El confinamiento ha incrementado las ganancias de las empresas de la economía digital, pero los derechos de sus trabajadores continúan siendo ignorados. Los mal llamados “socios” de Uber y Didi cumplen jornadas de trabajo extenuantes, pasan horas bajo el sol y la lluvia y ponen en riesgo su vida sin contar con algún tipo de derecho laboral. No hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay derechos de maternidad ni mucho menos algún reparto de las utilidades de las grandes compañías sobre cuyas ganancias, por cierto, el Estado mexicano no recibe ni un centavo a través de impuestos.

El crecimiento de la economía digital no puede continuar dependiendo de la explotación de las y los trabajadores. Bajo la excusa de ser un modelo de negocios innovador y más flexible, las grandes compañías han escapado de las regulaciones laborales a pesar de que sus ganancias dependen de las horas de trabajo de miles de personas alrededor del mundo. En cambio, en muchos países donde operan las empresas que nos “conectan” con repartidores y choferes, las discusiones han girado en torno a cómo lograr que los “socios” paguen impuestos sobre los pocos ingresos que perciben. En México, por ejemplo, desde 2019 los trabajadores de Uber y Didi cuentan con un esquema fiscal que se parece mucho a las personas “freelance” de otros sectores económicos, pero el reconocimiento de cualquier derecho laboral ha sido simplemente ignorado.

Gracias a la presión social y las exigencias de muchas personas trabajadoras, este modelo global ha comenzado a cuestionarse, y nos revelan la posibilidad de implementar soluciones nacionales a un problema global. La semana pasada, una corte en San Francisco ordenó a Uber y Lyft (una empresa de transporte que aún no llega a México) clasificar a los socios de estas plataformas como trabajadores formales y otorgar prestaciones laborales. La reacción del dueño de Uber no se hizo esperar, y en esta columna anunció que esta reclasificación obligaría a suspender por un tiempo sus operaciones en California y que, en todo caso, este cambio implicaría un incremento en el costo de todos sus servicios– quizás porque no está dispuesto a reducir sus ganancias.

Como cualquier caso judicial, aún es necesario esperar un poco más de tiempo para conocer el desenlace final. De cumplirse el fallo, contaremos con un antecedente muy importante que nos debería obligar a presionar a nuestras autoridades laborales para poner freno de mano a la explotación de las y los trabajadores mexicanos. La economía digital, por más novedosa que sea, no puede desconocer los derechos que nos ha costado tanto tiempo alcanzar.

* Iván Benumea es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.