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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El desastre natural del FONDEN
Ante un escenario en el que fluyen cuantiosos recursos y existe muchas urgencias y pocos controles, algunos vivales han encontrado un abanico de ventajas para hacer leña del árbol caído. La necesidad puede generar incentivos para la corrupción.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
3 de octubre, 2013
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Por: Oscar Arredondo

Isidore, Wilma, Stan, Matthew, Bárbara, Ingrid y Manuel son los nombres de una serie de calamidades que han desfilado por nuestro país y han marcado profundas huellas en millones de mexicanos —en su mayoría en condiciones de pobreza o pobreza extrema—. Para enfrentar este tipo de contingencias, el gobierno hace uso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un mecanismo interinstitucional previsto para actuar ante la urgencia y atender los daños con inmediatez (recursos extraordinarios y acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno). No obstante, su implementación presume la consecución de otra serie de desgracias, como la corrupción, la negligencia y la indiferencia.

Los daños de los desastres y la desgracia humanitaria que deviene en consecuencia requieren de acciones emergentes que no pueden esperar. Por medio del FONDEN se instrumenta un protocolo administrativo para que en plazos cortísimos se evalúe la afectación y se disponga de los recursos humanos, materiales y económicos con el fin de atender directamente a la población, restablecer los servicios básicos y reconstruir la infraestructura pública dañada. Estas acciones aceleradas y emergentes implican que las dependencias y entidades hagan en cuestión de pocos días lo que en condiciones normales les llevaría meses de trabajo. Ante un escenario en el que fluyen cuantiosos recursos y existe muchas urgencias y pocos controles, algunos vivales han encontrado un abanico de ventajas para hacer leña del árbol caído. La necesidad puede generar incentivos para la corrupción.

Los malos manejos de los recursos del FONDEN se pusieron claramente en evidencia en 2005, cuando las irregularidades llegaron a tal grado que la Secretaría de la Función Pública destituyó, multó e inhabilitó a quien fuera la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel, junto con un par de subalternos de la Dirección General del FONDEN. Y todo parece indicar que de no aplicarse los controles necesarios, se seguirán presentando las prácticas que suponen abusos en el destino de los recursos.

El catálogo de irregularidades queda perfectamente ilustrado en el último informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que auditaron los recursos autorizados para la atención de desastres naturales en el estado de Chiapas, en 2010 y 2011, y que ascendieron a casi tres mil quinientos millones de pesos. El informe habla por sí solo: desde el principio las solicitudes de recursos y los diagnósticos de daños se presentaron con desfases de hasta 27 días, cuando el plazo es dos días hábiles. La modificación al calendario ocasionó que las aportaciones al estado de Chiapas se realizaran hasta 139 días hábiles después del plazo establecido, lo que afectó el inicio de obras y acciones —en contravención del principio de inmediatez—.

La ASF revisó 99 contratos de obra pública con particulares por mil millones 712 mil pesos que se adjudicaron en forma directa (sin licitaciones). Lo cual es grave si tomamos en cuenta que no se encontró evidencia de la documentación que acreditara que las empresas contratistas contaban con la capacidad técnica, así como con los recursos materiales y humanos para realizar las obras adjudicadas. Tampoco contaban con el currículum en donde se acreditara la experiencia de las empresas, su especialidad, experiencia y capacidad. Además, en 47 casos no se integró la información y documentación que acreditara la existencia legal de las empresas contratadas, el nombre de sus apoderados legales o su personalidad jurídica.

De las irregularidades que constan en el informe resaltan obras inconclusas o de mala calidad, falta de datos, cancelación de obras, falta de informes, atrasos hasta por 730 días naturales, así como cuentas ociosas que no se aplicaron para mitigar los daños ocasionados. La ASF también hizo inspecciones físicas en ocho obras: en seis se presentaron atrasos en su ejecución y en otras tres las lluvias de la temporada siguiente las afectaron seriamente.

Es muy preocupante lo que la ASF pone en consideración del Congreso de la Unión en su último informe. Sin embargo, puede interpretarse como una oportunidad para que esta nueva administración implemente un sistema confiable de rendición de cuentas; sobre todo ante la dramática situación que se vive en Guerrero y en otros estados afectados seriamente por ‘Manuel’ e ‘Ingrid’. Es indispensable que el manejo de estos recursos esté blindado: debemos contar con mecanismos de contrapeso en el control y detección de abusos e irregularidades. No se puede tolerar la corrupción y el abuso de poder en ningún caso, pero mucho menos cuando un grupo de personas pretende enriquecerse con la tragedia de otros.

 

*Oscar Arredondo es investigador del área de Presupuesto de Fundar.

 

 

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FONDEN. Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el Estado de Chiapas. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-06100-02-0035 GB-049

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