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Fideicomisos: ¿qué podría pasar con los recursos?
Antes de decidir la eliminación de los fideicomisos públicos, tanto legisladores como la SHCP deben trazar la ruta que asegure recursos a las personas beneficiarias considerando el mejor instrumento y mecanismo financiero para ello, y el cumplimiento de fines públicos.
Por Sarahí Salvatierra y Paulina Castaño
12 de octubre, 2020
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Para justificar la extinción masiva de los fideicomisos, el poder legislativo ha explicado que necesitamos más recursos para hacer frente a la crisis. Sin embargo, si esta decisión no se evalúa a profundidad y no se ofrecen más detalles alrededor del proceso de extinción, los recursos que hoy están disponibles en los fideicomisos podrían ir a parar a cualquier lado. Ante tanta incertidumbre, este blog intentará dar algunas pistas sobre las implicaciones presupuestarias alrededor de la extinción de los fideicomisos públicos.

Una de las principales preocupaciones sobre el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se relaciona con la seguridad y suficiencia presupuestaria de los diversos grupos que dependen de los recursos económicos invertidos en los fideicomisos públicos: personas defensoras de derechos humanos, periodistas, deportistas, personas trabajadoras del campo, científicas y científicos, artistas, etc. En los artículos transitorios del dictamen sólo se señala que las obligaciones que derivan de estos instrumentos deberán ser asumidas por las dependencias e instituciones correspondientes con cargo a su presupuesto aprobado.

Hasta aquí podría pensarse que no hay problema alguno, pues al final del día los recursos continuarán ejecutándose en favor de los grupos beneficiarios. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen. Conforme al propio dictamen, una vez que se extingan los fideicomisos, esos recursos deberán enviarse a una gran bolsa desde donde se financian prácticamente todas las actividades del gobierno, las tesorerías federal o locales, y eso depende de si los contratos de cada fideicomiso contemplan o no un fin distinto tras su extinción.

Cuando los recursos finalmente lleguen a las tesorerías, podrían irse a cualquier lado, pues el dictamen de la Comisión no aclara cómo se garantizará que las personas beneficiarias continúen recibiendo los recursos. Es decir, los recursos disponibles en un fideicomiso efectivamente podrían llegar a la dependencia correspondiente, pero nada garantiza que ésta vaya a utilizar estos recursos a atender el fin que atendía determinado fideicomiso. No se precisa si se harán modificaciones presupuestarias durante el siguiente año, en qué momento y mediante qué mecanismos.

Para que realmente haya certeza de que los grupos continuarán recibiendo los recursos tendrían que explicarse varios aspectos. Por ejemplo, si se decidiera que los recursos se reasignen a programas presupuestarios, los tiempos parecen muy limitados. La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) debe aprobarse el 31 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a más tardar el 15 de noviembre. Reorientar los recursos de los fideicomisos a programas presupuestarios en tan poco tiempo puede ser delicado, se requiere elaborar un trabajo minucioso, detallado y puntual que no se realizó de manera previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, además, porque el Proyecto del PEF 2021 no presenta estos ajustes, es decir, fue propuesto sin haber considerado los ingresos adicionales que se tendrán tras la extinción de los fideicomisos.

Incluso si se pretendiera crear nuevos programas para dar salida a los recursos de los fideicomisos, no hay manera de lograrlo pues el proceso de programación tiene establecidos sus propios tiempos y finaliza con la publicación de la Estructura Programática en el mes de junio. Por lo tanto, si existiera un fideicomiso cuyo fin no se relacionara con algún programa preexistente, estos recursos no podrían utilizarse sino hasta 2022. De igual manera, si los recursos de los fideicomisos se reubican a programas presupuestarios ya establecidos tendrían que modificarse las Reglas de Operación (ROP) de dichos programas, si es que cuenta con ellas, o en su defecto ajustar los lineamientos y normas para definir cómo bajar los recursos a las y los beneficiarios. Cabe mencionar que las ROP son de suma importancia ya que estas permitirán evaluar si se están cumpliendo con las metas y objetivos de los programas y, lo más importante, conocer si se está favoreciendo a las personas.

En caso de que los recursos bajen por transferencias directas a través de programa sociales existen otros riesgos. Las transferencias directas resuelven una necesidad inmediata en el corto plazo: salvaguardar la suficiencia económica de las y los beneficiarios. Pero en el mediano y largo no resuelven el problema de fondo: no se tiene certeza de si el recurso otorgado está siendo utilizado para los fines que mandata el programa, tampoco se garantiza la calidad del padrón de quienes son beneficiarios. Además, ¿serán transferencias condicionadas? Estas decisiones pueden afectar el objetivo central y específico que se tenía en el contrato o reglas de los fideicomisos.

Otra posibilidad podría ser la vía de las reasignaciones presupuestarias. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) señala que pueden redireccionarse los recursos siempre y cuando los ejecutores de gasto estén sujetos a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los recursos de los fideicomisos, si no se programan en el PEF, se consideren ingresos excedentes y estos a su vez pueden reorientarse a las dependencias en cualquier momento del siguiente año fiscal. Si esto sucede, se requiere de total transparencia en la reasignación de los recursos, puesto que este proceso ha sido tradicionalmente opaco y dificulta el seguimiento de los recursos.

Cada fideicomiso tiene tratamientos distintos y particulares; cada uno depende de leyes o reglas de operación propias, que deben respetarse, y cada uno tiene mecanismos distintos para ejercer los recursos con los que cuenta a partir de los fines por los cuales fueron creados. Antes de decidir la eliminación de los fideicomisos públicos, tanto legisladores como la SHCP deben trazar la ruta que asegure recursos a las personas beneficiarias considerando el mejor instrumento y mecanismo financiero para ello, y el cumplimiento de fines públicos. Al mismo tiempo, sería importante avanzar en las obligaciones de transparencia que estas figuras deben cumplir, reforzar sus controles de vigilancia y mejorar sus procesos de funcionamiento, pero a partir de un diagnóstico que permita identificar de qué manera se pueden mejorar para cumplir con el fin por el cual fueron creados.

* Sarahí Salvatierra es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y Paulina Castaño es investigadora en el programa de Justicia Fiscal, ambas en @FundarMexico.

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