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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El problema es semántico
Si la SEDENA concediera que se refería a "desalentar” la delincuencia nocturna o bien, que su interés específico apuntaba hacia “derribar, doblegar o deshacer” las células del crimen organizado que operan en aquella entidad mexiquense, ¿habría alguna diferencia sobre la gravedad de los hechos donde perdieron la vida 22 civiles a manos de elementos del Ejército?
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
16 de julio, 2015
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Por: Miguel Moguel, investigador del área de derechos humanos.

¿Qué diferencia habría si la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) respondiera la solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre el sentido del término “abatir” utilizado en la orden de mando del operativo militar en el municipio de Tlatlaya, Estado de México?

Si la SEDENA concediera que se refería a “desalentar” la delincuencia nocturna o bien, que su interés específico apuntaba hacia “derribar, doblegar o deshacer” las células del crimen organizado que operan en aquella entidad mexiquense, ¿habría alguna diferencia sobre la gravedad de los hechos donde perdieron la vida 22 civiles a manos de elementos del Ejército?

¿Es tan grande la ingenuidad de esta institución que cree que la respuesta que dará la Secretaría será la de reconocer que en efecto, se refería a “aniquilar” a estas personas?  Y de ser así, de aclararse tal como el organismo público de derechos humanos lo ha solicitado–, ¿arrojaría más luz sobre la gravedad de esta ejecución extrajudicial y la responsabilidad de sus perpetradores y de sus mandos? Como si tan sólo el problema se resumiera a una “dificultad” de origen semántico.

La noticia me trajo a la memoria la declaración en 2014, del Consejero Jurídico del Gobierno del estado de Puebla José Montiel, quien durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue confrontado por organizaciones de sociedad civil sobre los hechos que tuvieron lugar en Chalchihuapan, Puebla donde perdiera la vida un menor. Cabe recordar que los hechos ocurrieron a unas semanas de haberse aprobado la #LeyBala, una ley en la entidad que permitía el uso legítimo de armas en contra de manifestantes.

El representante del estado de Puebla señaló que el problema –hablaba entonces de la imprecisión de algunos términos utilizados para la construcción del orden legal–, radicaba en las “formulaciones que están hechas en lenguaje castellano”. En concreto, el representante apuntaba hacia un problema semántico que presenta “normalmente unas ambigüedades terribles y que por consiguiente, apareja estas discusiones acerca de conceptos indeterminados… de mucha complejidad”.

Ambiguo o no el lenguaje castellano –le dejo esa calificación a lingüistas expertos–, la realidad es una  y esta involucra a distintos agentes del Estado mexicano que, con motivo de su participación –activa y en algunos casos omisa– tienen una responsabilidad objetiva en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. Pero además, por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado de cara a la comunidad internacional de respetar, proteger y garantizar el reconocimiento y ejercicio de estos derechos y libertades.

Ha pasado un año desde el enfrentamiento en Tlatlaya –ha pasado también un año desde los hechos en Chalchihuapan y casi diez meses desde los de Ayotzinapa–, y la narrativa de denuncia y exigencia de éstas y otras víctimas sigue siendo la misma a pesar del paso del tiempo: verdad, justicia y reparación.

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