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El ejercicio de poder en la “construcción” de la memoria histórica
“Conocer tu historia para no repetirla”, reza el dicho; sin embargo, en México este año atestiguamos el cierre de la galería Uno del Archivo General de la Nación, la cual contiene los archivos de la guerra sucia, periodo de abuso de poder por parte del gobierno en donde se usaron las fuerzas públicas del Estado para reprimir la protesta de quienes se atrevieron a confrontarlo.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
25 de junio, 2015
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Por: Renata Terrazas (@Renaterra_zas)

La Historia la escriben los vencedores, señala la conocida frase. Aquello que percibimos del pasado es la interpretación de quienes lograron imponer su versión de los hechos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de formular distintas apreciaciones en la medida en la que los archivos, como depositarios directos y fuentes de la memoria histórica, se encuentren a disposición de un público amplio. En un régimen democrático y con interés por un verdadero rescate de estos registros, esto tendría que ser una realidad.

Cada régimen político tiene una marcada intención de controlar el discurso y de imponer su “verdad histórica”. Mediante el monopolio de la verdad buscan construir una consciencia histórica adecuada a sus intereses y a su visión de Estado. Esta tendencia es notoria ante hechos en donde se pugna por imponer una visión, una construcción identativa de país o por el ejercicio del poder mismo. Ante guerras, civiles y facciosas, quien vence construirá su “verdad” desde sus principios, desde su visión. La visión del vencedor.

Es característica de los regímenes autoritarios controlar la construcción de la memoria mediante el acceso a la información; es decir, la reconstrucción permisiva del acto. En Estados donde el poder se ejerce desde parámetros de control absoluto, es común que se derive en acciones violatorias de derechos sobre aquellas personas que protestan, que confrontan al régimen para exigir derechos y mayor participación.

La historia latinoamericana está plagada de experiencias en donde dictaduras y otras formas de gobiernos autoritarios aplastaron a la oposición, mediante encarcelamientos arbitrarios, amenazas, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. En México vivimos experiencias similares, el 68 y la guerra sucia de los años setenta son los ejemplos más vivos en nuestra memoria.

Lo que sabemos hoy de esa época es mucho mayor que lo que entonces se conocía. El discurso oficial trató de imponer su versión: fueron pocos los muertos, los estudiantes comenzaron el ataque, eran una amenaza para la paz, eran comunistas, eran terroristas, no hay tortura en México y mucho menos desapariciones forzadas.

Con los años, el discurso de los vencidos, de aquellos que protestaron y se enfrentaron al sistema, fue ganando fuerza y logró contrarrestar el discurso de gobierno al grado de que en el imaginario colectivo se comenzó a dudar de la veracidad del discurso oficial. Sin embargo, a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en México prevaleció la impunidad: el patrón es la inexistencia de investigaciones en contra de los servidores públicos involucrados, sobre todo los de alto nivel y, como consecuencia legal, la falta de sanción, la falta de reparación del daño a las víctimas, y como lo estamos atestiguando en la actualidad, tampoco existe la garantía de la no repetición de los hechos.

El olvido oficial

“Conocer tu historia para no repetirla”, reza el dicho; sin embargo, en México este año atestiguamos el cierre de la galería Uno del Archivo General de la Nación, la cual contiene los archivos de la guerra sucia, periodo de abuso de poder por parte del gobierno en donde se usaron las fuerzas públicas del Estado para reprimir la protesta de quienes se atrevieron a confrontarlo.

El artículo 27 de la Ley Federal de Archivos prevé la existencia de la figura del llamado “archivo histórico confidencial”, lo cual es un contrasentido, ya que en principio el archivo histórico es de consulta pública, por lo que no puede existir clasificación alguna bajo los parámetros de confidencialidad.

El archivo histórico es aquel que contiene información de trascendencia para el país, ya sea que guarde la memoria institucional o, como en este caso, dé cuenta de sucesos relevantes en el desarrollo político o social del país.

Hoy atravesamos por un momento crítico en el desarrollo del país, en donde observamos la comisión de violaciones graves a derechos humanos, como casos de tortura (señalados incluso por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos), desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

¿Qué hay en la Galería Uno que probablemente nos haga construir una visión distinta sobre lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son las coincidencias de ambas épocas que nos harían pensar que lo que hoy vivimos se asemeja a las estrategias empleadas en la guerra sucia?

Frente a una época en donde la ciudadanía no cree en sus autoridades y en la que nos encontramos una extendida crisis de legitimidad, resulta imprescindible atender la impunidad que atenta contra el derecho de las víctimas y sus familias, y contra la sociedad entera; no hay forma de asegurar la no repetición de los hechos si no se castiga a los perpetradores, y no se repara a las víctimas; eso jamás sucederá si no podemos conocer la información.

Por ello, abrir la Galería Uno del Archivo General de la Nación y lograr las modificaciones legales necesarias para eliminar la figura del “archivo histórico confidencial”, son pasos necesarios para asegurar una construcción de la memoria histórica que incorpore todas las voces, que en un régimen democrático es una obligación.

 

* Renata Terrazas es investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas

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