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Res Pública
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Gastar y recaudar con perspectiva de derechos humanos
Cualquier cambio en el gasto público o en el diseño del sistema tributario debe ser sometido a un análisis en donde no solo sean considerados criterios económicos, sino también los impactos en la vigencia de derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud, a la alimentación o al empleo.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
11 de marzo, 2016
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Por: Iván Benumea

La semana pasada, KPMG, una de las consultoras en materia fiscal más influyentes a nivel internacional, pronosticó que en los próximos 5 años la tendencia mundial de los sistemas tributarios será la de implementar más impuestos indirectos (como el IVA en alimentos y servicios) en lugar de dirigir sus esfuerzos hacia la captación de recursos del sector empresarial, que incluso podría verse beneficiado con la disminución de sus tasas impositivas (como el impuesto sobre la renta).

El pronóstico es alarmante por lo menos en dos sentidos: porque confirma que los sistemas tributarios continuarán siendo regresivos –no se enfocarán en gravar más a quienes más riqueza poseen– y dos, porque deja entrever que el aumento de impuestos será una de las tantas medidas que emprenderán los gobiernos para enfrentar el complicado panorama económico mundial y, de realizarse sin los controles suficientes y sin pensar en los impactos que producirán en los sectores más vulnerables, estos incrementos podrían repercutir en el acceso a la salud y a la alimentación de la población.

También el recorte al presupuesto y la menor asignación de recursos serán la constante para enfrentar este panorama. Aunque la reducción del presupuesto al campo y salud, y la disminución del gasto en inversión son señales de una tormenta financiera, para el Secretario de Hacienda el reciente recorte al gasto por cerca de 132 mil millones de pesos fue una medida oportuna y responsable para mantener el “clima de estabilidad” en el país.

El recorte al gasto es una práctica que también ha sucedido en otros gobiernos de la región latinoamericana. De acuerdo con la evidencia internacional, el comportamiento de los Estados en contextos de crisis privilegia los recortes al gasto social en lugar de reformar a profundidad el sistema fiscal. Es más común, entonces, que cuando los gobiernos pasan por una desaceleración de su economía prefieran disminuir los recursos destinados que a redistribuir el ingreso, y así pospongan otras medidas que podrían tener mayor impacto en el saneamiento de las finanzas públicas, como combatir enérgicamente la evasión fiscal y los paraísos fiscales, o dirigir sus esfuerzos hacia la captación de recursos de las clases más privilegiadas.

Para evaluar si las medidas que sean adoptadas ante este clima económico son tomadas de manera “responsable” es necesario centrar nuestra atención hacia los estándares internacionales de derechos humanos. Esto significa que cualquier cambio en el gasto público o en el diseño del sistema tributario debe ser sometido a un análisis en donde no solo sean considerados criterios económicos, sino también los impactos en la vigencia de derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud, a la alimentación o al empleo.

Si tomamos lo anterior en cuenta, podemos comenzar a hacer otro tipo de preguntas: ¿puede justificarse la reducción del presupuesto al campo, cuando los recursos destinados para subsidiar al sector agropecuario y fomentar el empleo favorecen a los grandes productores? ¿Antes de elevar la carga tributaria de sectores vulnerables el Estado tomó todas las medidas necesarias para maximizar el uso de los recursos con que dispone? ¿En qué medida la existencia de beneficios y privilegios de los que gozan ciertos sectores empresariales perjudican la financiación de los derechos humanos y profundizan la desigualdad social? ¿Está justificado incrementar los impuestos a alimentos y medicinas cuando el Estado no ha demostrado haber realizado todos los esfuerzos para eliminar los gastos innecesarios y combatir la evasión y elusión fiscal?

En nuestro país, la política fiscal no ha logrado corregir el problema estructural de la desigualdad. Su diseño e implementación no corresponde a una nación en donde la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia, en donde se calcula que el 1% de la población concentra el 21% del total de los ingresos totales del país. Aunado a esto, las medidas que pretendan mantener la supuesta estabilidad del sistema financiero corren el peligro de profundizar las desigualdades y deteriorar aún más nuestros derechos fundamentales.

El panorama no es nada alentador y exige que las y los defensores de derechos humanos pongamos más atención en el diseño y en el impacto de la políticas fiscales en el goce de derechos humanos, no sólo para lograr su justiciabilidad, sino también para que sus principios comiencen a permear en otras áreas en donde hasta el momento solamente han tenido acceso las clases más poderosas.

 

* Iván Benumea es integrante del área de estrategias jurídicas en @FundarMexico.

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