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¿Está garantizado el derecho de acceso a la información de la ciudadanía para enfrentar la pandemia?
¿Cómo se debe ejercer el derecho de acceso a la información en tiempo de crisis sanitaria? ¿Qué tipo de información necesita la sociedad en este momento? ¿Cuál debe ser el papel de los órganos garantes? y ¿en qué medida se puede limitar este derecho?
Por Justine Dupuy y Anaid García Tobón
9 de abril, 2020
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¿Cómo se van a crear dos millones de empleos en los próximos ocho meses? ¿Qué fideicomisos se van a extinguir? ¿Existe un diagnóstico sobre el cual se toma la decisión de desaparecerlos? ¿Cuánto se va a reducir el presupuesto para publicidad oficial? En las últimas semanas, los anuncios del gobierno federal mexicano durante las conferencias e informes han desatado muchas preguntas a las cuales es difícil contestar por falta de información pública.

La pandemia por COVID-19 es una situación inédita en la historia reciente del mundo, que ha tenido consecuencias devastadoras para la salud y la economía, y ha obligado a millones de personas al confinamiento a nivel mundial. Bajo estas circunstancias se vuelve imprescindible contar con información detallada, oportuna y confiable para que las instituciones, así como las y los ciudadanos podamos implementar las acciones adecuadas para contrarrestar la emergencia sanitaria.

Diariamente se toman decisiones para combatir la pandemia y sus impactos económicos. Estas decisiones implican una gran cantidad de recursos materiales y humanos. En consecuencia, es fundamental por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información para asegurar la salud de las personas y por otro, transparentar el actuar gubernamental para que se haga efectiva la rendición de cuentas. Es decir, necesitamos información que posibilite el cuidado de la salud y reduzca los riesgos de muerte, así como información que permita evaluar la forma en la que los gobiernos están enfrentando la situación, como cuántos recursos se están destinando al sector salud, sectores prioritarios, y a los apoyos económicos para las personas; además de información sobre la distribución de estos apoyos y recursos, y las condiciones en que se están haciendo las compras públicas.

Frente a esta necesidad de información, las decisiones de los gobiernos de la región para garantizar el derecho de acceso a la información han sido diversas. No hablaremos de las conferencias de prensa y sitios de información que muchos países han puesto en marcha, para enfocarnos específicamente en el papel de las instituciones facultadas para velar el derecho de acceso a la información garantizado en muchas constituciones y leyes estatales.

En la mayoría de los países latinoamericanos se tomó la decisión de ampliar los plazos de las solicitudes de información como en Colombia, o aplazarlos como en el Salvador, Honduras y México. En Guatemala, por ejemplo, aunque se ordenó la suspensión de plazos administrativos, esta medida no se aplicó a la ley de acceso a la información. En Brasil, el gobierno buscó cambiar los procesos de acceso a la información por decreto, pero la movilización de la sociedad civil y una sentencia del Tribunal Superior Federal echaron abajo este intento.

En México, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó por unanimidad el 20 de marzo un acuerdo para suspender hasta el 17 de abril la atención de solicitudes de información y de protección de datos personales, así como los recursos de revisión, y aplazar un mes los tiempos para llenar la información de oficio. Algunos días después, tomaban la decisión de suspender también las sesiones del Pleno del INAI. Si bien el Instituto afirma que sigue llevando a cabo actividades sustanciales, muchas de ellas que permiten garantizar el derecho de acceso a la información en el país han sido interrumpidas.

De la misma manera, la mayoría de los órganos garantes de varios estados de la República como Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Nayarit suspendieron sus actividades, unos de manera indefinida y otros hasta mediados de abril. No obstante, algunos han lanzado iniciativas, como es el caso del órgano garante de Nuevo León con el micrositio Transparencia ante la contingencia, que pone a disposición de las autoridades una herramienta para que puedan transparentar de manera focalizada, procesos de adquisición de obras, bienes y/o servicios relacionados con la contingencia. Durango también presentó un micrositio para difundir información sobre contingencia del COVID-19. En Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública con trabajo desde casa, seguía resolviendo recursos de revisión.

Con la perspectiva que esta crisis se prolongue varias semanas o meses, es importante que reflexionemos sobre la pertinencia de las medidas relativas al derecho de acceso a la información que se han tomado en la región y, en México en particular. ¿Cómo se debe ejercer el derecho de acceso a la información en tiempo de crisis sanitaria? ¿Qué tipo de información necesita la sociedad en este momento? ¿Cuál debe ser el papel de los órganos garantes? y ¿en qué medida se puede limitar este derecho?

Esas son las preguntas que trataremos de contestar, el próximo martes 14 de abril a las 11:00 hrs con Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ana Cristina Ruelas, Directora de Artículo 19 México y Centroamérica y Blanca Lilia Ibarra, Comisionada en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) durante el webinar sobre el derecho de acceso a la información durante la pandemia, parte de la serie de conversaciones digitales “Articulaciones: diálogos sobre COVID-19, derechos y desigualdades” de Fundar.

* Justine Dupuy es coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; Anaid García Tobón es investigadora en el Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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