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El socavón de Cuernavaca: tres años después
El caso del Paso Exprés es un botón de muestra de que los actos de corrupción tienen víctimas y causan afectaciones en la vida de personas y comunidades.
Por Janet Oropeza
23 de julio, 2020
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El 12 de julio de 2017, a las 5:20am, después de varios días de lluvias, un carro que circulaba sobre el Paso Exprés de Cuernavaca cayó en un socavón. En él iban dos personas que se dirigían a trabajar y que, lamentablemente, no pudieron ser rescatadas con vida. El caso tuvo un alto perfil mediático y desencadenó múltiples investigaciones, pues la obra tenía apenas tres meses de inaugurada, había significado un gasto multimillonario -más de 2,200 millones de pesos-, y su calidad aseguraba una durabilidad de 40 años. Una de las investigaciones realizadas fue de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que concluyó con la Recomendación 34/2018.

La CNDH señala que un esquema de posible corrupción fue una de las causas predominantes para que ocurriera el socavón. La CNDH documenta que durante la planeación, licitación, contratación y supervisión de la obra ocurrieron múltiples irregularidades que culminaron con la pérdida de vidas humanas y las violaciones a derechos humanos. Por todo lo anterior, en octubre de 2018, en su Recomendación, la CNDH emitió 12 medidas a cumplir por tres agencias federales -la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT), El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-.

En la Recomendación, la CNDH concluye que las víctimas del Paso Exprés en realidad fueron cuatro: dos que cayeron al socavón, una que se murió al impactarse con un cable de alta tensión en esta vía durante la construcción, y una que cayó de un puente peatonal que carecía de señalización. Y la Comisión reconoce que se violaron varios derechos de las víctimas y sus familiares: el derecho a la vida, al acceso a la información, al acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo.

La Recomendación de la CNDH mira el caso desde las víctimas, sus derechos violados y la responsabilidad deliberada -o por omisión- del Estado, lo que finalmente genera la obligación del Estado mexicano de reparar integralmente a las víctimas y generar condiciones para que este tipo de actos no vuelvan a ocurrir. Para que eso sea realidad, las 12 medidas incluyen medidas de satisfacción, compensación, no repetición y de justicia y acceso a la verdad.1 A tres años del socavón, ¿qué avances ha habido en el cumplimiento de estas medidas? Mediante más de 60 solicitudes de acceso a información a estas tres agencias federales, a la CNDH y a la Comisión Especial de Atención a Víctimas, desde Fundar evaluamos el grado de cumplimiento de estas medidas. Encontramos que no se ha logrado una reparación integral y existe un cumplimiento muy parcial de la recomendación a nivel federal ya que, de los 12 puntos recomendatorios, sólo cuatro se cumplieron satisfactoriamente (33%), mientras que los otros ocho no lo han hecho cabalmente -tres fueron parcialmente cumplidos (25%) y cinco están pendientes (42%)-.

Nuestro ejercicio de contraloría social reveló que los puntos de mayor avance son la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, la inclusión de cláusulas de derechos humanos en contratos de obra pública en la SCT, y la capacitación del personal de SCT y BANOBRAS en empresas y derechos humanos. Sin embargo, sigue pendiente la implementación de una compensación para las víctimas, así como el cumplimiento de las medidas de satisfacción, como la disculpa pública, así como ciertas garantías de no repetición, como que el financiamiento de desarrollo se otorgue con estándares de derechos humanos para las empresas contratistas o que se atiendan los puntos de riesgo hidráulicos del Paso Exprés. Precisamente las medidas más simbólicas y que abonan a la satisfacción de las víctimas no han avanzado, pues no se ha otorgado una compensación ni una disculpa pública institucional donde las agencias públicas reconozcan su responsabilidad por los hechos ocurridos y la pérdida de vidas humanas.

Finalmente, otro punto poco avanzado y con menor información es la obligación de colaboración de las dependencias en los procesos penales y administrativas que presentó la CNDH y el avance de las carpetas de investigación penales abiertas. El tema de la investigación y sanción de todas las personas que tuvieron una responsabilidad por los hechos acontecidos continúa como un gran pendiente, a pesar de ser crucial para que las víctimas puedan conocer qué fue lo que sucedió y para que haya justicia y verdad.

Por su alto perfil mediático, el caso del Paso Exprés brindaba al gobierno federal la oportunidad de ser ejemplar tanto en la implementación de sanciones y medidas de reparación como en su abordaje de la relación entre corrupción y derechos humanos. El caso del Paso Exprés es un botón de muestra de que los actos de corrupción tienen víctimas y causan afectaciones en la vida de personas y comunidades. Por ello, el cumplimiento de las medidas ordenadas por la CNDH para el Paso Exprés reviste de importancia porque abonaría a lograr una reparación para víctimas de actos de corrupción, lo que en nuestro país es aún incipiente, además de que establecería un precedente para evitar la impunidad en estos casos.

No obstante, a tres años del socavón, esta oportunidad sigue siendo desaprovechada. Por ello, instamos al gobierno federal, que públicamente ha mostrado un compromiso con el combate a la corrupción, a que avance los puntos pendientes, sentando así un precedente importante en términos de corrupción y derechos humanos, reparando a las víctimas y evitando que el Paso Exprés se una a la larga lista de casos de corrupción que permanece en la impunidad.

* Janet Oropeza es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

 

1 Además de estas tres agencias federales, la CNDH considera que el Ayuntamiento de Cuernavaca y el Estado de Morelos también tuvieron una responsabilidad.

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