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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El bote pateado de la justicia penal
Por increíble que parezca, a cinco años de haberse publicado la reforma a la justicia penal, las bases que darán el sustento legal y jurídico a este nuevo sistema siguen aún en discusión en el Congreso.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
31 de julio, 2013
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Por: Miguel Moguel 

Desde 2008, la Justicia Penal en México tiene un nuevo orden. Las reglas del juego cambiaron en aras de brindar un mayor respeto a los derechos de las víctimas y de las personas acusadas, pero también con el firme propósito de combatir la ineficiente impartición de justicia y las violaciones a estándares mínimos de debido proceso y juicio justo. Lo anterior implica una serie de desafíos que sus operadores jurídicos (entiéndase policías —municipales, investigadoras y ministeriales—, defensores públicos o de oficio, ministerios públicos y jueces penales) habrán de resolver en el corto plazo, ya que la fecha última para la implementación del nuevo sistema de justicia expira en junio de 2016.

A pesar de la relevancia de dicha reforma, su puesta en marcha es y sigue siendo un problema, que lejos de resolverse o de atenderse adecuadamente se ha pospuesto de forma indefinida.

Sin duda el primero de los retos en la transformación de este nuevo sistema tiene que ver con el cambio en el formato de quienes lo operarán. En este sentido, la formación y la capacitación de sus operadores se hace un desafío imprescindible. Otro reto tiene que ver con dotar a este nuevo sistema de la infraestructura adecuada y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan eficientar su funcionamiento y hacer más cercana y confiable la impartición de justicia a la ciudadanía. En fin, podría continuar enumerando los desafíos pendientes pero no es mi propósito aquí. Me concentro en una preocupación que me parece primordial y que apela al marco normativo que le da sustento.

Como decía al principio, las reglas del juego cambiaron para la justicia penal. Y por increíble que parezca, a cinco años de haberse publicado esta reforma las bases que darán el sustento legal y jurídico a este nuevo sistema siguen aún en discusión en el Congreso. Hablo principalmente de dos grandes reformas: la de la Ley General Penal (LGP) y la del Código de Procedimientos Penales Único (CPPU).

La LGP no tiene para cuándo ser discutida. Y es que concentra posiciones encontradas de actores que, por un lado, sostienen la importancia de avanzar en la unificación de la tipificación de los delitos y las penalidades y por el otro, de aquellos que se oponen a soltar el control sobre la tipificación de determinados delitos y sostienen la relevancia de agravar las penas como incentivo para una mejor seguridad y justicia. El derrotero que tendrán en el futuro próximo estas discusiones es aún incierto.

En cuanto al CPPU, su relevancia se encuentra depositada en la posibilidad de unificar los criterios para la aplicación de la Ley General Penal, así como de hacer operativos los principios de derechos humanos en el proceso penal (como la presunción de inocencia, la participación activa de las víctimas y el uso excepcional de la prisión preventiva) y con ello dar certeza y claridad a las víctimas y personas acusadas. Una base normativa común que permitiría impulsar de mejor forma la instrumentación del sistema de juicios orales. Su retraso resulta ahora significativo —aunque la semana pasada fuimos testigos de un importante avance en la aprobación de una iniciativa de reforma Constitucional que le otorgaría al Congreso de la Unión la facultad de expedir un código para todo el país. Dicha iniciativa habrá de pasar primero por los Congresos estatales para su eventual aprobación—.

A cinco años de haberse decretado un nuevo orden para la justicia penal en México, es innegable el rezago en el que se encuentra su implementación. Todos patean el bote y la posibilidad de proveer un verdadero acceso a la justicia —sin discriminación y con una perspectiva de derechos humanos y de género— sigue siendo hoy un desafío que no tiene para cuándo concretarse.

 

* Miguel Moguel es investigador del área de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

 

 

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