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Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
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Gobierno abierto local, ¿más que una moda?
El mayor reto al cual se enfrentan los ejercicios de gobierno abierto en los estados es a la resistencia de incluir a la sociedad civil en las decisiones, ya que no estamos hablando de una participación ciudadana pasiva que sólo aconseja. Hablar de participación ciudadana en gobierno abierto implica co-creación de la agenda, del modelo, la construcción de indicadores y las evaluaciones.
Por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
29 de mayo, 2015
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Por: Renata Terrazas (@Renaterra_zas)

Desde 2011 México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), “iniciativa multilateral integrada por más de 60 países en la cual los gobiernos buscan trabajar de manera conjunta con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esa apertura”.

Parte de esta iniciativa ha sido la conformación de un secretariado técnico tripartita en donde se toman las decisiones compuesto por un representante del Ejecutivo Federal, uno del órgano garante de la transparencia y un representante de las organizaciones de la sociedad civil; la estructuración de dos planes de trabajo, así como la firma de más de 60 compromisos, entre otras acciones que se han realizado en estos cuatro años de trabajo.

Uno de los objetivos de México dentro de la AGA para 2015 es llevar el ejercicio de gobierno abierto a los poderes Legislativo y Judicial y al ámbito sub-nacional. En este marco, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, está impulsando en algunos estados del país conjuntamente con los órganos garantes de la transparencia.

En marzo de este año, doce órganos garantes firmaron una manifestación de interés con el INAI para comenzar a trabajar sobre ejercicios de gobierno abierto en sus estados. Si bien estos ejercicios no forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el INAI ha sugerido replicar el modelo de trabajo nacional. Sin embargo, vale la pena señalar algunos retos que se identifican en lo local, específicamente en lo referente a la incorporación de la sociedad civil.

Algunos de estos retos fueron señalados por las organizaciones que forman parte de la AGA y se refieren, en gran medida, al tipo de relación que debe establecerse entre la sociedad civil y los gobiernos, ya que el corazón del gobierno abierto es la participación y la colaboración entre gobierno y sociedad. Estas preocupaciones llevaron a que las organizaciones que forman parte de la AGA decidieran no tomar parte activa de estos ejercicios y limitaron su participación a compartir información con las organizaciones locales que formarán parte de los ejercicios de gobierno abierto en sus estados.

El mayor problema que se puede observar en la instalación de estos ejercicios de gobierno abierto local, al menos en esta primera etapa, tiene que ver con la convocatoria realizada a la sociedad civil para que conforme el secretariado técnico y forme parte de las decisiones alrededor de este ejercicio. En varios estados la decisión de nombrar al representante de la sociedad civil recayó en manos de los órganos garantes, en otros fue realizado por la sociedad civil convocada, sólo que ésta se conformaba por un puñado de personas y asociaciones; al final, la convocatoria no fue tan amplia.

En Coahuila observamos que sucedía algo parecido que en los estados restantes; la diferencia es que Coahuila, al igual que en Puebla, organizaciones de la sociedad civil que formamos parte del “Núcleo” lo constatamos.

Lo que sucedió en estos dos estados es digno de ser conocido y debe servir de ejemplo entre lo que debe, y no debe hacerse. En Puebla, ante la insistencia del INAI de hacer una convocatoria amplia e incluir a las organizaciones que habían dejado de lado, optaron por cerrarse y no ampliar la convocatoria. Esta decisión le costó ser eliminado del ejercicio. Si llegaran a desarrollar una estrategia de gobierno abierto estaría avalada por nadie; sería un ejercicio entre cuates para aplaudirle a los cuates.

En cambio en Coahuila, el órgano garante local, el ICAI, respondió a la demanda de organizaciones de la sociedad civil del estado, las cuales exigían ser tomadas en cuenta desde el inicio. El 15 de mayo de este año era la fecha pactada para la instalación del secretariado tripartita en Coahuila; sin embargo, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de Torreón y Saltillo y el propio INAI, el ICAI decidió posponer la instalación del secretariado hasta que se hiciera un ejercicio de sensibilización sobre gobierno abierto en las cinco regiones, y las organizaciones pudieran nombrar a su representante.

Lo anterior es sólo una pequeña muestra del mayor reto al cual se enfrentan los ejercicios de gobierno abierto en los estados; éste radica en la resistencia a incluir a la sociedad civil en las decisiones de los gobiernos, ya que no estamos hablando de una participación ciudadana pasiva que sólo aconseja. Hablar de participación ciudadana en gobierno abierto implica co-creación de la agenda, del modelo, la construcción de indicadores y las evaluaciones.

Lo que nos gustaría pensar que observamos en Coahuila es el comienzo de la construcción de un modelo de genuina participación de la sociedad civil en los asuntos públicos; en el que el gobierno no se asusta, la sociedad civil se empodera y el órgano garante funge como verdadero facilitador de la relación sociedad y gobierno.

Los ejercicios de gobierno abierto deben ser algo más que posibilidades para tomarse la foto, deben cumplir con un verdadero empoderamiento de la sociedad civil, una mayor apertura de información y transparencia en la gestión, así como el uso de nuevas tecnologías para la resolución de problemas públicos.

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