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Entre la realidad y las buenas intenciones
El peligro en el subtexto de la reforma energética es que subyacen problemas estructurales que siguen sin atenderse y que auguran el fracaso de ésta y de cualquier otra iniciativa: la corrupción, la opacidad y la escasa o nula rendición de cuentas.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
23 de agosto, 2013
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Por: Miguel Moguel

Durante la primera parte de la historia independiente de nuestro país vivimos una etapa de extrema ‘volatilidad institucional’, en la que México llegó a tener en vigor cinco textos Constitucionales. Así lo refieren los especialistas que hacen un recuento de la historia durante esta etapa de nuestra naciente independencia. Después de ella vino un largo tramo de seis décadas durante el cual el texto de 1857 apenas sufrió modificaciones; de las que tuvo, una cuarta parte fueron para dar sustento a la reelección y sucesión de Porfirio Díaz (VALADÉS, 1994: 77).

Con el cambio de siglo llegó una revolución. La energía transformadora de este movimiento trajo consigo los ideales de un nuevo proyecto de nación. Ideales que requerían de un andamiaje para dar sustento al cambio de paradigma. Fue así como, después del triunfo de la revolución, el nuevo constituyente de 1917 sentaría las bases de un orden constitucional con un enfoque novedosísimo basado en los derechos sociales. Bases que hasta la fecha continúan siendo parte del espíritu del texto constitucional vigente –a pesar de haber sufrido innumerables cambios y transformaciones a lo largo de casi un siglo–. Y este recuento me permite vincular la reflexión con un tema de actualidad y de preocupación para amplios sectores de la sociedad mexicana.

La necesidad de reformar y adecuar el marco Constitucional siempre ha sido un tema que “levanta polvo” en todas partes. Reformas –como antes he mencionado– las han habido, y muchas. Tan sólo si tomamos como ejemplo el artículo 27 de nuestra Constitución, nos encontraremos con que es el tercero en la lista de nominados a “los artículos más modificados” con 17 reformas (CARPIZO, 2011: 572). Solamente superado por las reformas al artículo 73 (que atañe a las facultades del Congreso) y  artículo 123 (sobre cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo). Lejos de pretender otorgarle a aquellas una interpretación positiva o negativa, sí quisiera apuntar que, por lo menos desde mi perspectiva, las cifras nos hablan de la dimensión y profundidad de una problemática a la que los cambios en el texto constitucional pretenden atender.

Es así que cabría suponer que en la exposición de motivos que antecede a la propuesta de dichas reformas se encuentra descrito con gran precisión cuál es el núcleo problemático y cuál la racionalidad de que estas modificaciones abonen a darles solución efectiva. De ahí que no resulte vano sostener que en estas discusiones estén presentes los retos que ofrecen el contexto nacional y las problemáticas específicas que enfrenta nuestro país. Es alrededor de aquellas donde deberían gravitar las discusiones en torno a su factibilidad y pertinencia.

La semana pasada fue presentada ante el Congreso una iniciativa de decreto que contiene la propuesta del gobierno que encabeza Enrique peña Nieto de la que ha sido llamada la reforma energética. Y uno de los temas que mayor revuelo ha causado en la opinión pública –y en algunos sectores especializados en el tema–, está relacionada con la propuesta de modificar el texto Constitucional para permitir la inversión privada en el sector energético. Actividad que hasta la fecha había permanecido, casi de manera exclusiva, en manos del Estado, pero que atraviesa de refilón el debate sobre la tan defendida soberanía nacional (que dicho sea de paso, ha sido capturada por quienes se auto detentan como albaceas del bien público, por encima de quienes somos sus verdaderos poseedores: el pueblo mexicano).

Retomo el enfoque que acabo de describir y hago un intento por darle concreción al planteamiento de mis conclusiones: Si la regla fuera describir el problema y su racionalidad –para entonces proponer las modificaciones necesarias que tributaran atenderlos y darles efectiva solución–, por mero rigor metodológico habrían de contemplar cursos abiertos de discusión e intercambio con amplios sectores de la sociedad mexicana (como fue el caso en 2008). De manera que el legislativo no fuera omiso a temas de enorme relevancia que gravitan alrededor de las discusiones y de la propia propuesta: energías renovables, cambio climático, eficiencia energética, tierras, territorios y recursos naturales de pueblos indígenas, por mencionar algunos.

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Subsiste sin embargo un peligro en el subtexto de esta reforma. Y es que aún a pesar de todo, subyacen problemas estructurales que siguen sin atenderse y que auguran el fracaso de ésta y de cualquier otra iniciativa: la corrupción, la opacidad y la escasa o nula rendición de cuentas. Tres núcleos problemáticos que a pesar de las “buenas intenciones” acaban pervirtiendo y trastocando su sentido, en beneficio de intereses privados o de grupos con inmenso poder dentro y fuera de nuestro país.

 

* Miguel Moguel es coordinador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar.

 

 

VALADES, Diego, (1994). Las Reformas Constitucionales en México en Constitución y Política, UNAM, segunda edición, México, D.F. pp. 77-80.

CARPIZO, MacGregor J., (2011) La Reforma Constitucional en México. Procedimiento y Realidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. 131, mayo-agosto de 2011, México, D.F. pp. 543-598.

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