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Fiscalización, participación ciudadana y género: una discusión necesaria en México y la región
La discusión sobre cómo pueden las Entidades de Fiscalización Superior involucrar de mayor forma a las organizaciones civiles y ciudadanía con experiencia en temas de género y viceversa se vuelve no solo relevante, sino también necesario.
Por Matilde Pérez
3 de septiembre, 2020
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En los últimos años se llevaron a cabo reformas importantes para involucrar a la ciudadanía en las tareas de fiscalización, es decir, en la vigilancia del buen uso de los recursos públicos. Las reformas anticorrupción crearon tres pilares importantes: el Sistema Nacional Anticorrupción SNA, basado en la coordinación y articulación de un grupo de instituciones responsables de las políticas anticorrupción, un Comité de Participación Ciudadana (CPC) -que debería actuar como puente entre el SNA y la sociedad civil-, y un Sistema Nacional de Fiscalización.

Estos tres pilares tuvieron varias apuestas importantes, entre ellas, fortalecer la vigilancia constante y adecuada rendición de cuentas sobre el desempeño de las instituciones públicas; generar mayor coordinación entre los distintos órganos de control de la Administración Pública Federal, tanto internas como externas, y de distintos niveles, estatal y federal; y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de fiscalización.

¿Cómo se da la participación ciudadana en la fiscalización?

Según el informe “Indicadores para la medición del impacto de la participación ciudadana en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS)”, de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS), las prácticas de participación se refieren a mecanismos que aspiran a implicar a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil en los diversos aspectos relativos a la fiscalización pública que realizan las EFS, en el desarrollo de su misión institucional para, entre otras cosas, mejorar la planificación de auditorías, mejorar el proceso de auditoría, crear una cultura social de control y generar la apropiación de los resultados de las auditorias y mejorar la coordinación entre los órganos de control.

Como se señaló, en México las reformas anticorrupción crearon diversas formas para involucrar a la ciudadanía en la fiscalización. Se creó un CPC, cuyo presidente también está al frente de todo el SNA, lo que da a los ciudadanos de por sí un papel de liderazgo y contrapeso en la lucha contra la corrupción y la fiscalización. Además, las reformas fortalecieron el rol de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ahora puede hacer auditorías en tiempo real, y se creó la figura de la denuncia fundada y motivada.

En este contexto es que diversas organizaciones de Sociedad civil nacionales e internacionales (1) y la ASF, organizaron el Seminario Internacional de Participación Ciudadana y Fiscalización, para discutir sobre las formas de fortalecer el rol de la sociedad civil, desde la perspectiva de que la ciudadanía puede aportar insumos valiosos para la fiscalización. De particular relevancia es que el Seminario incorporará discusiones sobre la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y el tema de género y la participación de las mujeres en estos procesos.

Esta discusión no es menor. Desde hace varios años, la ASF ha realizado diversas auditorías a distintos entes públicos encargados de la atención de temas de género. Para la sociedad civil organizada, las observaciones, hallazgos y recomendaciones derivadas de estás auditorías han sido centrales en momentos coyunturales, ya que han señalado casos no sólo de desvíos de recursos que constituyen faltas administrativas o delitos, sino también aspectos a mejorar sobre las propias acciones de política pública como el mal diseño, falta de protocolos, de matriz de indicadores, por decir algunos.

Estos hallazgos han dado elementos a las organizaciones de sociedad civil para fortalecer sus esfuerzos de incidencia para mejorar la actuación de los entes públicos, de manera que éstos garanticen de forma efectiva los derechos humanos de las mujeres y cumplan con sus fines. Esto cobra mayor relevancia en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 que enfrentamos actualmente y la falta de información pública sobre la situación de violencia antes y durante la pandemia, así como las acciones que se impulsan para prevenir y atenderla.

Las organizaciones que luchan por mejorar los derechos de las mujeres y las propias mujeres que se enfrentan día a día a la falta de servicios públicos como salud, educación, agua y/o servicios judiciales –a pesar de que existen recursos etiquetados para su garantía–, cuentan con información y experiencia sobre las áreas de riesgo, y de interés que puede nutrir el trabajo de fiscalización que realizan las EFS, para hacer revisiones más asertivas.

Por lo anterior, la discusión sobre cómo pueden las EFS, tanto nacionales como locales, involucrar de mayor forma a las organizaciones civiles y ciudadanía con experiencia en temas de género y viceversa se vuelve no solo relevante, sino también necesario.  Por ello, las organizaciones estamos convocadas a participar en estas discusiones para encontrar formas en las que podamos aportar insumos ciudadanos en la planificación, desarrollo y el seguimiento de las auditorías.

El seminario podrá brindar tanto a las EFS como a la ciudadanía la oportunidad de conocer lo que está pasando en la región en materia de fiscalización, participación ciudadana y género, y fortalecer así sus funciones para mejorar la coordinación y promover, cada vez más, la participación ciudadana, materializando y potenciando las reformas aprobadas hace unos años.

* Matilde Pérez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

(1) Fundar, Oxfam-México, Controla Tu Gobierno, Red por la Rendicion de Cuentas-PIRC, Accountability Research Center y la ASF

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