestra también que existen los medios necesarios para impulsar la productividad en el campo; queda pendiente ver, sin embargo, si existe la voluntad política para lograrlo.

 

* Renata Terrazas es investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

 

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