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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
Dieg de la Mora nos cuenta que según la Constitución los recursos del país se administrarán con eficiencia, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
31 de agosto, 2012
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Por: Diego de la Mora Maurer

 

El artículo 134 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos establece que “los recursos económicos de los que dispongan la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Estas características, que son parte del paradigma de la gestión pública y que representan un marco de utilización de recursos financieros y materiales para la obtener resultados en un contexto de austeridad y efectividad, sólo adquieren sentido cuando se les dota de contenido. En el caso del Estado mexicano, dicho contenido está determinado por otro artículo de la Constitución, el primero, que después de reformado establece que todas las autoridades tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El cambio de sexenio es una oportunidad más para que quienes diseñan las políticas y presupuestos públicos en México incorporen la perspectiva de derechos humanos desde la base. Aunque parece haber un acuerdo en la sociedad mexicana y entre las fuerzas políticas para avanzar a un Estado en el que la ciudadanía goce de todos sus derechos, lo que no queda claro es cómo son las políticas y los presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos. Vaya, ¿cómo tienen que estar diseñadas? ¿Cuáles son los mecanismos para implementarlas? ¿Cómo puede evaluarse si una política pública tiene esta perspectiva? ¿Cómo deben ser un presupuesto público que refleje políticas públicas con esa perspectiva?

A pesar de que existen otras fuentes del derecho internacional de los derechos humanos que amplían las obligaciones del Estado mexicano, los principios para su cumplimiento a través de las políticas y presupuestos públicos se expresan de manera precisa en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas […] especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

La incorporación de la perspectiva de derechos humanos en las políticas y los presupuestos públicos implica empezar por diseñar las herramientas de gestión pública (planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales, reglas de operación de programas, matrices de marco lógico o marcos de política pública) a partir de las obligaciones, componentes, principios y elementos esenciales de los derechos humanos. Si el plan nacional de desarrollo, por ejemplo, se diseña con una perspectiva de derechos humanos y los objetivos de esta administración sexenal se orientan a cumplimiento de derechos, los recursos con los que cuenta el Estado podrán orientar se de manera más ordenada hacia esos objetivos.

De manera similar, para incorporar la perspectiva de derechos humanos en el presupuesto público, el principio de la utilización del máximo de recursos disponibles (económicos, técnicos, legislativos y de otras índole) implica garantizar que se están ingresando todos los recursos fiscales posibles de manera progresiva (quién tiene más aporta más), así como resolver problemas de subejercicios, de fugas en el gasto de recursos y, sobre todo, priorizar la asignación de recursos para asegurar que se gaste suficientemente en el cumplimiento de derechos.

Esto a su vez requiere de dotar con el contenido de derechos a las características del gasto público especificadas en el artículo 134 de la Constitución: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Y estas características indispensables no pueden ser comprendidas sólo en términos de austeridad y uso eficiente de los recursos, sino que los recursos públicos deben servir para materializar los elementos de los derechos humanos tales como la aceptabilidad, la calidad, la disponibilidad y la aceptabilidad de los servicios y los bienes que provea el Estado para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

 

Diego de la Mora Maurer (@diegodelam), es coordinador del área de Presupuestos y Políticas Públicas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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