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Res Pública
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Excusas para la opacidad
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
12 de abril, 2012
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Por: Diego de la Mora (@diegodelam), Coordinador del Área de presupuestos y políticas públicas de Fundar.

 

Si hoy quieres visitar algunas páginas del gobierno federal durante los tres meses que duran las campañas electorales te toparás con un texto similar al siguiente:

 

Aviso importante:

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Por ello, del 30 de marzo al 1 de julio de 2012, inclusive, se suspenderá el acceso a las secciones de este portal de Internet que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno.

 

Lo anterior te impedirá, entre otras cosas, conocer el presupuesto ciudadano que publica desde hace tres años la Secretaría de Hacienda o saber cuánto se gasta el Seguro Popular en la compra de medicamentos, equipamiento y servicios a prestadores privados. En estos tres meses tampoco podrás conocer información sobre los programas de seguridad pública o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En algunos casos, como en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o en la Semarnat, los botones están desactivados (la página de la SSP, llena de espacios en blancos, es aún más tenebrosa de lo normal). En otros, darle clic en los vínculos lleva a la leyenda de “Problema al cargar la página” que aparece en los buscadores cuando se ha desconectado la información de un sitio web del servidor.

¿Por qué se bajó esta información de internet y qué significa que la ciudadanía no pueda tener acceso a esos datos? La decisión de las dependencias se tomó a partir del Acuerdo General CG075/2012 del IFE del 8 de febrero de 2012. En el séptimo acuerdo de dicho texto afirma que “podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos siempre y cuando tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se emitan en los mismos logros a su favor”.

La APF decidió hacer la interpretación más amplia posible del acuerdo y suspender el acceso a las secciones de sus sitios de internet que contienen difusión de programas, acciones, obras o logros de gobierno. Una hipótesis sobre esta reacción es la falta de definición sobre lo que significan los “logros a su favor” a los que se refiere el acuerdo. En una interpretación amplia, casi cualquier acción de gobierno podría considerarse un logro y por tanto sería conducente una acción como la que tomó el gobierno federal.

Sin embargo, dicha interpretación contradice el principio de máxima publicidad de la información contenido en el artículo 6º constitucional, así como el artículo 7º de la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, que determina que los sujetos obligados tienen que poner a disposición del público y actualizar, entre otra, la información relativa a programas de subsidios y padrones de programas sociales (fracción XI).

Además de estas contradicciones, el acuerdo del IFE refleja un problema de raíz en la normatividad de comunicación de nuestro país: no hay definiciones claras sobre lo que el Estado mexicano entiende por comunicación social y publicidad y cómo se distingue de la propaganda gubernamental. A pesar de que hay una recomendación expresa de la Relatoría especial para la libertad de expresión de la OEA para legislar en la materia y de que existen iniciativas para crear una ley que regule la publicidad oficial de casi todos los partidos políticos nacionales, la comunicación social en México se rige por lineamientos que se acuerdan en la Secretaría de Gobernación.

Mientras esperamos que el Congreso retome esta tarea necesaria, lo que urge es que el IFAI se pronuncie sobre el acuerdo del IFE y que las y los ciudadanos podamos contar con toda la información posible para poder exigir cuentas al gobierno saliente y discutir de manera informada y responsable sobre el rumbo que debe tomar el país durante el próximo sexenio.

¿Cómo podremos hacer recomendaciones a las y los candidatos presidenciales o a quién gobierne el país durante los siguientes seis años si no podemos partir de un diagnóstico preciso a partir de la información pública?

 

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