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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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El regateo de septiembre
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
19 de agosto, 2011
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Por: Diego de la Mora Maurer, investigador del Área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.

 

El mes que recibe el otoño, además de regalarnos las fiestas patrias nos trae un proceso que se conoce como la “negociación presupuestaria”. El 8 de septiembre, el Ejecutivo federal entrega el Paquete Económico al Congreso de la Unión, dónde, a la vuelta de dos meses y medio, se procesa y genera el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Lo que sucede dentro del Congreso, y particularmente en la Cámara de Diputados, es un ejercicio de negociación complejo en el que intervienen distintos actores coordinados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

Según el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el PEF. Dicha facultad no se queda sólo en la aprobación del presupuesto: las y los diputados también examinan y discuten la propuesta y, de ser necesario, modifican los montos asignados (para lo cual deben señalar el origen de los fondos que financiarán sus propuestas).

 

La negociación presupuestaria que empezará en menos de tres semanas estará enmarcada en el proceso electoral que culmina con las elecciones de julio de 2012, lo cual hará que las discusiones estén permeadas por el ambiente político y que los partidos utilicen todos los medios para hacerse de la mayor cantidad de recursos. Sin embargo, existen discusiones sumamente relevantes para la sostenibilidad financiera del país que deberían tener un espacio fuera de las agendas electorales de los partidos y desarrollarse en un escenario que permita una discusión más técnica.

 

Los temas que deberían discutirse tienen que ver con el origen y el destino de los recursos públicos. La discusión sobre los ingresos volverá a ser relevante en tanto que, a pesar de que han existido algunas propuestas para incrementar los recursos tributarios, no se ha logrado realizar una reforma fiscal que permita que las finanzas públicas sean cada vez menos dependientes de los recursos que provienen de la explotación de hidrocarburos.

 

El problema que presenta una reforma fiscal integral es que nadie quiere cargar con los costos políticos que implica modificar a profundidad el sistema tributario. Una reforma de esta naturaleza tiene que garantizar que la recaudación sea progresiva (es decir, que paguen más los que más tienen) y que se amplíe la base gravable (que más personas paguen impuestos). Muy probablemente, lo que veremos durante la negociación presupuestaria es una discusión sobre cómo obtener más recursos de la manera menos costosa en términos políticos.

 

El segundo tema que tendría que discutirse durante la negociación presupuestaria es el destino de los recursos públicos y, en particular, la calidad del gasto público. Desde una perspectiva de derechos humanos, la calidad del gasto público se mide en tanto que refleja políticas públicas orientadas a la realización plena de estos derechos a partir de principios establecidos en los instrumentos internacionales.

 

El centro de la discusión tendría que ser cómo utilizar el máximo de los recursos de los que dispone el Estado mexicano para avanzar de manera progresiva en la realización de los derechos humanos. Además, tendría que asegurarse de que no existan retrocesos y que las asignaciones no discriminen a grupos de población en situación de vulnerabilidad.

 

Lo anterior plantea una serie de retos durante el proceso de aprobación del presupuesto. Para empezar, implica que el Poder Legislativo debe utilizar la información que se genera en los distintos espacios de fiscalización y rendición de cuentas que tiene el gobierno (el Sistema de Evaluación del Desempeño SED, la Auditoría Superior de la Federación ASF y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL) a la hora de discutir el presupuesto.

 

Pero además, la Cámara de Diputados podría empujar con mayor fuerza la priorización de recursos dirigidos a la realización de derechos humanos tomando en cuenta los principios mencionados anteriormente. Por ejemplo, para cumplir con el principio de realización progresiva, la Cámara debe aumentar los recursos en al menos la misma proporción que el aumento de los recursos totales. Los legisladores también tendrían que asegurarse de que no disminuyan los recursos asociados a derechos humanos (una disminución producto de la inflación puede reducir los recursos netos de un año al otro).

 

Para que la Cámara de Diputados pueda enfrentar de mejor manera la discusión del presupuesto tiene que hacerse cargo de equilibrar las asimetrías de información: aunque normalmente quienes trabajan en el Poder Ejecutivo conocen mejor el presupuesto, las y los diputados deben allegarse la información necesaria para realizar su labor de la manera más efectiva posible. Al final, quienes representan a los electores son los responsables de llevar sus voces a una discusión en la que se decide una parte muy relevante del rumbo del país. Y es nuestra labor como ciudadanas y ciudadanos exigir que se profesionalicen y discutan los asuntos relevantes más allá de intereses electorales.

 

 

*Visita el sitio “¿Y a dónde van mis impuestos?” aquí.

 

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