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Res Pública
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Los Frankensteins del Legislativo
La Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional Anticorrupción, ejemplos de los "frankensteins" constitucionales que nos han dejado las prisas del Poder Legislativo.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
21 de febrero, 2014
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Por: Óscar Arredondo

Debido a las recientes reformas constitucionales, los órganos autónomos que han surgido de negociaciones políticas en dónde no ha existido un adecuado proceso de reflexión y análisis pueden muy bien aterrorizarnos como el moderno Prometeo de Mary Shalley. Sin la intención de convertir este artículo en un museo del terror, pretendo aquí hacer un recuento de los nuevos Frankensteins constitucionales.

Empecemos por la Fiscalía General de la República. No hay duda de que la persecución de delitos debe ser una función autónoma del Poder Ejecutivo; la independencia garantiza imparcialidad ante violaciones legales cometidas en aras de satisfacer los intereses mezquinos de los gobernantes. También evita que la administración en turno utilice el monopolio del uso de la fuerza de manera selectiva y a su antojo. En ese sentido la creación de la Fiscalía es un acierto, el problema radica en el contexto en el que se planteó, pues fue parte de la reforma política electoral y no de reformas pensadas en materia de procuración de justicia. Cuando olvidemos la coyuntura política actual, será muy difícil adivinar la intención del legislador al crear un órgano autónomo sin haber previsto una trasformación profunda de los ministerios públicos y sólo con dos fiscalías especializadas (una en materia de delitos electorales y la otra en materia de combate a la corrupción, en lugar de fiscalías especiales para investigar y atender otros crímenes graves como los homicidios, el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la negligencia e indiferencia con las víctimas del delito).

El Instituto Nacional Electoral (INE). Este órgano tendrá injerencia directa no sólo en los procesos electorales a nivel federal y local. Tendrá el control de los consejos locales, por lo que concentrará muchísimo poder; esto no necesariamente garantizará elecciones más justas y equitativas. El IFE actual se volvió una especie de rehén de la Cámara de Diputados, donde simplemente se dejó a un lado el procedimiento de nombrar consejeros: en teoría debe tener nueve integrantes y ahora sólo cuenta con cuatro. El estancamiento de los nombramientos se trató de salvar con un comité con diputados y representantes de la Comisión de derechos humanos y el órgano de transparencia, si no logran acuerdos será en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde se designará a los integrantes, pero ¿por qué no mejor dejar esta decisión a una pequeña comisión en el Senado o en el Tribunal Electoral, en lugar de involucrar a la SCJN en asuntos que no deberían competerle?

La reforma constitucional olvidó facultar al INE para organizar e implementar segundas vueltas. Si sólo dos candidatos contienden en una segunda vuelta, el ganador ostentaría una mayoría absoluta de los votos emitidos, lo cual resulta importante en un sistema multipartidista con constantes crisis de legitimidad.

Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se trata de un híbrido que absorbe al mismo tiempo las facultades que realizaba la Comisión Federal de Telecomunicaciones y las de la Comisión Federal de Competencia Económica en el sector. Creado casi ex profeso para equilibrar el poder de dos grandes empresarios que concentran el control de las telecomunicaciones, otorga y revoca concesiones, pero abre ventanas de injerencia a los intereses políticos y económicos del gobernante en turno.

La Comisión Nacional Anticorrupción. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, este organismo sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP); sin embargo, el órgano anticorrupción solo adoptará aquellas atribuciones relacionadas con la corrupción. Lo anterior deja en el limbo otras importantes facultades de la SFP que asumirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como es la evaluación y desempeño de las dependencias y entidades, lo relativo a declaraciones patrimoniales de servidores públicos y principalmente coordinar lo que serán las unidades de auditoría preventiva. Estas facultades, al quedar en manos de otra dependencia del Ejecutivo, hacen que siga siendo patente e intocable uno de los principales problemas que se buscó atender con la reforma: la independencia de quien realice las funciones de control, evaluación y vigilancia del quehacer gubernamental.

Con las prisas en el Legislativo se han desconocido otros intentos que buscan resolver problemas estructurales como la descoordinación y fragmentación de acciones de control y fiscalización, iniciativas complementarias que persiguen una mejoraría en la rendición de cuentas. No se puede acabar la corrupción por decreto, primero se requiere atender las irregularidades e inconsistencias en el manejo del gasto público, las cuales son terreno fértil para que la corrupción siga presentándose. Esta reforma, que todavía no se aprueba en la Cámara baja, parece estar inserta en la lamentable moda del fast track.

No nos engañemos, las nuevas instituciones son necesarias y su existencia y funciones son justificables. Pero al crearlas al vapor presentan serios problemas en su diseño institucional. La Constitución debería respetarse con incorporaciones pensadas a fondo, con el trabajo de juristas y expertos, más cuando de ellas emanan funciones tan importantes para el desarrollo, la justicia y la democracia en México. Pero cuando lo que prevalece son las mayorías aplastantes, las prisas y las agendas pactadas en lo oscurito, Frankenstein se convierte en la musa que inspira a nuestros legisladores.

 

* Óscar Arredondo, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar

 



Iniciativa de reforma en la que se crea el Sistema Nacional de Fiscalización, aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 16 de febrero de 2012,  reforma los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución Política

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