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El costo de buscar en un país de personas desaparecidas
La inacción y omisión en la protección de quienes realizan labores de búsqueda genera que la deuda del Estado mexicano sea cada vez mayor, y que los impactos ante la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las familias de las 89,716 personas desaparecidas y no localizadas al día de hoy sean aún más profundos y complejos de afrontar.
Por Natalia Pérez Cordero
22 de julio, 2021
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La semana pasada supimos de la ejecución de Gladys Aranza Ramos Gurrola, quien, a raíz de la desaparición de su esposo Brayan Omar Celaya en diciembre del 2020, era integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras de Sonora”. Aranza Ramos era una mujer de tan sólo 28 años de edad, madre de una niña de casi 2 años, quien vio transformada su vida personal y familiar para convertirse en una activista tras la desaparición de su esposo. Junto con su colectivo se dio a la tarea de buscar en el estado del norte hasta encontrar fosas clandestinas, con la esperanza de que alguna de las personas ahí halladas fuera su esposo. Cabe decir que no es la primera ocasión que este colectivo sufre actos de intimidación; anteriormente una de sus líderes y fundadoras, Maryté Valadez Kinijara, tuvo que desplazarse fuera del estado debido a que recibió amenazas de muerte a consecuencia de la ardua labor de búsqueda, que realizan muchas veces en suplencia del propio Estado.

Desde que la desaparición de personas comenzó a ser una política de Estado, en la década de los sesenta, las familias fueron las primeras en emprender las búsquedas para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Desde entonces la impunidad estaba inserta en las diversas instituciones, lo que evitó investigaciones inmediatas seguida de la falta de localización de las personas desaparecidas y, aún hoy, la ausencia de justicia absoluta en estos casos. Pese a ello, ha sido el impulso de las familias, en su mayoría representadas por mujeres, quienes no sólo han liderado las búsquedas en vida y en muerte de sus familiares desaparecidos, sino que han impulsado la transformación del aparato estatal para atender estos casos que desde 1964 1 no han cesado.

Gracias a ellas, México cuenta desde el año 2017 con una normativa especializada en materia de prevención, investigación, sanción y reparación para víctimas del delito de desaparición forzada, desaparición por particulares y otros delitos vinculados; gracias a su permanente exigencia existen también instituciones especializadas, como las Fiscalías Especializadas en materia de desaparición y Comisiones de Búsqueda estatales y una nacional; y ha sido gracias a su perseverancia que está a punto de instalarse el grupo de personas expertas que coordinará al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, en un esfuerzo nuevo de devolver a casa a miles de personas desaparecidas que podrían estar como personas fallecidas sin identificar en los servicios forenses del país.

Sin embargo, todos estos esfuerzos y lucha no han sido suficientes, por un lado, para prevenir nuevas desapariciones y, por el otro, para garantizar que las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, que en principio es una obligación del Estado mexicano, puedan realizar esta labor sin temor a sufrir un atentado y con todas las medidas de protección y seguridad que corresponden, a fin de evitar que actos atroces como el asesinato de la activista y buscadora Aranza Ramos sigan ocurriendo.

Para efecto de hacer memoria y no olvidarles, nombramos los casos de Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 en el estado de Chihuahua mientras exigía justicia por su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, desaparecida y posteriormente encontrada víctima de feminicidio; a Nepomuceno Moreno Núñez, quien buscaba justicia por el secuestro de su hijo Mario Moreno, pero fue asesinado el 28 de noviembre del 2011 en Hermosillo, Sonora; a Sandra Luz Hernández, privada de la vida el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa, por buscar a su hijo Edgar García Hernández, y a la activista y fundadora de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en San Fernando, Miriam Rodríguez, quien fue ejecutada el 10 de mayo de 2015 en Tamaulipas, presuntamente por uno de los secuestradores y feminicidas de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Todas ellas asesinadas por la misma razón, la búsqueda de justicia y la falta de respuesta oportuna por parte del Estado.

Sus historias dan muestra no sólo de la impunidad que envuelve a estos casos, sino de la labor de riesgo que enfrentan las familias en la búsqueda de verdad y justicia ante la falta de respuestas oportunas por parte del Estado para encontrar con vida y de forma inmediata –principios básicos de la ley general en la materia– a sus familiares, y para sancionar a los responsables de dichas desapariciones. A su vez, sus asesinatos buscan tener un efecto inhibidor sobre otras personas que hacen labores similares.

Es por ello que, desde su creación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda incluyó en su capítulo quinto, artículos que señalan diversas medidas de protección urgentes que se podrán otorgar a las personas involucradas en la búsqueda, tales como apoyo de fuerzas de seguridad en las tareas de búsqueda en campo, protección e instalación de sistemas de seguridad en inmuebles, reubicación temporal, dotación de equipo celular, entre otras. También, el artículo 153 obliga a las Fiscalías Especializadas a establecer programas de protección para las víctimas, familiares y “toda persona involucrada” tanto en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, como en la investigación o proceso penal de casos de desaparición. Aunado a lo anterior, parte de los principios rectores de esta ley son la máxima protección y la verdad, cuya esencia de ambos es la obligación de adoptar y aplicar las medidas que proporcionen la protección más amplia para garantizar la seguridad y bienestar físico y psicológico de las víctimas y sus familiares.

Por su parte, la normativa internacional, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, también ordena al Estado mexicano a tomar las medidas adecuadas para asegurar la protección de denunciantes, testigos, y las y los allegados de la persona desaparecida y quienes le defienden, así como de quienes participen en la investigación. Asimismo, los Principios Rectores de Búsqueda del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada señala en el principio 3 que la búsqueda debe regirse por una política pública integral que contemple medidas de protección para las víctimas, y el principio 14 determina que la “búsqueda debe realizarse en condiciones seguras”, refiriendo, incluso, a que el Estado debe permitir y facilitar medidas no estatales de protección.

Frente a este panorama es claro que el problema de seguridad y la falta de protección a las familias de personas desaparecidas en las labores de búsqueda que realizan no está en la normativa, sino en su implementación efectiva. México cuenta con los estándares normativos tanto nacionales como internacionales para prevenir que estos casos ocurran; sin embargo, casos como el de Aranza muestran que la norma no se está implementando lo suficiente para lograr prevenirlos, dejando en la orfandad a las y los hijos de personas desaparecidas, como la hija de Aranza y Brayan, o generando temor o inhibición en otros colectivos para realizar lo que hasta ahora el Estado no ha logrado: la localización inmediata de las personas desaparecidas y la sanción de las personas responsables. La inacción y omisión en la protección de quienes realizan labores de búsqueda genera que la deuda del Estado mexicano sea cada vez mayor, y que los impactos ante la falta de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las familias de las 89,716 personas desaparecidas y no localizadas al día de hoy, sean aún más profundos y complejos de afrontar.

Con este texto buscamos honrar la memoria de todas aquellas personas activista y defensoras cuyas vidas se han convertido en una lucha constante y permanente para transformar la impunidad que impera en este país,  para visibilizar que aún queda mucho trabajo por delante para evitar que personas sigan desapareciendo, y un llamado para la protección de quienes han tenido que reconfigurar sus vidas para buscar a sus seres queridos desaparecidos, para que puedan hacerlo sin ningún temor o riesgo de vida.

* Natalia Pérez (@NataliaCordero9) es investigadora en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

 

1 El caso de mayor larga data registrado en la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es del 03 de marzo de 1964

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