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Res Pública
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El Estado cuestionado sobre la desaparición de migrantes
Sin duda es una buena noticia el compromiso del gobierno de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia para víctimas y familiares de migrantes extranjeros desaparecidos. Sin embargo, hay que estar alertas por las críticas que el gobierno mexicano ha hecho frente a las conclusiones tanto del Comité de Desapariciones Forzadas como del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, las cuales hacen entrever que la preocupación por la imagen del país todavía supera el compromiso real con los derechos humanos.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
26 de marzo, 2015
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Por: Jose Knippen

En gran parte de México se vive una grave crisis de desapariciones generalizadas, esto concluyó en febrero de este año el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Mes y medio después, en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también se cuestionó al Estado mexicano, en particular sobre la situación de personas migrantes en México, quienes corren riesgos elevados de desaparecer en nuestro país. Las respuestas oficiales a las críticas y recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, difícilmente convencerán a las víctimas y las organizaciones que apoyan su lucha.

A pesar de que fue la primera vez que México compareció ante el Comité de Desapariciones Forzadas (CED), las conclusiones y recomendaciones no pueden haber llegado como una sorpresa en un contexto del caso grave e irresuelto de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Guerrero. Las observaciones finales al informe que rindió el Estado van en el sentido de asegurar mecanismos de búsqueda de las personas y políticas que garanticen la prevención, investigación y sanción de los casos. Asimismo, la situación de personas migrantes desaparecidas, en particular migrantes menores de edad, fue motivo de crítica del Comité. Sin embargo, el gobierno a través de la Cancillería no tardó en emitir un comunicado expresando su desacuerdo.

El gobierno en su informe ante la CED anunció que está trabajando en el diseño de un mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia. El hecho que las víctimas generalmente viven en otro país representará un desafío enorme, pero no puede traducirse en la violación a los derechos a la justicia y a la verdad de las personas. Por lo tanto, el CED enfatizó que dicho mecanismo transnacional debe garantizar la búsqueda de las personas, la identificación y restitución de restos en su caso, el intercambio de información forense y la posibilidad efectiva de las víctimas para obtener información y participar.

En cuanto a la prevención, son de suma relevancia los registros precisos y actualizados de personas privadas de la libertad. Actualmente no existe claridad sobre los avances en la elaboración de dichos registros y más importante aún, si estos incluyen a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, un sistema por el cual según datos oficiales se detuvieron a 127.149 personas migrantes solamente en el año 2014.

En la audiencia “Acceso a la justicia para personas migrantes en México”, llevada a cabo ante la CIDH el 20 de marzo pasado, con la participación de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados en las dos masacres de San Fernando y la de Cadereyta, el gobierno mexicano reiteró su compromiso de crear un mecanismo transnacional de acceso a la justicia para víctimas y familiares de migrantes extranjeros desaparecidos. Esta vez se detalló que se empezará a trabajar para que los consulados mexicanos en los diferentes países puedan atender los casos y coordinarse con otras instancias.

Sin duda es una buena noticia para las víctimas este compromiso del gobierno hecho ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH. Definitivamente merece un reconocimiento a la labor de las organizaciones que allegaron de información de primera mano a ambas instancias. Sin embargo, hay que estar alertas por las críticas que el gobierno mexicano ha hecho frente a las conclusiones tanto del Comité de Desapariciones Forzadas como del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez. Dichas las cuales hacen entrever que la preocupación por la imagen del país todavía supera el compromiso real con los derechos humanos.

Igualmente es necesario contrastar los informes brindados con otras fuentes de información, como el documento que se publicó recientemente sobre los logros del Programa Especial de Migración en 2014. En dicho documento no se reportó ninguna actividad vinculada con la búsqueda e identificación de las personas migrantes desaparecidas. Esperamos que las declaraciones hechas ante instancias internacionales sean acompañadas de la voluntad política suficiente, en un contexto donde los riesgos para las personas migrantes en México parecen estar aumentando constantemente.

 

 

 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (FJEDD) / Equipo Argentino de Antropología Forense / Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos – El Salvador (COFAMIDE) / Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (COFAMIPRO) / Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COAMICENH) / Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG) / Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios / Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila / Centro de Derechos Humanos Victoria Diez / Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC).

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