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Fortunas acumuladas sobre proyectos de muerte
Grupo México, Minera Peñoles y Timmins Gold son grupos empresariales nacionales y extranjeros que operan en el país, responsables de importantes crímenes contra la salud y el medio ambiente, y consecuencia natural del laxo marco normativo que pretende regular a esta industria en el país.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
13 de agosto, 2014
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Por: Francisco Cravioto Lagos

El pasado 10 de agosto, en Cananea, Sonora, la mina Buenavista del Cobre derramó más de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico desde una ruptura en un tanque de almacenamiento. El ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva que, entre otros usos, es empleada para el tratamiento del cobre por la industria minera. En contacto con el agua o compuestos orgánicos reacciona violentamente, desprendiendo calor. Estas sustancias contaminantes alcanzaron el río Bacanuchi, tiñendo las aguas del mismo de un enfermizo color naranja-ocre.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tuvo otra alternativa que restringir el bombeo de agua del río en los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures. Todas estas localidades se encuentran en el camino de un afluente que recorre 320 kilómetros desde Cananea para alimentar de agua a la población de Hermosillo, capital en riesgo inminente de ser afectada por la contaminación.

La mina Buenavista del Cobre pertenece a Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. Ésta empresa goza de mala reputación debido a que ha construido su fortuna sobre múltiples crímenes, entre los cuales destaca el homicidio industrial de 65 obreros en Pasta de Conchos. Los mineros perecieron debido a negligencia de la empresa que no implementó medidas mínimas de seguridad laboral y que, hasta el día de hoy, ha impedido la recuperación de los cuerpos siniestrados y la realización de los peritajes correspondientes. A este crimen hay que sumar los daños provocados a los ecosistemas de la cuenca del río Bacanuchi, así como las enfermedades que este derrame provocará a los pobladores que del mismo se abastecen de agua. En un futuro cercano, Grupo México (a través de su subsidiaria Southern Copper Corporation) pretende abrir una mina en las proximidades de Agangueo, Michoacán, con afectaciones extensivas sobre la superficie y el subsuelo. Estas concesiones mineras se encuentran en el corazón de la Reserva de la Biósfera del Santuario de la mariposa monarca.

Grupo México representa solamente uno entre múltiples grupos empresariales nacionales y extranjeros que operan en el país, responsables de importantes crímenes contra la salud y el medio ambiente. El pasado 30 de octubre de 2013, en Bocoyna, Chihuahua, un camión se volcó en un accidente carretero, derramando 16 mil litros de cianuro de sodio. El cianuro de sodio es una sustancia utilizada en los procesos de beneficio (separación) de oro y plata por la industria minera. Históricamente, ha sido utilizado como un veneno: una concentración de 401 mg. disuelta en mil litros de agua es suficiente para matar a una persona. Más allá de sus propiedades venenosas, un derrame de cianuro de sodio en el ambiente es particularmente peligroso puesto que esta sustancia puede separar y dejar expuestos elementos tóxicos del subsuelo como son metales pesados. Por estas razones el Parlamento Europeo prohibió el uso de esta sustancia en la minería en 2010 para todos los países integrantes de la Unión Europea –desafortunadamente, este órgano fue vetado, antidemocráticamente, por la Comisión Europea—. El camión accidentado en Bocoyna pertenece a la empresa minera Peñoles, cuyo propietario es Alberto Bailleres Jr., el tercer hombre más acaudalado del país.

Por su parte, las empresas mineras extranjeras tampoco se encuentran exentas de haber cometido serios crímenes contra la salud y el medio ambiente. El cuatro de abril de 2010, en el municipio de Santa Ana, en Sonora, más de 2 mil habitantes se vieron afectados por el derrame de sesenta mil litros de cianuro de sodio. El accidente ocurrió cuando se desbordó, por “descuido” de los trabajadores (y falta de adecuada supervisión por parte de la empresa), una de las presas de jales donde se contienen estas sustancias (¡al aire libre!), para llevar a cabo procesos de lixiviación para el beneficio del mineral. En esta ocasión, la empresa responsable fue Timmins Gold, de Canadá. Recientemente, el 29 de mayo de 2014, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, la empresa canadiense New Gold fue responsable del derrame de una cantidad aún incuantificable de metros cúbicos de cianuro de sodio a raíz de una lluvia torrencial que desbordó las presas de jales.

La frecuencia con que se han presentado los accidentes arriba citados indica que no se trata de hechos aislados. Representan una consecuencia natural del laxo marco normativo que pretende regular a esta industria y de la cómplice actitud omisa de las autoridades ambientales, laborales y de fomento económico, en particular en el ámbito federal. Son el resultado de la imposición en México, y otros países, de un modelo de acumulación de ganancias a partir del despojo y destrucción; un modelo caracterizado por utilidades exorbitantes obtenidas en el corto plazo y responsabilidades por daños a obreros, comunidades y medio ambiente diferidas a terceros. Ante todo, son un reflejo de un país profundamente sumido en la impunidad.

 

* Francisco Cravioto es investigador del proyecto de industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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