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Entender la “austeridad franciscana”
La austeridad franciscana no generaría muchos más ahorros porque ya no se puede, ni se podrían financiar los programas sociales ni los proyectos de infraestructura insignia de esta administración, porque no alcanza. Es claro que el ejecutivo sabe todo esto.
Por Jesús Emmanuel Ramírez Casillas
4 de agosto, 2022
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“Vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana”. Así anunciaba Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hace una semana la entrada en vigor de medidas de austeridad adicionales a las establecidas desde el inicio de su administración. La única restricción es la de tocar la nómina de las y los servidores públicos. El objetivo de esta nueva fase de la austeridad dice, es seguir reorientando el gasto público a las personas que menos tienen. Claro que es importante cuestionar, como muchas y muchos analistas lo han hecho, si estos ahorros adicionales disminuirán la pobreza, si están bien focalizados o si es esta la quintaesencia de un estado “neo-thatcheriano”. Sin embargo, lo relevante de estas declaraciones es el timing.

Comenzamos por explicar por qué esta austeridad franciscana no tiene el fin de transferir recursos a las personas más pobres. Después de tres años de gobierno, las dependencias gubernamentales ya se habrían acostumbrado a trabajar con un presupuesto reducido y los altos mandos a vivir sin, por ejemplo, seguros médicos privados. Ya no hay muchos más rubros a partir de los cuales se pueda ahorrar. A pregunta de una periodista, el presidente mencionó que los recortes podrían venir de viáticos y viajes al extranjero.

Para examinar el potencial de estos recortes, tomemos como ejemplo el año pasado. Según la Cuenta Pública 2021, a las partidas presupuestales asignadas a los ramos de la administración pública central que tienen que ver con viáticos se les asignaron 2 mil 317 millones de pesos; este también sería el monto que se ahorraría si no se gastara nada en este rubro. Los recursos obtenidos por esta vía no son nada, ni el 0.05% del gasto programable. Es claro que eso no alcanza para “financiar el desarrollo”. Si estos ahorros no abonan a cumplir un objetivo presupuestal, ¿qué objetivo persiguen las declaraciones del presidente? Lo dicho es un mensaje político doble: por un lado, es una advertencia para los actores que reciben recursos públicos y por el otro una muestra de empatía para la ciudadanía de a pie. En este espacio analizamos sólo el primero.

El momento del año en el que estamos nos ofrece una pista para decodificar el mensaje. La discusión presupuestaria está a la vuelta de la esquina: el próximo 8 de septiembre, dentro de poco más de un mes, la Secretaría de Hacienda (SHCP) entregará el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) a la Cámara de Diputados. El PPEF asigna los recursos públicos con los que instancias como las secretarías de estado y los ramos autónomos van a operar a lo largo de un año. Dentro de la administración pública, los destinatarios de este mensaje son, por lo menos, tres:

Primero, las dependencias del gobierno federal, que ya están en su proceso anual de presupuestación. Quienes han trabajado en el sector público, saben que uno de los criterios para ajustar el presupuesto entre un año y otro es la inflación; es decir, se aumenta el costo de la operación de las dependencias en función del aumento en los precios de bienes y servicios. La inflación podría cerrar este 2022 en casi 8 %, la cifra más alta en veinte años. Un incremento inercial en los costos de operación de esta magnitud podría dar al traste con los ahorros que se quieren generar; en cambio, no ajustar estos presupuestos también disminuirá la calidad o la cantidad de los bienes públicos.

Otras personas advertidas podrían ser las y los servidores públicos que ganan más que el presidente. En 2021, la SCJN juzgó que esta diferencia de salarios es constitucional, con lo que parecía que le habían ganado la partida. No fue así: en la conferencia mañanera de hace algunos días se dio a conocer el “quién es quién” de los salarios, ejercicio en el que se reveló el nombre de las funcionarias y los funcionarios públicos con un salario superior al del presidente. Entonces, es probable que el ejecutivo espere que en el presupuesto 2023 sean las y los mismos funcionarios quienes tomen la iniciativa de bajar sus propios sueldos. Es pues, otro intento por hacer que estas personas funcionarias adopten las medidas de austeridad.

Por último, están los organismos autónomos como el INAI o el INEGI. Cada año, estas instituciones entregan a la SHCP una propuesta del presupuesto que quisieran tener el siguiente año. A su vez, estos montos se integran al PPEF. Parece que, de no entregar un presupuesto austero, las medidas de austeridad franciscana servirían para justificar reducciones presupuestales a los organismos autónomos. Es de especial relevancia el INE, instancia que antes ha sido criticada por el ejecutivo. Además, junto con los respectivos organismos electorales a nivel estatal, en 2023 este organismo deberá organizar las elecciones a gobernador en Coahuila y el Estado de México. Habrá que prestar atención al desarrollo de este debate entre el INE y Hacienda, que seguro se dará.

Esta austeridad franciscana no generaría muchos más ahorros porque ya no se puede. Tampoco sería la solución a los problemas del país, ni con esos recursos se podrían financiar los programas sociales ni los proyectos de infraestructura insignia de esta administración, porque no alcanza. Es claro que el ejecutivo sabe todo esto. La austeridad franciscana pareciera ser más un mensaje dirigido a actores políticos, de cara al presupuesto que ya se viene.

*  Jesús Emmanuel Ramírez Casillas es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

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