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Res Pública
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El Sistema Nacional de Fiscalización: más allá de las promesas
De no atender cabalmente las causas que abren espacio a la corrupción nos condenaríamos simplemente a tratar de atenuar, sin éxito y desde una sola trinchera, sus lamentables consecuencias.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
28 de noviembre, 2013
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Por: Oscar Arredondo

Según las promesas del Ejecutivo y del Pacto por México existe la idea de crear un ente autónomo que tendrá el mandato de combatir la corrupción. Sin embargo, en la misma agenda de reformas no figura una para implementar un efectivo y coordinado sistema de rendición de cuentas en todo el país. Es difícil de concebir un descuido así. Acabar con conductas y prácticas de abuso de poder y enriquecimiento ilícito tan arraigadas en décadas de malos gobiernos parece una tarea maravillosa y motivante pero desgraciadamente utópica. Lo que urge realmente son cambios que permitan transparentar el ejercicio presupuestal, detectar y sancionar anomalías oportunamente y contar con una fiscalización efectiva, sistematizada en los estados y la federación.

En enero de 2013 se publicó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la cual se elimina a la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo a sus artículos transitorios, dicha reforma entrará en vigor en el momento en que un órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción entre en funciones. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no puede ser una actividad institucional aislada, ni una línea de acción del Estado por autónoma que sea. La corrupción es un fenómeno muy complejo que trasciende múltiples dimensiones. Más que un órgano anticorrupción sin precedentes, basado en promesas de campaña, se requiere atender el problema desde diversos puntos para cerrar los espacios de discrecionalidad, opacidad y abuso de poder.

De no atender cabalmente las causas que abren espacio a la corrupción nos condenaríamos simplemente a tratar de atenuar, sin éxito y desde una sola trinchera, sus lamentables consecuencias. Por ello se deben sentar las bases constitucionales para:

a) homologar las leyes de los estados y la federación, y no sólo las normas de contabilidad gubernamental y la transparencia presupuestal, sino también las relacionadas con responsabilidades y causales o tipificaciones penales, civiles, administrativas.

b) De igual forma, se debe articular la fiscalización interna con la externa y realizar auditorías, evaluaciones e investigaciones con mucho mayor oportunidad, así como implementar legalmente la coordinación de acciones entre distintos ámbitos de gobierno para que puedan sancionarse a los servidores públicos involucrados sin limitaciones ni trabas jurisdiccionales o fueros políticos.

c) Es necesario además contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana que permitan hacer denuncias, auditorías y monitoreo del gasto desde la sociedad.

d) Pero sobretodo, se deben corregir estructuralmente las deficiencias en la gestión gubernamental. Un ente autónomo anticorrupción, con todo respeto para los estrategas que lo idearon, no da para tanto.

Más allá de las promesas, en abril de 2012 fue aprobada en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que sienta las bases de la creación de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y fortalece las facultades de la Auditoria Superior de la Federación y sus correlativas en las entidades federativas. Este proyecto, pese a su relevancia, está pendiente de discutirse y votarse en el Senado de la República desde hace más de un año. Su discusión y aprobación parecen esperar en la congeladora legislativa. La iniciativa prevé cuestiones específicamente diseñadas para abrir los vacíos en la vigilancia y control de los recursos y políticas públicas; vacíos que se sostienen muchas veces bajo una interpretación oportunista y privada de análisis del texto de le ley.

Pese a todo pronóstico, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) es una realidad en los hechos —a pesar de que no se encuentra reconocido a nivel constitucional—. Por iniciativa de los servidores públicos que encabezan las instituciones de contraloría interna y externa del país, coordinadas por el Auditor Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior y las dependencias que evalúan el desempeño de la función pública de todo el país crearon el SNF desde hace tres años; gracias a ello se han dado pasos firmes hacía una efectiva rendición de cuentas en México.

El sistema ha sentado las bases interinstitucionales para analizar y estudiar alternativas para adoptar normas profesionales y de creación de capacidades, así como intercambiar información y trabajar conjuntamente para mejorar el marco legal y operativo vinculado a la fiscalización y la rendición de cuentas. Aún no se aprueban las reformas a la constitución y persiste la amenaza del “mecanismo anticorrupción”; no obstante, el Sistema Nacional de Fiscalización ya está dando pasos firmes que de reconocerse al más alto nivel normativo se podría combatir la corrupción desde sus causas. Sería un acierto que la actual administración, avalada por acuerdos con las fracciones políticas más importantes, converjan en impulsar el texto de la iniciativa de reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados la pasada legislatura y se desistan de crear el órgano autónomo anticorrupción. Sería un justo reconocimiento a la labor del SNF y a la iniciativa de todos los Servidores Públicos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil comprometidos con esa tarea.

 

*Oscar Arredondo es investigador del área de Presupuesto de Fundar.

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