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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El informe de gobierno: cúspide de la propaganda de Estado
El informe de gobierno del Presidente de la República nunca ha sido un ejercicio de rendición de cuentas. Poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes, menos con un ejercicio de pesos y contrapesos, ni con un acto de someterse al escrutinio público.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
25 de agosto, 2014
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Por: Justine Dupuy

A partir de este lunes 25 de agosto, en el marco de la publicidad de su segundo informe de gobierno, la imagen del Presidente de la República invadirá los medios con el objetivo de hacer la promoción de su gestión. El informe es presentado como un ejercicio de rendición de cuentas. Sin embargo nunca lo ha sido. Poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes, menos con un ejercicio de pesos y contrapesos, ni con un acto de someterse al escrutinio público.

A pesar de la transición democrática, el informe se ha vuelto el auge de la publicidad política, el paroxismo de la propaganda de Estado, apoyado por la industria de la imagen. En estos momentos clave, el discurso oficial ocupa la mayor parte de los espacios mediáticos gracias a un uso desviado de la publicidad.

La profusión de spots y anuncios dominan el espacio público. Las voces críticas desaparecen bajo esta avalancha de promoción. Pero además, el control de la comunicación y de la opinión se logra a través de un uso propagandístico, arbitrario y opaco de la publicidad oficial.

La promoción personal de nuestros representantes a través de la publicidad oficial debió desaparecer. Sin embargo, a partir de esta semana, al ver la omnipresencia de la cara de nuestro presidente, nos daremos cuenta que no ha sido así.

Esto se debe a un marco normativo esquizofrénico. En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) en su artículo 242 párrafo 5 establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe. Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Recientemente, el gobernador de Coahuila se comprometió públicamente a no publicitar su imagen en el marco del informe propio que tendrá lugar en noviembre de este año, y a difundir información útil para la ciudadanía. Pero son muy pocos los funcionarios públicos que han renunciado a esta costumbre, y la mayoría transforma su informe en un momento de propaganda personalizada. Sólo para el mes de septiembre, están previstos siete presentaciones de informes de gobernador: Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

Para terminar con esta propaganda y empujar un verdadero debate sobre esta práctica, Fundar interpuso un amparo en contra de este artículo de la LEGIPE, amparo que fue admitido por el Poder Judicial el pasado mes de julio. Así, los jueces tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre este asunto mientras tanto, el poder legislativo como el ejecutivo no han cumplido con sus promesas y obligaciones de regular el uso de la publicidad oficial.

Pero el problema de la publicidad en el país no se circunscribe solamente a su contenido. En México, la publicidad oficial se ejerce con opacidad, sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios. Estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país y sobre la calidad de la democracia.

Es suficiente recordar lo difícil que es acceder a información detallada sobre los gastos en publicidad oficial. El año pasado, un artículo de Animal Político documenta la ausencia de información sobre los gastos ejercidos para el primer informe presidencial. No se logró llegar a una cifra clara. Según los resultados de la tercera edición del índice de acceso a los gastos en publicidad oficial en las entidades federativas, la mitad de los Estados no informan cabalmente sobre sus gastos en imagen.

Lo que sí sabemos es que este año, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prevé gastar 4,900 millones de pesos en comunicación y publicidad oficial. En efecto, según cifras oficiales reportada por la Secretaría de la Función Pública en el sistema Comsoc, el presupuesto modificado de las partidas 3600 y 33605 se eleva a 4,964,869,671.34 pesos. Y todo este dinero proveniente de nuestros impuestos se ejerce sin reglas claras porque nunca se ha regulado el uso de la publicidad oficial. Es hora que el Presidente y los legisladores cumplan con sus promesas y compromisos.

 

* Justine Dupuy es investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas

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