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El diablo se esconde en los detalles: el fideicomiso en el caso Operación Nissan II
Los fideicomisos en México representan altos riesgos de que grandes cantidades de recursos públicos se ejerzan discrecionalmente pues su transparencia y fiscalización sigue siendo mínima.
Por Sarahí Salvatierra
13 de febrero, 2020
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En muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de incrementar la transparencia, la vigilancia y rendición de cuentas de los fideicomisos, herramientas que pueden ser útiles para la vida pública del país, pues permiten la adecuada administración y planeación de los recursos públicos para fines importantes o primordiales, pero sin fiscalización ni suficientes controles pueden ser usados para fines privados o ilegales. Los Fideicomisos en México representan altos riesgos de que grandes cantidades de recursos públicos se ejerzan discrecionalmente pues su transparencia y fiscalización sigue siendo mínima, además no se ha revisado a detalle el funcionamiento de estas figuras, en donde pueden esconderse disposiciones que contravengan las reglas del uso de recursos públicos.

A finales del año pasado se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que supone nuevos candados para que los fideicomisos cumplan con las reglas de disciplina y fiscalización del gasto, como la prohibición de la creación de nuevos fideicomisos si no están establecidos en ley. Si bien este tipo de acción supone un avance en un tema tan complicado, lo cierto es que aún están vigentes más de 372 fideicomisos públicos a nivel federal, con más de 973 mil millones de pesos, de los cuáles aún sabemos poco sobre sus operaciones y el destino de sus recursos; sin contar los creados en las entidades federativas, y los privados que escapan del régimen de vigilancia de la Ley de Austeridad, y de los cuales no se tiene certeza de cuántos existen o para qué están siendo utilizados y cómo se ejercen.

La falta de seguimiento a sus formas de operar, así como el destino real de los recursos o verificación sobre el cumplimiento de fines, propicia que los fideicomisos sean utilizados para fines distintos para los cuales fueron creados o con procedimientos fuera del marco de la ley1. Un ejemplo reciente se evidenció en la investigación Operación NISSAN II”, presentada este domingo en Proceso, conforme a la cual el estado de Aguascalientes logró que la empresa NISSAN instaurara una planta automotriz, un proyecto amplio e importante de inversión, para impulsar el desarrollo económico de la entidad, y en el cual están están involucrados los fideicomisos.

En la investigación se muestra que se recurrió a un fideicomiso local, Fideicomiso de Inversión y Administración para el desarrollo económico del Estado de Aguascalientes (FIADE), para comprar los terrenos para la instalación de la planta. Además, a partir de una solicitud de información2, se puedo advertir que el crédito que contrató el estado de Aguascalientes para facilitar la instalación de NISSAN involucró un fondo público federal, Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad, cuyo fin es apoyar la infraestructura de seguridad pública en las entidades federativas.

Al revisar a detalle sus reglas de operación, saltan a la vista las posibles irregularidades y riesgos con los que se podrían manejar los recursos públicos. Conforme a su contrato, convenio y reglas de operación, el FIADE toma sus decisiones a través de un Comité Técnico que está integrado, 50% por representantes del Gobierno y el 50% por representantes de la iniciativa privada. Además, permite la recaudación del impuesto sobre la nómina de todo el estado de Aguascalientes para incrementar su patrimonio, hasta por un periodo de 20 años. Lo anterior puede contravenir los principios constitucionales de anualidad, presupuestación, administración y transparencia que rigen el ejercicio de recursos públicos; pues al ejercerse a través de un fideicomiso, estos ingresos quedan indisponibles para la entidad porque pueden incorporarse en cualquier momento al fideicomiso y limitan la facultad de Poder Legislativo de presupuestarlos, pues traslada funciones relativas a las finanzas públicas a representantes de la iniciativa privada, lo que puede transgredir el contrapeso que debe ejercer el legislativo.

Aunque la atracción de inversión para el desarrollo económico es una actividad primordial para cualquier entidad federativa, la forma en que se realiza tendría que apegarse ampliamente a las reglas que rigen a los recursos públicos, aún más si estas operaciones se realizan a través de fideicomisos, pues la mala gestión o poca transparencia y rendición de cuentas podría afectar las finanzas de la entidad y la estabilidad económica de sus habitantes.

Desde Fundar hemos resaltado la necesidad de mayor observación, vigilancia y control para que estos instrumentos financieros sean utilizados adecuadamente. Por ejemplo, se requiere más información, veraz y oportuna, sobre la toma de decisiones respecto al uso y destino de los recursos públicos. Además, es necesario mayor seguimiento sobre su funcionamiento y el impacto que tiene en fines de interés público. Actualmente estamos colaborando en el Cuarto Plan de Acción 2019-2021 de la Alianza para el Gobierno Abierto, para impulsar la mejora de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los fideicomisos públicos federales, para evitar que el diablo se siga escondiendo en los detalles de estos instrumentos y sean usados para fines privados o ilegales.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

 

1 Como sucedió en Puebla, con el caso del fideicomiso denominado Evercore, a través del cual se captaban recursos públicos de manera indefinida para beneficiar a intereses privados, dejando fuera del ámbito público el seguimiento de sus operaciones. Ver opinión de Ricardo Raphael “Fideicomiso Evercore-Puebla” aquí.

2 Solicitud folio No. 00528619, resolución al recurso de revisión R.R 464/2019, emitida por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

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