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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El costo de legitimarse
La asignación de recursos a la publicidad oficial es discrecional y arbitraria, lo que implica violaciones constantes a los derechos de libertad de expresión y a la información.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
10 de abril, 2013
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Por: Mariana González Armijo

En la pasada campaña presidencial el tema del gasto en publicidad oficial cobró importancia. Hubo álgidas discusiones entre los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, en torno a los montos de los gastos en dicho rubro durante sus gubernaturas en Distrito Federal y Estado de México, respectivamente.

Las discusiones sentaron tal precedente que en el Pacto por México, presentado por el electo presidente Enrique Peña Nieto, el tema de transparentar el gasto del Estado en publicidad oficial quedó plasmado en el compromiso 95. Dicho tema también se enmarca en la actual discusión de la reforma de telecomunicaciones.

El debate se ha centrado en la falta de transparencia en cuanto a los montos y el uso de la publicidad oficial. Esta publicidad oficial se refiere a los espacios que los gobiernos compran o a los cuales acceden de manera gratuita en todos los medios de comunicación para anunciarse e informar a la ciudadanía. ¿Cuántos espectaculares de gobernantes y políticos encontramos dispersos por las ciudades? ¿Cuántas notas de periódicos y spots de radio leemos y escuchamos diariamente elogiando figuras políticas y partidos políticos?

Los medios de comunicación son pilares de la democracia, ya que nutren el debate público, promueven la pluralidad y vigilan a los gobiernos. Los recursos que los estados utilizan para todos estos spots, espectaculares y notas propagandísticas son públicos. Los gobiernos tienen la obligación de rendir cuentas sobre el uso de estos recursos. Para esto, hacen falta mecanismos para que los gobiernos reporten cuánto dinero han gastado, con qué proveedores y los objetivos que los mueven. Sólo de esta manera se puede transparentar la relación financiera entre el Estado y los medios. También hacen falta criterios claros para el uso de estos recursos.

En este sentido, las organizaciones Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19 presentan la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial (la primera fue presentada en febrero del año pasado) con el estudio El costo de la legitimidad: El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas.

A través de un minucioso análisis de la información otorgada (o no) por los gobiernos de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, estas organizaciones encontraron lo siguiente:

  • En 2010 y 2011, cerca de las dos terceras partes de los estados sobreejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial (ver Fig. 1).

Fundar tabla publicidad oficial

Fuente: Dupuy, J. y Ruelas, A. (2013) “El costo de la legitimidad: El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas, p. 42.

 

  • En 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos (mdp). Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 mdp).
  • Más de la mitad de los estados violan el derecho de acceso a la información al no proporcionar datos suficientes sobre sus gastos en publicidad oficial
  • El crecimiento del gasto en publicidad oficial es constante: se duplicó el gasto en publicidad oficial de 2005 a 2011 en 15 entidades.
  • La distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa. La televisión y la prensa escrita son los medios más beneficiados. Hay estados que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión.

Una de las conclusiones es que la asignación de recursos a la publicidad oficial es discrecional y arbitraria, lo que implica violaciones constantes a los derechos de libertad de expresión y a la información. El gobierno tiene pendiente sacar adelante la reforma del Art. 134 Constitucional, el cual, entre otras cosas, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos. Este año se avecinan elecciones en catorce entidades, por lo que el uso de los recursos para publicidad tendrá que ser monitoreado y transparentado.

El derecho de acceso a la información pública permite que se cumplan otros derechos humanos y es el primer eslabón hacia una efectiva rendición de cuentas. Solamente con transparencia se puede garantizar que las autoridades funcionen adecuadamente. La democracia se construye con información y debate, no con propaganda y simulación.

* Mariana González Armijo, investigadora del área Transparencia de Fundar.

 

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