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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El mito de la autonomía constitucional del IFAI
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
15 de octubre, 2011
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Por: Gabriela Aguirre ([email protected]), investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar.

 

Dos de las principales deficiencias del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) son su falta de músculo para que se ejecuten sus resoluciones y se sancione a quienes no respeten el contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto no ayuda a la transparencia porque las autoridades federales y estatales han mostrado una predisposición para recurrir a todo tipo de estratagemas legales con tal de no entregar la información pública aunque los institutos de transparencia, como el propio IFAI, se los ordenen. Valdría preguntarnos entonces si es necesario otorgarle mayor certeza legal a éste y a los demás institutos estatales para que se encuentren configurados constitucionalmente como autónomos, con el objeto de que sus resoluciones sean expeditas y corrijan así las deficiencias mencionadas.

 

Hay que recordar que en el 2007 hubo una reforma al artículo sexto constitucional pero resultó insuficiente porque no obligaba legalmente a las autoridades a crear organismos constitucionales de transparencia autónomos ni les brindó a las resoluciones de éstos el carácter de inatacables (vaya, que éstas sean definitivas). A todas luces está última condición es elemental para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que todos tenemos. De hecho, veintisiete entidades federativas otorgan a sus respectivos institutos garantes esta calidad de autonomía. Contrario a esto, en Campeche y Veracruz, aunque cuentan con órganos autónomos garantes de transparencia, legislaron para permitir a las autoridades y a los ciudadanos inconformarse de las resoluciones de estos institutos ante tribunales externos. Con lo anterior, se retrasa el procedimiento, se afecta directamente el diseño institucional, se viola la Constitución y nuestro derecho a la información.

Recientemente, el grupo parlamentario del PRI presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa para dotar de autonomía constitucional al IFAI. En la exposición de motivos se explica que esto pretende ampliar el espacio de competencia del Instituto a los otros Poderes de la Unión y órganos federales, facultarlo para promover acciones de inconstitucionalidad y lograr la inatacabilidad de sus resoluciones.

 

Ahora bien, es necesario recordar que los organismos constitucionales autónomos fueron originalmente ideados como agencias estatales de contrapaso a los poderes tradicionales del Estado para que contribuyeran al control en el ejercicio del poder y representaran un modelo efectivo de rendición de cuentas. Además, al igual que en otros países, en México se les ha delegado funciones sustantivas en la consolidación democrática.

 

No obstante lo anterior, la autonomía plena puede lograrse sin que se configure forzosamente en la Constitución; más allá de ese requisito, debemos tomar en cuenta que realmente exista independencia de gestión, técnica, de decisión y presupuestaria. Lamentablemente, cada vez es más frecuente que las autoridades pasen por alto las disposiciones constitucionales para el tema de la transparencia y para otros igual de relevantes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos depende de la voluntad de los actores políticos para implementar sus recomendaciones. Por su parte, el Instituto Federal Electoral permanece secuestrado por intereses partidistas y realiza sus funciones de manera incompleta e ilegal por la omisión legislativa de nombrar a los Consejeros Electorales faltantes.

 

Así entonces, para combatir los principales rezagos institucionales del IFAI, valdría la pena considerar otros modelos. Una opción podría ser la creación de un Tribunal de la Información autónomo con la garantía constitucional de definitividad en sus resoluciones, y considerado por la Ley Suprema como máxima autoridad jurisdiccional en la materia; tal y como fue concebido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El derecho de acceso a la información nos permite mantener un diálogo constante con las autoridades y conocer las funciones que realizan a favor de los ciudadanos. Recordemos que una democracia está sustentada en gran medida en la madurez de sus instituciones y por lo tanto, es necesario fortalecer al IFAI como cimiento fundamental de la construcción democrática.

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